El holocausto español tras la guerra civil

El genocidio del Franquismo

Al hacer esta valoración no realizamos una apreciación personal, sino que compartimos el criterio de otros expertos en el estudio de la Guerra Civil española. Historiadores tan prestigiosos como Paul Preston o Edward Malefakis no han dudado en calificar de holocausto la represión que los militares sublevados contra el Gobierno legítimo de la República ejercieron sobre la población civil durante la contienda que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Esta, además, se prolongó en la posguerra inmediata, porque Franco la alargó de manera excepcional, y podemos considerar que estuvo vigente hasta pocas semanas antes de su muerte en 1975, cuando el régimen emitió las últimas sentencias de muerte, tras el famoso proceso de Burgos contra varios miembros de ETA.

Por otra parte, la elección del término holocausto tampoco es caprichosa ni responde a un simple mimetismo con el brutal asesinato de población judía cometido por el nazismo. Debe recordarse que fue el jurista polaco Rafael Lemkin quien acuñó la palabra genocidio para hablar del Holocausto realizado por Hitler y tener así un concepto jurídico que sirviera para encausar a los criminales nazis en el juicio de Nuremberg. Desde entonces, se entiende como genocidio la criminalidad o el exterminio sistemático ejercidos contra un grupo de personas por motivos políticos, de raza o de religión.
¿Por qué entonces existen aún tantas reticencias a hablar de un holocausto español? ¿Por qué parece que se deba aludir a ello a escondidas y en voz baja? Este artículo pretende responder a estas y otras preguntas.

Una represión planificada

En las elecciones legislativas celebradas en febrero de 1936 triunfó el Frente Popular, una amplia coalición de centro-izquierda. Nunca antes de la proclamación de la Segunda República en 1931 los poderes fácticos del país -la alta oficialidad del Ejército, la oligarquía territorial y financiera, la rancia aristocracia y la Iglesia Católica como institución- habían unido esfuerzos para preservar sus intereses, que ahora veían más amenazados que nunca. De hecho, desde la proclamación de la República habían visto cuestionadas sus bases de poder por iniciativas legislativas como la laicización del Estado, la reforma militar o la agraria, entre otras. Movidos por sus temores, habían logrado imponer una dura represión con motivo de la revolución de Asturias, en octubre de 1934, a la par que los gobiernos derechistas del bienio negro (1934-1936) habían reflejado su afán de dar marcha atrás en las conquistas sociales y los avances políticos anteriores.
En este contexto, que el pueblo escogiera en las urnas en 1936 a una coalición de izquierdas para desarrollar un sistema político moderno, laico y progresista era mucho más de lo que tales sectores retrógrados y conservadores podían soportar. Su respuesta, como todos saben, fue el golpe militar de julio de 1936 y la Guerra Civil que desencadenó. Pero es menos conocido que la feroz represión que ejercieron los golpistas no empezó de manera espontánea. Muy al contrario: estuvo cuidadosamente elaborada.

Así, la política de exterminio contra el enemigo estaba diseñada, planificada y sistematizada desde las mismas elecciones de 1936. La terrible violencia gratuita y sanguinaria que se ejerció contra la población civil no fue fruto del fragor de los primeros momentos de la guerra. Tanto si estamos en el sur de España pocos días después del golpe, como si nos trasladamos a Asturias y León a mediados del conflicto o a la Catalunya del ocaso de la guerra, encontramos la misma casuística: mujeres violadas en presencia de sus hijos y gente sacada de sus casas de madrugada -los temibles paseos del amanecer- para ser ejecutada. De este modo, ante la búsqueda afanosa por parte de los falangistas de presuntos enemigos de España, ancianos y jóvenes pagaron con su vida la ausencia del cabeza de familia e incluso familias enteras fueron asesinadas contra la tapia de un cementerio. Fosas comunes y cadáveres mal enterrados en las cunetas fueron mudos testimonios de ello.

