Un año después del terremoto de Haití, el país caribeño está más abandonado a su desgracia que nunca. La pregonada cooperación internacional y la caridad vía ONGs han llegado al país en proporciones ínfimas. Son tiempos de crisis para todos se supone, y además ya hace tiempo que en la conciencia de gobiernos y ciudadanos del mundo se instaló la idea de que Haití no tiene remedio.
Y quizá realmente sea así. El terremoto de enero de 2010 solo vino a elevar al cubo la miseria de unas gentes que, acaso desde que se fundó su país, han carecido hasta de lo más elemental. Por no tener, los haitianos no han tenido nunca ni siquiera un Estado verdadero. Potencias extranjeras -primero Francia, luego EEUU- han mantenido un remedo de Gobiernos locales, de los que no cabe citar uno solo que haya trabajado por el bienestar de sus administrados y no para rebatiñarles hasta la mugre que acumulan sobre sus personas. Haití seguramente no tiene remedio.
La prensa anglosajona y sus imitadores europeos llaman a Haití 'un Estado fallido'. No lo es, no pudo fallar, ya que como digo nunca existió realmente un Estado haitiano. Tampoco existe una 'nación haitiana', a no ser que se considere como señas de identidad nacionales el descender en línea directa de esclavos y vivir generación tras generación en la pura miseria; en último término, ya se sabe que el nacionalismo es cosa de ricos.
La comunidad internacional debería hacer frente a sus responsabiilidades con los haitianos. Para empezar, deberían echar del país a todas las ONGs y funcionarios de organismos gubernamentales de 'cooperación', única manera de comenzar a combatir seriamente la corrupción y liquidar la caridad como único modo de intervención. Inmediatamente después debería declararse la disolución formal como Estado de Haití, y constituir un organismo técnico en la ONU bien dotado de personal experto y recursos económicos que gestionara directamente el territorio, ridiendo cuentas semestralmente ante la Asamblea General de la ONU. Haití puede ser un modelo de acción internacional solidaria, que termine de una vez con las ficciones de Estados-nación que son incapaces de prestar a sus administrados los mínimos exigibles para que tengan una vida digna de seres humanos y no de bestias abandonadas.
Naturalmente, eso cuesta dinero. Bueno, a los especuladores financieros les chorrea por los bolsillos el dinero que nos han robado a todos en estos últimos años. La Audiencia Nacional podría pedir la extradición del terrorista financiero George Soros y embargar sus cuentas, por ejemplo. Y expropiar de un golpe los fondos de ciudadanos españoles depositados en paraísos fiscales. Bastaría con una mínima reforma del Código Penal, que castigara con penas de prisión ineludibles superiores a diez años a los titulares de cuentas en esos pudrideros del dinero que no los pusieran directamente en manos de Hacienda en el plazo de quince días. Hablo de expropiación de los capitales íntegros, no de liquidación de la deuda acumulada con la Agencia Tributaria.
Igual entonces nos sobrarían los fondos para reconstruir Haití, salvar las pensiones y hasta para subirles el sueldo a nuestros ministros.