La Constitución fascista española: El Derecho a la vivienda

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Puesto porJCP on Apr 18, 2015 in Autores

Se llama okupas a los que ocupan ilegalmente una vivienda, pero yo creo que lo ilegal no es cobijarse bajo un techo, sino expulsar a una familia que no puede pagar los plazos e intereses de usura impuestos por bancos sin escrúpulos. La vivienda es un bien público, un derecho elemental y especular con ella debería ser considerado un delito económico de lesa humanidad.

La crisis de 2008 ha castigado con especial crudeza a las familias españolas, provocando miles de desahucios que han arrojado a la calle a menores, ancianos, discapacitados y animales de compañía. Algunos se extrañarán de mi alusión a los animales, pero todos lo que conviven con un perro, un gato o cualquier otra especie doméstica saben que no son elementos decorativos, sino una parte más de la familia. Su indefensión es enorme y un desahucio puede significar su internamiento en un centro de exterminio disfrazado de protectora, lo cual añade un nuevo motivo de sufrimiento a una familia desahuciada. El eminente filólogo Victor Klemperer relata en sus Diarios que los nazis obligaron a los judíos a desprenderse de sus animales domésticos. Si no lo hacían voluntariamente, se encargaban de su recogida y sacrificio, casi siempre con métodos brutales, pese a que la Alemania nazi había prohibido la vivisección y había aprobado leyes de protección animal. Klemperer, judío desposado con una mujer alemana que escogió permanecer a su lado para evitar su deportación, sacrificó con gran pesar a sus dos gatos en una clínica veterinaria. Su dolor e impotencia se reflejó en sus anotaciones: “Sólo por ese crimen, los nazis merecen acabar sus días en una horca tan alta como la Torre de Londres”. Creo que esas palabras podrían aplicarse a los políticos, empresarios y banqueros, responsables de no pocos suicidios perpetrados por la desesperación de perder la vivienda familiar.

La ley andaluza anti-desahucios intentó o hizo el paripé de  frenar el drama de las familias expulsadas de sus hogares por impago de las letras hipotecarias, pero el gobierno de Mariano Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional y logró paralizar su aplicación. Algunas familias que no han podido pagar las letras se han convertido en okupas de su propia vivienda y esperan con angustia el lanzamiento, eufemismo utilizado para referirse al desahucio que ejecutarán “las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

En marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que la ley hipotecaria española era “abusiva e ilegal”, de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE. El gobierno de Mariano Rajoy admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, pero se limitó a aprobar una Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social, calificando la dación en pago como una opción recomendable del código de buenas prácticas bancarias.

La eurodiputada francesa Karima Delli, del grupo de los Verdes, pidió hace poco al Parlamento Europeo(que no sirve para nada) que se ejecutara la Resolución del 14 de septiembre de 2011, que contempla una estrategia conjunta para las personas sin hogar: “¿Qué esperan? ¡Su silencio es culpable!”, exclamó indignada Karima ante el hemiciclo. “La ley hipotecaria continúa violando el derecho europeo en perjuicio de las personas que carecen de medios para renegociar sus créditos. Y la situación empeora todos los días”.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 71’3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. La mitad de los casos se deben a la pérdida del empleo y el resto a los recortes salariales, que obligan a escoger entre el pago de la letra y los gastos básicos de comida, gas, agua, calefacción y electricidad. Karima Delli recuerda que en España se han producido más “500.000” expulsiones ilegales. En el 82% de los casos se trataba de viviendas familiares con menores y no de locales comerciales, plazas de garaje o segundas viviendas.

Cuando el Parlamento Europeo concedió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el premio de Ciudadano Europeo 2013 por su “labor en la defensa de los derechos humanos y los valores europeos en un ámbito europeo y transnacional”, el Partido Popular protestó. El eurodiputado Carlos Iturgaiz declaró a la agencia Efe que se trataba de “una organización violenta” y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, publicó un artículo en el Diario afín ABC, acusando a los eurodiputados de estar “borrachos de un sentimiento de superioridad moral que da miedo”. “Toman a los ciudadanos españoles por el pito de un sereno”, añadió, señalando que la PAH había “protagonizado unos episodios de desprecio al Estado de Derecho y a la democracia que son repudiables”.

Los desahucios se han precipitado por las maniobras especulativas de la banca, cuyos productos financieros de alto riesgo han provocado una catástrofe en cadena y han destruido millones de empleos.

