La crisis del coronavirus expuso la necesidad de pensar un modelo más integral, que articule la atención pública con el servicio que brindan las obras sociales y las prepagas.
Transcurridos quinientos días de pandemia, el debate sobre el funcionamiento del sistema de salud en la Argentina se abrió paso por su propio peso, además de ser nombrado por el presidente y la vicepresidenta.
Con la pandemia como aleccionadora, se pone en primer plano la necesidad de avanzar hacia el reacomodamiento de un sistema fragmentado en tres subsistemas: el público, las obras sociales y la medicina prepaga.
Que a su vez están fragmentados internamente, de una y mil formas.
Y que representan, cada uno, una magnitud enorme: unos 30 millones de personas en teoría están cubiertas por alguna obra social --entre las nacionales, provinciales, el Pami y otras--, otros dos millones tienen cobertura privada --pagando directamente o transfiriendo sus aportes, desregulación mediante-- y el resto se atiende exclusivamente en un sistema público que, sin embargo, tiene pretensión de universalidad.
El volumen en costo también es enorme, e igualmente fragmentado: De los dos puntos y medio del PBI que invierte el Estado en Salud, sólo medio corresponde a la Nación; el resto, a provincias y municipios. Si se tienen en cuenta además las obras sociales y el gasto privado (prepagas y gasto de bolsillo), la cifra asciende a diez puntos del producto, de los cuales el ministerio nacional maneja sólo el 0,5.
La fragmentación, como se ve, comienza por la gestión.
Pero también una gran inequidad atraviesa todo el sistema.
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Por Karina Micheletto
Fuente: Pagina 12
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