“El nuevo Código del niño pretende eliminar el trabajo infantil en Bolivia”

Por Iris Alandia, responsable de Proyectos Global Humanitaria Bolivia

El 17 julio pasado, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha promulgado la Ley 548 del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, que entre sus principales objetivos busca eliminar el trabajo infantil. La nueva ley, que retoma un Código del Menor de 1999, establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años, pero hace dos excepciones: el trabajo por cuenta ajena, a partir de los 12 años, que es lo que permiten los convenios internacionales y el trabajo por cuenta propia, desde los 10 años.

Según el senador Adolfo Mendoza, “la nueva ley aprobada, tras un consenso entre todos los sectores, establece que se debe cumplir una serie de requisitos, a fin de garantizar la salud mental y física de los menores y evitar la explotación infantil”.

“Primero se necesita la decisión voluntaria del niño, niña o adolescente (de trabajar), aunque resulta al menos polémico hablar de “decisión voluntaria” en el caso de niños de 10 años.  Segundo, la autorización de los padres, tutores o guardadores y tercero (el permiso) de las Defensorías de la Niñez. Luego se realiza un registro que pasa al Ministerio del Trabajo”, añadió.

El vicepresidente, Alvaro García Linera, encargado de presentar la norma en Palacio de Gobierno, junto a las organizaciones de menores que apoyaron la norma, señala: “Ha costado elaborar esta ley porque había un conjunto de convenios internacionales que el Estado ha firmado referido a los derechos de los niños, pero existe una realidad boliviana diferente a otros países”.

Lo cierto es que el debate en Bolivia, sobre este nuevo código de protección de menores, ha puesto en evidencia la precaria situación de los 850 mil niños que trabajan en el país, que exigen que no se les impida ganarse la vida, alegando que es su forma de subsistencia y que deben ayudar a sus padres porque viven en condiciones de pobreza, como lo mencionamos en un anterior artículo.

Por otro lado, la promulgación de esta nueva norma ya  ha generado polémica y observaciones. La OIT anunció la semana pasada que investigará a Bolivia por esta nueva ley, pues sus convenios establecen la edad mínima para trabajar desde los 14 años, con excepciones desde los 12 en países en vías de desarrollo. A nivel local, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena,  sostuvo que para abordar este asunto tan complejo es necesario comprender que se trata de un problema estructural cuya solución pasa por potenciar el aparato productivo del país para que se generen mayores fuentes de empleo “dignas y estables” para los progenitores, de lo contrario, se estaría “atacando solamente los efectos y no la causa que genera toda esta desigualdad de carácter social y económico”.

Ahora bien, sabemos  que  las  normas  no son  una panacea que podrán resolver el problema de la explotación infantil,  por lo que  se requerirá  una estrategia bien delineada,  para erradicar paulatinamente el trabajo infantil,  comenzando por la erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil, considerando que este problema tiene dos realidades: el mundo rural y el mundo urbano.

De otra manera, sólo regular en lugar de erradicar el trabajo infantil, estaría mostrando la continuidad de las políticas públicas que privilegian los intereses del capital  en contra de  los derechos humanos de los niños y niñas, como lo  que consagra  la nueva Constitución Política del Estado Boliviano.