En los últimos años se registra una importante baja en las lluvias en gran parte del planeta hecho que ha generado problemas de sequía y escasez de agua en varios países del mundo.
La FAO estima que para el año 2025 al menos 1900 millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua, y dos tercios de la población mundial podrían estar viviendo en regiones con baja disponibilidad de agua potable.
Este año (2019), en Chile, un invierno con muy pocas precipitaciones llevó a un déficit de riego de 70% en comparación con años anteriores. Esto afectó principalmente a los pequeños y medianos ganaderos y agricultores de la zona y llevó al gobierno de Chile a decretar un estado de emergencia agrícola.
Este estado de excepción permite al gobierno gestionar de manera más rápida la entrega de recursos, fardos y suplemento alimenticio para ayudar a los afectados.
Además, el presidente Sebastián Piñera decretó el 16 de septiembre estado de catástrofe en la región de Valparaíso (centro), para auxiliar con mayor celeridad a ganaderos y agricultores.
Este es un ejemplo de los factores económicos que se pueden ver afectados de continuar la escasez de agua. Los gobiernos del mundo deben tomar medidas económicas den sustentabilidad a los agricultores afectados y que permitan asegurar el suministro de agua y otros insumos a las tierras de cultivo.
De no aplicarse las medidas adecuadas, las consecuencias pueden ser catastróficas para las grandes ciudades que son dependientes de la producción en los campos.
Las Naciones Unidas han determinado que el acceso al agua potable es un derecho fundamental del ser humano,y ha definido directrices para combatir esta crisis en la Declaración del Milenio.
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