Los hitos: la matanza de Badajoz y la bendición eclesiástica

La violencia se extendió por pueblos y ciudades. Fueron asesinadas personas que destacaron por su compromiso político -militantes, sindicalistas, alcaldes, diputados-, pero también otras que no tenían ninguna opción ideológica definida -maestros, militares demócratas comprometidos con el juramento de fidelidad a la República-. Y lo que es peor: miles de personas, sobre todo mujeres, cuyo único delito era su relación con alguien comprometido y buscado por rojo (un concepto vago y amplio que, desde la óptica franquista, era la esencia de todos los males). La cuestión era exterminar al enemigo, a sus descendientes o su entorno: es decir, a quien hubiera tenido relación con él. Esta sería la única manera de liquidar a las capas más ideologizadas de la sociedad e impedir que volviesen a levantar cabeza. En síntesis, se iba a dar la vuelta por la fuerza a las elecciones y para siempre.
No obstante, deben diferenciarse dos etapas distintas. La primera corresponde a los meses iniciales de la guerra, período que se ha llamado terror caliente -expresión del historiador Julián Casanova-, cuando no existía ninguna preocupación para disimular la violencia contra el enemigo, sino que se presumía de su exterminio. Una segunda etapa se inició en la primavera de 1937, la del terror legal, a partir del eco internacional que alcanzó la matanza en la plaza de toros de Badajoz, en agosto de 1936.
El 14 de agosto de 1936 las tropas nacionales tomaron esta ciudad y se repitieron las habituales escenas de terror, con la salvedad de que miles de personas, entre 4.000 y 9.000 (la desaparición de archivos impide cuantificar las víctimas), fueron asesinadas sin juicio alguno en la plaza de toros con metralletas. El general Juan Yagüe justificó la masacre como una necesidad logística: "Naturalmente que los hemos fusilado -dijo a un corresponsal estadounidense- ¿Pensaban que me llevaría conmigo a 4.000 rojos mientras mi columna avanzaba luchando contrarreloj? ¿Debía dejarlos en libertad a mis espaldas permitiéndoles que hicieran nuevamente de Badajoz una ciudad roja?" Pero el inesperado eco del episodio por la presencia de corresponsales extranjeros marcó un punto de inflexión para los franquistas. Los periodistas fueron duramente presionados para que cambiasen sus crónicas, sin éxito, y en adelante los franquistas se vieron obligados a disimular. Además, algunos sectores que habían apoyado el golpe -en el ámbito estatal e internacional- empezaron a sentirse incómodos con tanta sangre. Se inició así otra fase, en la primavera de 1937, que Casanova ha calificado como de terror legal. No se dejó de reprimir a la población, pero los paseos y fusilamientos sin trámite dejaron paso a juicios sumarísimos -simulacros de justicia- sin ninguna garantía legal. Las víctimas pasaron así de la categoría de desaparecidos a la de ajusticiados.
Finalmente, con su decisivo apoyo, la jerarquía eclesiástica española legitimó tales represalias y las relegó a un segundo plano, ante la nobleza de ideales que atribuyó al bando franquista. Recordemos al respecto la difusión de la célebre carta pastoral firmada por casi todos los obispos de España, dada a conocer en julio de 1937, que convertía la sublevación en una Cruzada y justificaba la represión como único modo de evitar un mal mayor. El papa Pío XII, el mismo que se inhibiría de denunciar la persecución nazi contra los judíos, redactó, en abril de 1939, una pastoral que alababa a Franco por "conducir a España por el seguro camino de su tradicional y católica grandeza". La responsabilidad de la Iglesia española en la represión no tiene parangón en ningún otro país, pues bendijo el golpe y, al hacerlo, también el holocausto que comportó.

¿Por qué se evita hablar de un holocausto español?

