Educación para empoderar a los marginados del desarrollo humano

“El mundo ha recorrido un largo camino en la reducción de la pobreza extrema, la mejora del acceso a la educación, la salud y el saneamiento, y la ampliación de las posibilidades para las mujeres y las niñas”, señaló Helen Clark, la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la reciente presentación del Informe de Desarrollo Humano correspondiente al año 2016. “Sin embargo, estos avances son el preludio del siguiente desafío, posiblemente más difícil, el de velar por que los beneficios del progreso mundial lleguen a todas las personas”.

El acceso al derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en la línea del Objetivo 4 de la Agenda 2030, es la base para dar capacidades a todos los colectivos, y especialmente a aquellos marginados por dinámicas de exclusión social.

Las mujeres y las niñas, los habitantes de las zonas rurales, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, los migrantes y refugiados y la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) se encuentran entre los grupos excluidos de manera sistemática por obstáculos que no son simplemente económicos, sino también políticos, sociales y culturales.

“La educación es una parte indispensable de la ecuación del desarrollo, y tiene un valor intrínseco -que va mucho más allá de la dimensión económica- para brindar a las personas la capacidad de decidir su propio destino. Por eso, la oportunidad de recibir educación es clave para el desarrollo humano“, ha señalado la administradora del PNUD.

Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, es la meta con la que el Objetivo 4 de la Agenda 2030 se propone empoderar educativamente a algunos de estos colectivos marginados.

Se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria pero que no asiste a la escuela vive en zonas afectadas por los conflictos. Es importante mantener el bienestar humano en situaciones posteriores a conflictos, y no solo considerando necesidades primarias, sino en el acceso a derechos que son la clave de las oportunidades futuras, como la educación.

La hoja de ruta para lograr el este objetivo, acordada en la Declaración de Incheon (2015), en la que representantes de 160 países se comprometieron a que el derecho a la educación de mantuviera también “durante situaciones de conflicto, de emergencia, de post-conflicto y de recuperación temprana”.

Para ello , la Declaración insta a los Estados a adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y niñas en zonas de conflicto. Las escuelas y establecimientos educativos, así como sus rutas de acceso, deben mantenerse libres de ataques, reclutamientos forzosos, secuestros y violencia sexual.

“El poder de la educación para transformar vidas es universal”, ha comentado el ex-secretario de la Naciones Unidas, Ban-ki Moon. “Cuando se pregunta a los padres qué es lo que quieren para sus hijos -aún en zonas de guerras y desastres- responden siempre lo mismo: educación. Los padres quieren que sus hijos vayan a la escuela”.

Indígenas y niños en situación de conflicto

El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se ha referido a los más de 370  millones de personas de 70  países que declaran ser indígenas y que sufren discriminación y exclusión en el marco jurídico, en el acceso a la educación en su propio idioma y en el acceso a la tierra, el agua, los bosques y los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

Además, según señala el Informe del PNUD entre otros ejemplos, migrantes y refugiados a menudo enfrentan obstáculos para trabajar, estudiar y participar a nivel político, y más de 250 millones de personas en el mundo sufren discriminación por razón de su etnia.

“Las desigualdades entre grupos reflejan divisiones que se construyen o se mantienen socialmente porque establecen una base para el acceso desigual a resultados valiosos y recursos escasos”, sostienen los autores del Informe. Los mecanismos de exclusión social pueden tener expresión legal en los ordenamientos de los países. A menudo están sostenidos culturalmente por la intolerancia, la política identitaria y la apropiación de las instituciones por parte de las élites.

Para que el progreso llegue a los más rezagados es necesaria, según propone el Informe del PNUD, una estrategia política articulada en torno a cuatro ejes de actuación a escala de cada país: atender a los que han quedado atrás mediante la formulación de políticas universales (por ejemplo, dirigidas al crecimiento inclusivo, no a un simple crecimiento), poner en marcha medidas dirigidas a los grupos con necesidades especiales (por ejemplo, las personas con discapacidad), construir un desarrollo humano resiliente y empoderar a los excluidos.