Cada día se habla más del fenómeno de la migración que vive Europa, y el papel que tiene España como país de entrada. La continua presencia en los medios de comunicación, los mensajes parciales e interesados, hacen que la población lo vaya percibiendo como un problema. Lo más preocupante es cómo se ha utilizado y manipulado la información para crear una alarma social, que alimenta los discursos racistas y xenófobos. Pero estos argumentos son una distorsión de la realidad.
La amplia cobertura mediática que acapara la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo ha hecho pensar a muchos que este año estamos viviendo una entrada de inmigrantes desmesurada, pero no es así. Los datos que arroja la Organización Internacional de Migraciones revelan que de hecho Europa ha recibido en el primer trimestre 58.158, casi la mitad que en 2017, con 113.283, y un pequeño porcentaje comparado con los 261.228 que llegaron en 2016. Si bien España ha recibido más personas a través del Mediterráneo debido al cierre de otras vías de entrada, las 23.000 personas que han llegado en la primera mitad del año, siguen muy lejos de las cifras registradas entre 2006 y 2008.
Hay quien dice que desde el Gobierno español se está alimentando un efecto llamada que traerá cada vez a más migrantes. La realidad es que quienes llegan a nuestro país no lo tienen fácil. Vienen muchas veces huyendo de guerras, hambruna, conflictos políticos, represión y violación de derechos humanos… En el camino son vulnerables, y su seguridad y su salud quedan en riesgo. Cuando se embarcan en el Mediterráneo, invierten todo lo que tienen en un peligroso viaje, en el que ya han muerto más de 3000 personas en lo que va de año. El cierre de vías, y las devoluciones en caliente no suponen ninguna llamada a la entrada de migrantes.
Se dice también que la inmigración nos cuesta dinero. Nada más lejos de la realidad. Un reciente informe del banco Mundial afirma que la inmigración es necesaria para el mantenimiento de nuestro modelo económico, y que contribuye a impulsar la riqueza. Un estudio de la Caixa publicado en 2011, revelaba que los inmigrantes aportan más a la economía de lo que reciben. Además, siendo su edad media mucho más joven que la de la población local, su aportación es muy positiva para mantener el sistema de pensiones, que es la mayor partida de gasto de los presupuestos del estado, y que en una sociedad envejecida a la larga resulta insostenible.
No hay que olvidar que la Declaración de Derechos Humanos reconoce explícitamente en los artículos 13 y 14 que todas las personas tienen el derecho fundamental a migrar, a circular libremente y a elegir su lugar de residencia. Y cuando la migración viene motivada por situaciones de emergencia, es importante proteger la integridad y la seguridad de las personas.
No en vano, la ONU ha lanzado un Pacto Global sobre Refugiados y sobre Migración en junio y julio de este año respectivamente y que deberá ser ratificado por los jefes de estado en diciembre. Con estos pactos, que están alineados con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, se trata de abordar el fenómeno migratorio para que sea seguro, ordenado y regular. El Pacto no es vinculante, y ya hay países como EEUU y Hungría que han declarado no apoyarlo. Para que el Pacto funcione requiere de la cooperación multilateral de los países implicados. La migración es sin duda un tema retador para la política internacional, pero como el Pacto de la ONU reconoce, forma parte de la experiencia humana a través de la historia, y ha sido una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo. Siendo la migración un hecho, es necesario se produzca con garantías, desde el respeto de los derechos humanos. Por ello ambos documentos, hacen un llamamiento a la cooperación, desde el espíritu de la solidaridad, en un momento en el que se están recortando las políticas de asilo y protección, y que miles de personas mueren por el camino tratando de llegar a un lugar seguro.
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