¿Por qué, tanto dentro como fuera de España, cuesta digerir el término holocausto cuando se alude a la represión franquista? ¿Por qué no existe una conciencia colectiva de la magnitud de esta masacre? En primer lugar, por la misma represión. La victoria del franquismo fue el silencio. No solo el de los cementerios, sino también el de los represaliados, torturados, presos y exiliados. Fue, en definitiva, el silencio del miedo que se transmitió a la siguiente generación. Este mecanismo hizo que millones de personas en España considerasen que política era sinónimo de problemas; democracia, de muerte, y república, de guerra. Y el mundo que surgió en 1945 ayudó a ello.
Por otra parte, en plena Guerra Fría, a los EE.UU. les fue sumamente útil disponer en la estratégica España de un ferviente anticomunista como Franco. Sus excesos represivos fueron soslayados ¿se arguyó que eran propios de una guerra civil¿ y se defendió su régimen por haber contenido una revolución que hubiese podido significar una mayor influencia de la URSS en Europa. Se convino, pues, que en España se gobernaba con mano dura, pero sin abusos.
Pero lo cierto es que el régimen de Franco fue una dictadura fascista que superó la represión política que desarrollaron sus homólogas alemana e italiana. Sin contar las víctimas del Holocausto judío y de otras minorías étnicas, el nazismo cometió unos 12.000 asesinatos políticos (la mayoría en plena guerra), frente a los 150.000 del franquismo. En cuanto al régimen de Benito Mussolini, Malefakis asegura que por cada uno de sus asesinatos políticos, el de Franco llevó a cabo 10.000.
Igualmente, además del silencio que impusieron los vencedores con la aquiescencia internacional, otras razones explican la falta de conciencia de este holocausto propio. Por una parte, este quedó empequeñecido frente al drama que significaron los seis millones de víctimas judías. Por otra parte, España tampoco ha contado con entidades de gran impacto público y mediático similares a las organizaciones judías dedicadas a perpetuar el recuerdo de la shoah. Finalmente, el desarrollo de la Transición política facilitó que esta tragedia quedara relegada al olvido.
En efecto, la democratización se asentó en un pacto de silencio, forjado por la generosidad de las víctimas y mediante la aplicación de lo que podríamos llamar leyes trampa, como la Ley de Amnistía de 1977. Esta dejó libres a numerosos luchadores antifranquistas, pero fueron más los criminales del franquismo absueltos legalmente de un plumazo y supuso, de hecho, una auténtica ley de punto final. Al impedirse cualquier tipo de justicia retroactiva, hoy en España todavía no ha sido juzgado ni uno solo de los responsables de los más de 30.000 desaparecidos.
La Transición implantó una democracia desmemoriada, en la que hoy resulta extravagante e incluso revanchista que alguien reclame la imprescriptibilidad de crímenes que causaron tanto daño en el pasado. Pero todo silencio acaba por ser roto y cada noche miles de ciudadanos españoles se conectan a Internet para buscar a sus desaparecidos de la guerra a través de asociaciones de voluntarios. Ninguna de ellas (quizás la más emblemática sea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) recibe aún ayuda del Estado para abrir las fosas comunes de la Guerra Civil. Y ello pese a que en 1992 el Gobierno firmó el tratado de las Naciones Unidas sobre recuperación e identificación de desaparecidos.

