España: La Política delictiva e inhumana del régimen Monárquico

0 comments

Puesto porJCP on Jan 28, 2014 in Autores

Se llama okupas a los que ocupan ilegalmente una vivienda, pero yo creo que lo ilegal no es cobijarse bajo un techo, sino expulsar a una familia que no puede pagar los plazos e intereses de usura impuestos por bancos sin escrúpulos. La vivienda es un bien público, un derecho elemental y especular con ella debería ser considerado un delito económico de lesa humanidad. La crisis de 2008 ha castigado con especial crudeza a las familias españolas, provocando miles de desahucios que han arrojado a la calle a menores, ancianos, discapacitados y animales de compañía. Algunos se extrañarán de mi alusión a los animales, pero todos lo que conviven con un perro, un gato o cualquier otra especie doméstica saben que no son elementos decorativos, sino una parte más de la familia. Su indefensión es enorme y un desahucio puede significar su internamiento en un centro de exterminio disfrazado de protectora, lo cual añade un nuevo motivo de sufrimiento a una familia desahuciada. El eminente filólogo Victor Klemperer relata en sus Diarios que los nazis obligaron a los judíos a desprenderse de sus animales domésticos. Si no lo hacían voluntariamente, se encargaban de su recogida y sacrificio, casi siempre con métodos brutales, pese a que la Alemania nazi había prohibido la vivisección y había aprobado leyes de protección animal. Klemperer, judío desposado con una mujer alemana que escogió permanecer a su lado para evitar su deportación, sacrificó con gran pesar a sus dos gatos en una clínica veterinaria. Su dolor e impotencia se reflejó en sus anotaciones: “Sólo por ese crimen, los nazis merecen acabar sus días en una horca tan alta como la Torre de Londres”. Creo que esas palabras podrían aplicarse a los políticos, empresarios y banqueros, responsables de no pocos suicidios perpetrados por la desesperación de perder la vivienda familiar.

La ley andaluza anti-desahucios intentó frenar el drama de las familias expulsadas de sus hogares por impago de las letras hipotecarias, pero el infame gobierno de Mariano Rajoy recurrió a su tribunal de bolsillo,al Tribunal Constitucional, y logró paralizar su aplicación. Los jueces son el brazo ejecutor del poder político y financiero y se caracterizan por su insensibilidad hacia cualquier principio de equidad, justicia y solidaridad. La separación de poderes es un enunciado vacío en la monarquía franquista que nos gobierna desde hace cuatro décadas. Algunas familias que no han podido pagar las letras se han convertido en okupas de su propia vivienda y esperan con angustia el lanzamiento, eufemismo utilizado para referirse al desahucio que ejecutarán las Fuerzas de Seguridad del Estado. En España, el material antidisturbios se utiliza contra ciudadanos y ciudadanas en una situación de indefensión y vulnerabilidad extremas, lo cual revela la calidad y sinceridad de su democracia. En marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que la ley hipotecaria española era “abusiva e ilegal”, de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE. El gobierno de Mariano Rajoy admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, pero se limitó a aprobar una Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social, calificando la dación en pago como una opción recomendable del código de buenas prácticas bancarias. La eurodiputada francesa Karima Delli, del grupo de los Verdes, pidió hace poco al Parlamento Europeo que se ejecutara la Resolución del 14 de septiembre de 2011, que contempla una estrategia conjunta para las personas sin hogar: “¿Qué esperan? ¡Su silencio es culpable!”, exclamó indignada Karima ante el hemiciclo. “La ley hipotecaria continúa violando el derecho europeo en perjuicio de las personas que carecen de medios para renegociar sus créditos. Y la situación empeora todos los días”. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 71’3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. La mitad de los casos se deben a la pérdida del empleo y el resto a los recortes salariales, que obligan a escoger entre el pago de la letra y los gastos básicos de comida, gas, agua, calefacción y electricidad. Karima Delli recuerda que en España se han producido más de “500.000” expulsiones ilegales. En el 82% de los casos se trataba de viviendas familiares con menores y no de locales comerciales, plazas de garaje o segundas viviendas, como afirman las plumas venales de la prensa conservadora. Y que nadie espere un cambio de rumbo, si el PSOE gana las próximas elecciones. En 2007, Carme Chacón, Ministra de Vivienda, planeó abrir diez nuevos juzgados para agilizar los desahucios. Seis se ubicarían en la capital. Ahora viaja semanalmente de Miami a Madrid para ganar las primarias y ser la candidata de su partido a la Presidencia de España. Tampoco está de más recordar que el PSOE se abstuvo en una moción en el Congreso de Izquierda Plural, que proponía la dación en pago. En este juego, la banca gana siempre, tal vez porque el poder real está en sus manos .

