Puesto porJCP on Dec 17, 2014 in Autores
Era difícil superar el nivel de estulticia, desprecio a las garantías jurídicas y mala técnica legislativa del proyecto de Código Penal (PDF) impulsado por el ministro cesante Alberto Ruiz-Gallardón, pero hay que reconocer que el Grupo Parlamentario Popular ha superado con nota el desafío. En las enmiendas (PDF) presentadas al proyecto, España vuelve con todos los honores al lugar que le corresponde en la historia universal: el país que al llegar la imprenta impulsó las hogueras de la Inquisición.
Como puede comprobarse en la información publicada por Pablo Romero (y a cuyo link del periódico el Mundo no se puede acceder) , el PP no deja muchos cabos sueltos en la criminalización global de internet: queda todo atado y bien atado para la próxima legislatura. Tras la marcha de Gallardón, está claro que el principal impulsor del proyecto no es su sucesor, sino el ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, que parece haber encargado la redacción de los artículos a los cuerpos policiales antidisturbios: algunos apartados parecen estar escritos con porra, que no con pluma.
Entre las diferentes medidas legislativas, se endurece la represión del hacktivismo en todos los frentes, ilegalizando hasta el software destinado a la seguridad informática, así como la simple entrega de contraseñas de acceso. No será extraño que en próximas operaciones de propaganda contra Anonymous se desarticule algún departamento universitario, donde tales herramientas informáticas son utilizadas habitualmente para investigación y docencia.
Contra lo que cabría esperar, el personaje estrella del proyecto de reforma ya no son los hackers, sino cualquier lector de páginas web. De salir adelante las enmiendas propuestas por el PP, cualquier ciudadano podrá ser acusado de ciberterrorismo o ciberpederastia: bastará para ello que consulte habitualmente webs o foros de adiestramiento terrorista, o el simple acceso a material de pornografía infantil, aunque ésta sea simulada mediante dibujos animados.
El peligro del proyecto es mayor si tenemos en cuenta que esta reforma del Código Penal viene acompañada por un nuevo redactado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, así como el uso de programas espía y la habilitación de agentes encubiertos para compartir archivos ilícitos. La España de 2015 puede ver cumplidas las peores profecías del género ciberpunk: técnicamente será posible que agentes encubiertos instalen troyanos que ocasionen accesos involuntarios a webs prohibidas, y todo ello sin control judicial previo.
La criminalización de las webs de enlaces y de la modificación de consolas de videojuegos -actividades declaradas legales reiteradamente por la justicia española- no es más que la guinda que adorna el proyecto represor del Gobierno:hasta 6 años de prisión por algo que hasta ahora no era ni siquiera delito. Resulta sorprendente que sólo el Grupo Parlamentario Socialista, entre toda la oposición, haya propuesto en sus enmiendas la supresión de esta medida descabellada.
Es muy posible que la justicia internacional declare contrarias a los derechos humanos buena parte de las medidas anunciadas, pero eso sólo ocurrirá después de que muchas personas sufran los rigores de un procedimiento judicial en España, donde un informe de la Policía Científica en materia de delitos informáticos puede tardar dos años o dos semanas según la víctima, según el caso y según lo que convenga en cada telediario.
Carlos Sánchez Almeida
PD:
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