Zafra, espejo del Holocausto

Noche del 7 de agosto de 1936. Las tropas rebeldes se encuentran a pocos kilómetros de Zafra. Han tomado sin apenas resistencia el pueblo más cercano, Los Santos de Maimona, en la carretera general entre Sevilla y Badajoz. Zafra está paralizada por el pánico, a oscuras. Solo las campanadas de la iglesia dan apariencia de normalidad. Desde el Ayuntamiento, el alcalde socialista José González Barrero prepara la evacuación.
Con la primera luz del alba, dos coches blindados de aspecto terrorífico avanzan hacia Zafra; uno lleva pintado en el capó un corazón de Jesús y el otro, la cara de Azaña con dos cuernos. Los siguen soldados regulares y legionarios capitaneados por el comandante Antonio Castejón. Marchan marcando el paso y seguros de que la entrada en Zafra será otro paseo militar. No encuentran ninguna oposición y, al llegar al Ayuntamiento, Castejón nombra una junta gestora. Su primera tarea marcará el terror que imperará en Zafra durante los meses siguientes: Castejón ordena que se haga una lista de gente significada de la izquierda, con unos setenta nombres (el uno por ciento de la población), para ser fusilados el mismo día. De nada sirve que en la localidad no haya habido ni una víctima de derechas durante el dominio republicano.
Tras su elaboración, la lista se expone en una habitación y los habitantes de derechas pueden entrar y tachar el nombre que crea oportuno. Pueden efectuar hasta tres tachaduras, pero, para eliminar unos, hay que reemplazarlos por otros nuevos, con el fin de mantener siempre el mismo número. Hay un tira y afloja. El párroco Daniel Gómez Ordóñez trata de sacar el máximo número posible de nombres. Finalmente quedan 48. Poco a poco, los ocupantes realizan las primeras detenciones; en muchas plazas hay grupos de presos, todos con las manos en alto. A las 12.00 horas del mediodía, la columna de Castejón se prepara para dejar Zafra.
Los militares abandonan la localidad por la misma carretera por donde han entrado siete horas antes. Los sigue una larga hilera de 48 reos. En las afueras comienzan los fusilamientos: los matan en grupos de siete, de modo que el resto de los detenidos vea lo que les espera. A cada trecho fusilan un grupo y la carretera que une Zafra con Los Santos queda sembrada de cadáveres.
Mientras, en Zafra continúa la represión, ahora a cargo de la Junta Gestora y de los militares que se han quedado allí. En los primeros meses de ocupación, eliminarán a más de 200 personas en un pueblo de 7.000 habitantes, caracterizado por no haber tenido ni una sola víctima de derechas durante la Segunda República.

Desenterrar la memoria

La tarde del 28 de junio de 2002 dos siluetas avanzaban por la comarcal 623, cerca de Piedrafita de Babia (León). Eran Asunción Álvarez e Isabel González con un ramo de flores para sus hermanos muertos en 1938. Su destino era una fosa común junto a la carretera. Unos doscientos metros después de Piedrafita se adentraron en un campo: "Todo esto es la fosa. Desde aquí y hasta allí, debe tener unos seis metros de lado, más o menos. Allí los acribillaron a todos; uno se escapó y le dispararon, y está enterrado en una finca allí enfrente", nos explicaron.
En 1936 el golpe triunfó en León. Los hermanos de Asunción e Isabel partieron a Asturias, leal a la República, y se enrolaron en el Ejército. Cuando un año después cayó el principado en manos fascistas, volvieron a casa y se entregaron a las nuevas autoridades, convencidos de que su condición de soldados los protegería. Pero se equivocaban: fueron recluidos en el Ayuntamiento; un grupo armado se los llevó de madrugada y nadie los volvió a ver. Probablemente fueron fusilados y enterrados cerca de Piedrafita, sin constancia oficial alguna de su muerte. Así, se quiso eliminar también su recuerdo y se alargó indefinidamente el dolor de sus familiares, que nunca pudieron concluir el duelo.
Finalmente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica abrió la fosa en el verano del 2002. La excavación se realizó con voluntarios de todo el mundo: forenses, antropólogos y arqueólogos vascos, checos, polacos, madrileños... Todo se hizo con el máximo rigor científico, pese a la ausencia de financiación oficial. Al final se hallaron siete cuerpos, todos de varones, que presentaban un orificio detrás del cráneo (el tiro de gracia).
Durante la semana de la excavación, decenas de hombres y mujeres que se habían mantenido en silencio durante cuarenta años de dictadura y veinticinco de democracia contaron a pie de fosa las atrocidades de la represión. Y es que en Piedrafita no solo se recuperaron huesos, sino también la memoria: cada palada rompió un silencio.