Cuando el Parlamento Europeo concedió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el premio de Ciudadano Europeo 2013 por su “labor en la defensa de los derechos humanos y los valores europeos en un ámbito europeo y transnacional”, el Partido Popular protestó. El eurodiputado Carlos Iturgaiz declaró a la agencia Efe que se trataba de “una organización violenta” y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, publicó un artículo en el ABC, acusando a los eurodiputados de estar “borrachos de un sentimiento de superioridad moral que da miedo”. “Toman a los ciudadanos españoles por el pito de un sereno”, añadió, señalando que la PAH había “protagonizado unos episodios de desprecio al Estado de Derecho y a la democracia que son repudiables”. Al margen de la prosa lamentable de Esperanza Aguirre, sus palabras desprenden un cinismo que refleja la putrefacción moral de la clase política española. La “Juana de Arco Liberal” (por utilizar la cómica expresión del previsible y venal Vargas Llosa) invoca la democracia y el Estado de Derecho para justificar un verdadero crimen contra la humanidad. Los desahucios se han precipitado por las maniobras especulativas de la banca, cuyos productos financieros de alto riesgo han provocado una catástrofe en cadena y han destruido millones de empleos. Después de causar el daño, la banca ha recobrado su liquidez y solvencia con un vergonzoso rescate que ha incrementado la deuda pública y ha lastrado gravemente las posibilidades de recuperación de la economía española. Podemos hablar de terrorismo financiero, de violencia estructural, de genocidio silencioso. Como señala Vicenç Navarro, las políticas –criminales, antisociales e inhumanas- son diseñadas por “las personas y apellidos que están detrás de los grandes bancos y las empresas. Así que el terror que se siembra cuando se extorsiona y se obliga a poner en marcha las medidas que empobrecen o matan masivamente a millones de personas lo ejercen también personas concretas, seres humanos como los que sufren sus decisiones, aunque con mucho más poder y con un único objetivo: aumentar sus ganancias”. Con la reforma del Código Penal impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, participar en la paralización de un desahucio puede ser sancionado con 30.000 euros y si los esbirros de la Unidad de Intervención Policial denuncian resistencia a la autoridad se incurrirá en un delito de atentado con una pena de uno a cuatro años de prisión. La presunción de veracidad de los agentes garantiza una sentencia condenatoria. Podríamos decir que hemos pasado del Estado social al Estado penal, pero los que consideramos que la democracia española hunde sus raíces en la dictadura franquista, opinamos que el Estado penal o de excepción existe de forma más o menos encubierta desde los orígenes del reinado de Juan Carlos I, fiel y leal reformador de la obra del general Franco.

En este tiempo de canallas, pienso que ocupar una casa es tan legítimo como incendiar un contenedor. Se llama terrorismo a cualquier acto de resistencia, pero la violencia del Estado se califica de injerencia humanitaria, causa justa o imperio de la ley. Los palestinos que arrojan una piedra son terroristas. Las bombas que lanza el Estado de Israel sobre Gaza sólo son medidas defensivas. Las víctimas de Irak y Afganistán son bajas del enemigo y daños colaterales. No importa que –según algunas fuentes- superen el millón (Opinion Research Business). Las 3.016 víctimas del World Trade Center son las únicas víctimas inocentes. No merece la pena mencionar que el complejo albergaba un centro de la CIA y de los servicios secretos, según el diario The Guardian (2 de noviembre de 2001). En tanto símbolo del poder militar y financiero se podría considerar un “objetivo legítimo”. No hablo en términos morales, sino de acuerdo con la lógica de la guerra, que siempre desencadena un sufrimiento abominable. Dicho de otra manera: Estados Unidos ha bombardeado objetivos similares (en Corea, Vietnam, Irak, Sudán, Afganistán) y, en muchos casos, la opinión pública mundial ha considerado que se limitaba a aplicar los principios de la guerra preventiva. Dejo de lado la polémica sobre una Operación de bandera falsa, avalada por infinidad de testimonios que contradicen la versión oficial. Esa forma de razonar, que distribuye arbitraria y unilateralmente los papeles de terroristas, víctimas y combatientes,  se aplica a escala planetaria. Realizar un escrache es un acto de terrorismo, según Felipe González o Dolores de Cospedal. Arrojar a un niño a la calle sólo es una incidencia policial, que se justifica por el cumplimiento de la ley. Me pregunto si en el futuro no se penalizará buscar comida en los contenedores de basura.

Hace falta valor para desafiar a un Estado policial, pero en la España de 2014 no se me ocurre ninguna objeción moral para reprobar la ocupación de viviendas, sucursales bancarias o instituciones. Y, menos aún, para llamar cucarachas a los políticos que elaboran leyes represivas e injustas. Saber que Antonio Gallego, diputado del PP, recurrió a la fiscalía para procesar por la vía penal a una activista que le llamó “cucaracha”, sólo corrobora que el franquismo cumplió su promesa de dejarlo todo atado y bien atado. El gobierno de Mariano Rajoy, infestado de simpatizantes del Opus Dei, tal vez debería meditar sobre una frase de Jon Sobrino, teólogo de la liberación: “Sin participar en el sufrimiento y en la compasión no hay humanidad”. Probablemente, no la entiendan o tal vez sí y hace mucho tiempo que resolvieron tomar partido por lo inhumano. Que el diablo se los lleve.

Rafael Narbona