Estudios para poder regular el consumo colaborativo

Estudios para poder regular el consumo colaborativo

“La economía colaborativa ha llegado para quedarse y no pueden ponerse puertas al campo. El reto es integrarlas, regularlas, si no queremos que nos superen.” Son palabras del Conseller Felip Puig que marcan un cambio de actitud importante en lo relativo a la regulación del consumo colaborativo.

La economía ya es digital

Como escribió Javi Creus en su artículo mensual en Yorokobu: “Cuando lo viejo y lo nuevo se enfrentan, lo lógico es que lo viejo utilice su posición de ventaja para impedir la irrupción de lo nuevo. Negar el diálogo, no reconocer la legitimidad, atemorizar a los usuarios o a los ofertantes, forzar interpretaciones restrictivas de leyes ya escritas o pedir que se redacten nuevas. Pero esta posición no puede mantenerse siempre. Si hay una manera más eficiente de organizar las cosas, la sociedad tiene el derecho de beneficiarse de ella.“

En este sentido, Neelie Kroes (Comisaria de Agenda Digital de la UE) ha querido lanzar un contundente mensaje a los 28 países miembros de la Unión Europea: “el mundo digital no es una opción, sino un hecho, que resulta inaceptable seguir ignorando”.

Cataluña a la cabeza de la regulación

Tras las recientes polémicas con Uber y Airbnb (y nos llegan rumores de que la reventa de entradas será la próxima) la Generalitat y el Parlament de Catalunya ha visto finalmente la necesidad de regular el consumo colaborativo.

“Son realidades que se están instalando en nuestro destino. La economía colaborativa ha llegado para quedarse y no pueden ponerse puertas al campo”, remarcó el Conseller Felip Puig, “el reto es integrarlas, regularlas, si no queremos que nos superen.”

Por un lado el Govern de la Generalitat de Catalunya ha encargado a la conselleria de Empresa y Territorio la elaboración de una propuesta para regular la economía colaborativa donde se abordará el tratamiento fiscal de estas actividades y pretende garantizar la libre competencia y los derechos de los consumidores. Se tendrán en cuenta el posicionamiento de las empresas del sector y de los sectores económicos ya implantados que se vean afectados por estas actividades.

Por otro lado en el Parlament de Catalunya, siguiendo una propuesta de ERC, se pretende crear una Comisión de Estudio para analizar la economía colaborativa. Santi Rodriguez (PPC) apoyó la propuesta alertando sobre el hecho de que el encargo de regulación del Govern no hace referencia a la Comisión de Estudio del Parlament. Intentar regular sin tener en cuenta a la Comisión de Estudio me parece una mala idea.

Interés en la OCU y en el Ilustre Colegio de Abogados

No solo el Govern y el Parlament han demostrado tener interés sobre el tema. En las últimas semanas hemos asistido a eventos para debatir acerca de la regulación del consumo colaborativo en

* Una interesante rueda de prensa en la OCU el dia 21 de octubre, donde se habló del derecho de los ciudadanos a producir valor y donde los expertos pidieron una regulación transversal del consumo colaborativo (centrada en los derechos ciudadanos a ser productores) y critican la legislación caso a caso (centrada en los sectores existentes, sobretodo en los fuertemente regulados). También se hablo de la necesidade de regular de manera más transparente haciendo referencia al caso de los TNCs en California como modelo en el que inspirarse.

* En la sede del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona la jornada ‘Retos jurídicos de los nuevos negocios P2P de la economía colaborativa’ tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. El debate fue de lo general a lo concreto llegando a discutir si la venta de un objeto de segunda mano (a un coste menor del de adquisición) debería contabilizarse como una perdida patrimonial a efectos fiscales. Los retos de la regulación no son simples.

Regular no puede ser limitar arbitrariamente

La complejidad y trascendencia que acompañan al consumo colaborativo exige que las instituciones pertinentes, a partir de los estudios precisos, regulen y ordenen las prácticas. Hay que poder establecer los derechos y las responsabilidades de todos los agentes.

En estos estudios hay que explorar si estas actividades pueden cubrir ciertas necesidades sociales y cual es su contribución real a la generación de empleo e ingresos en las familias, siempre cumpliendo con las normas fiscales, normas de seguridad, responsabilidad, protección del consumidor y demás normas que sean necesarias.

Lamentablemente hasta el momento el escenario dista de ser el ideal:
a) Por un lado muchos de los estudios disponibles, aunque tiene el apoyo de universidades independientes, salen de las propias empresas del sector (Airbnb, HomeAway, Uber, etc.). Por suerte también tenemos algunos estudios independientes en temas como la sostenibilidad medioambiental (IDDRI), impacto de los alquileres en los hoteles (Boston University) o de Uber en los taxis en San Francisco (Agencia Municipal de Transportes)

b) En el lado contrario se suman las denuncias de los que se sienten sectores afectados. Ellos tampoco aportan datos ni estudios. Hay una tendencia a mezclar cosas (como el turismo de borrachera como si fuera algo exclusivo de los aquileres turísticos) y a hablar economía submergida (cuando la digitalización de los pagos permite el seguimiento preciso de los mismos, como hemos visto en casos recientes de corrupción). En lo que respecta a la calidad del servicio me gustó el artículo de Enrique Dans al respecto: Sharing economy y paradojas: “La paradoja de la sharing economy es que, en muchos casos, el servicio que proporciona es mejor que aquel al que sustituye.”

c) Y finalmente los ejemplos de regulaciones que tenemos simplemente limitan el ejercio de la actividad a un tiempo o volumen de dinero determinado sin una justificación adecuada para estos límites:
* Empezando por la regulación del crowdfunding (equity y P2P/P2B lending) en España. Si no te calificas como inversor profesional tienes un límite de hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos dentro de una misma plataforma.
* El caso de los alojamientos turísticos es el más evidente. Límite de 90 noches/año en San Francisco, en Amsterdam no se puede alquilar más de 4 noches seguidas, en Madrid por el contrario hay un mínimo de 5 noches… no es fácil para una empresa global poder cumplir con todas estas regulaciones a la vez.

En resumen: para poder regular necesitamos estudios independientes con datos del impacto real y evaluación de los potenciales riesgos de estas actividades. De otro modo nos pasaremos años opinando y polemizando sin llegar a ningún sitio (y para eso ya tenemos los tertulianos en televisión).

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