Y los jueces deniegan el argumento que dice que los bancos acuden pidiendo embargos cuando la titularidad de la hipoteca ha dejado de ser suya. Argumento que es claramente constatable.

Así que, después de causar el daño, la banca ha recobrado su liquidez y solvencia con un vergonzoso rescate que ha incrementado la deuda pública y ha lastrado gravemente las posibilidades de recuperación de la economía española. Podemos hablar con la boca chica de terrorismo financiero, de violencia estructural, de genocidio silencioso. Como señala Vicenç Navarro, las políticas criminales, antisociales e inhumanas son diseñadas por “las personas y apellidos que están detrás de los grandes bancos y las empresas. Así que el terror que se siembra cuando se extorsiona y se obliga a poner en marcha las medidas que empobrecen o matan masivamente a millones de personas lo ejercen también personas concretas, seres humanos como los que sufren sus decisiones, aunque con mucho más poder y con un único objetivo: aumentar sus ganancias”.

Con la reforma del Código Penal impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, participar en la paralización de un desahucio puede ser sancionado con 30.000 euros y si los agentes de la Unidad de Intervención Policial denuncian resistencia a la autoridad, se incurrirá en un delito de atentado con una pena de uno a cuatro años de prisión. La presunción de veracidad de los agentes garantiza una sentencia condenatoria. Podríamos decir que hemos pasado del Estado social al Estado penal.

Se llama terrorismo a cualquier acto de desobediencia, pero la violencia del Estado se califica de injerencia humanitaria, causa justa o imperio de la ley. Los palestinos que arrojan una piedra son terroristas. Las bombas que lanza el Estado de Israel sobre Gaza sólo son medidas defensivas. Las víctimas de Irak y Afganistán son bajas del enemigo y daños colaterales. No importa que –según algunas fuentes- superen el millón (Opinion Research Business). Las 3.016 víctimas del World Trade Center son las únicas víctimas inocentes. No merece la pena mencionar que el complejo albergaba un centro de la CIA y de los servicios secretos, según el diario The Guardian (2 de noviembre de 2001). En tanto símbolo del poder militar y financiero se podría considerar un “objetivo legítimo”, si bien yo –pacifista convencido- nunca podré aceptar que un ser humano, un rascacielos o cualquier espacio habitado puede ser calificado de “objetivo legítimo”. Sin embargo, hemos llegado a un grado de perversidad moral que realizar un escrache se considera un acto de terrorismo y arrojar a un niño a la calle sólo es una incidencia policial, que se justifica por el cumplimiento de la ley. Se ha penalizado buscar comida en los contenedores de basura, lo cual refleja que la ley española se escribe con un absoluto desprecio por el sufrimiento de los más débiles.

Hace falta valor para desafiar a un Estado policial, pero Gandhi y Martin Luther King lucharon por la justicia y la solidaridad, sin miedo a ser asesinados. Su ejemplo es una inspiración permanente que nos invita a solidarizarnos con el más débil y vulnerable. El gobierno de Mariano Rajoy, infestado de simpatizantes del Opus Dei, tal vez debería meditar sobre una frase de Jon Sobrino, teólogo de la liberación: “Sin participar en el sufrimiento y en la compasión no hay humanidad”. No olvido que en 2007 Carme Chacón, Ministra de Vivienda, planteó abrir nuevos juzgados para agilizar los desahucios. Seis se ubicarían en Madrid. Tampoco está de más recordar que el PSOE se abstuvo en una moción de Izquierda Plural en el Congreso, que proponía la dación en pago. La socialdemocracia no puede llevar a cabo las mismas políticas que el neoliberalismo, sin perder su identidad. ¿Se puede deducir que los políticos carecen de conciencia o han decidido silenciarla para no obstruir la puerta giratoria que les espera al final de su carrera pública? Los cristianos de base somos una minoría en fase de extinción, pero siempre hemos tenido muy claro que no se puede servir a Dios y al dinero. “Una sociedad que pretenda ser en realidad democrática, igualitaria –escribe Jon Sobrino, con la autoridad de su testimonio personal y su inquebrantable compromiso con los pueblos crucificados- , debe ser pensada y organizada desde los derechos de los que están en posición de desventaja”. Los políticos que ignoran esta reflexión –desgraciadamente, la mayoría- no representan al pueblo, sino al César, estrangulando la esperanza de los pobres, los trabajadores, los parias y los excluidos.

R. Narbona