La suspensión de autoridades: ¿una acción judicial o una supresión política?

La suspensión de Rubén Costas, el camino a la ‘involución’ del patujú
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont ANIMAL POLÍTICO / 29 de julio de 2012
Durante el llamado “cabildo del millón”, realizado en Santa Cruz el 15 de diciembre de 2006, el ahora gobernador de ese departamento, Rubén Costas, gritaba a todo pulmón: “¡La revolución del patujú!”, expresión que había sido pronunciada por primera vez por él en un cabildo inmediatamente anterior y alrededor de la cual fue organizando una serie de postulados ideológicos condensados en esa licencia literaria vegetal.
En sus últimas apariciones, Costas ya no actuó como ese rabioso autonomista de antes, hasta que volvió a hacer honor a esa fama en la última concentración del viernes 20 de julio en Santa Cruz con una masiva concurrencia de 20 mil personas, según los medios más optimistas y 10 mil según los menos. El acto, oficialmente, fue llevado a cabo en apoyo al gobernador cruceño ante su posible suspensión debido a la aplicación de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez (Artículo 144: Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal).
Sin embargo, hay quienes opinan que se trató de un acto electoralista, incluso del lanzamiento de la fórmula Samuel Doria Medina-Rubén Costas para 2014. La acusación formal hecha por la Fiscalía consiste en un supuesto uso de recursos de la Gobernación para acciones que no correspondían, a saber: 10 millones de bolivianos para la realización del referéndum de aprobación o rechazo de los estatutos autonómicos redactados el 2008 con anterioridad a la Constitución Política del Estado (2009).
Hoy, es la Asamblea Departamental la que debe proceder a la suspensión, sin embargo, el día que debían hacerlo no hubo quórum, situación forzada por el frente de Costas, Verdad y Democracia Social (Verdes). Ésta es la poca favorable situación que atraviesa el gobernador.
Se dijo previamente que Costas había organizado un sistema de postulados ideológicos concentrados y ordenados alrededor de la imagen (entendida como figura literaria) de las “transformaciones” del patujú (la flor tricolor de los llanos), al menos eso es lo que quiere dar a entender Carlos Dabdoub en el libro que recopila las alocuciones de esta autoridad (no obstante, el analista Romano Paz asegura que la vulnerabilidad de Costas se debe a no tener un partido con doctrina ni cuadros; aseveración que dejaría en el piso la pretensión sistémica de la “revolución del patujú”).
Por el lado que se vea la posible suspensión de Costas, en función de su consigna sintetizada en la conocida licencia retórica floral, sea desde los críticos o los defensores del gobernador cruceño, se observa que ésta tiene el signo degradado de la “involución” del Patujú.
Hay quienes ven en la suspensión una violación o al menos una falta de respeto contra el voto de los cruceños. Por ejemplo, el analista Carlos Hugo Molina  dice que “se estaría violando el principio del voto y la soberanía popular”; la senadora de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek sostieneque el “voto no se respeta en este Estado jacobino moderno”; y Paz, que ve en la suspensión un carácter generalizado, afirma que “la cultura política boliviana siempre ha sido muy poco respetuosa del voto”.
Encarada desde estos puntos de vista, la interrupción del mandato de Costas, desde el Órgano Judicial, puede interpretarse como un retroceso de sus reivindicaciones autonómicas y postulados ideológicos, por lo que se leerá, indefectiblemente, una “involución” del patujú.
Para otros, no obstante, la probable suspensión del gobernador cruceño trasciende cualquier interés político y sólo tiene que ver con implicaciones legales, como para la ministra de Autonomías y Descentralización, Claudia Peña, quien afirma que “se trata de un tema jurídico”.
El analista Reymi Ferreira, en cambio, cree que los “errores administrativos de Costas (refiriéndose a la disposición de recursos para la realización del referéndum de los estatutos autonómicos de Santa Cruz) “no son crímenes”.
Según otros, este proceso legal tendría relación con una impostura ideológica cometida por Costas respecto a la implementación de la autonomía. “La élite cruceña se adueñó del proyecto autonomista y lo convirtió en una consigna para enfrentarse al proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS), no para realmente querer ponerla a andar, sino para mantener sus privilegios de clase”, piensa la politóloga Helena Argirakis.
De acuerdo a esta posición, también se arriba a una “involución” del patujú. Se está “vaciando de contenido al proyecto autonómico popular como tal para convertirlo en una mera consigna del bloque cívico regional”, había escrito Argirakis en la edición de Animal Político del domingo 22 de julio.
Discursividad. En su alocución de la concentración en su apoyo, Costas pasó de la imagen de la flora (patujú) a una metáfora de la fauna (león): “Ojalá que se animen a suspenderme, ojalá, porque puede ser para que el león vuelva a tirar los zarpazos que tiene que dar en defensa de Santa Cruz y del país. El león no es una persona, el león es el espíritu que cada cruceño lleva en su corazón, de cada boliviano que vive en este territorio”. Esta variación fue consecuente con el posterior desplazamiento discursivo: ahora ya no se defiende la autonomía, sino que se trata de defender la democracia, como se lee en el recuadro inferior dedicado al gobernador.
“Al ver que fracasó su consigna, soltaron el tema de la autonomía y ahora levantan el dispositivo discursivo de la defensa de la democracia, pero no de cualquier democracia, sino la procedimental y electoral, es decir la liberal representativa”, interpreta Argirakis.
Ahora bien, si se quiere ver lo contrario a una variación ideológica discursiva, las acciones del Gobierno más bien serían el eslabón de una continuidad, según el argumento de Romano Paz. “No se trata de que el oficialismo esté en el camino de un proyecto totalitario, sino más bien lleva a cabo acciones autoritarias anulando a los opositores, cosa que no es nada nueva en cultura política boliviana, siempre las hicieron, sin embargo, nunca fueron tan notorias”.
Para la senadora Rek, la suspensión de Costas responde a un plan largamente urdido, “desde la formulación de la Ley Marco de Autonomías”, para descabezar a toda la oposición e implementar un provecto totalitario. El senador opositor Germán Antelo, también asegura que el Gobierno está poniendo a andar un régimen hegemónico. En su criterio, “el hecho de que Evo Morales haya anunciado, antes de que se lleve a cabo el proceso, que cuando sea suspendido Costas debe asumir la Gobernación alguien del partido opositor de los Verdes (Verdad y Democracia Social) es una prueba de cómo en el país no existe independencia de poderes”.
La Ley Marco de Autonomías es la que posibilita la suspensión legal de autoridades territoriales y regionales; específicamente sus artículos 144 y 145, los cuales están cuestionados de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sin embargo esta instancia aún no dictó una sentencia. “En tanto el TCP no se pronuncie, la Ley Marco es aplicable en su integridad”, dice la ministra Peña, quien de manera cauta percibe lo que dijera Argirakis sobre un posible acto de lanzamiento electoral en la concentración en defensa de Costas: “hay una línea divisoria muy delgada entre la defensa de varios ciudadanos que tienen procesos legales y la preparación de una campaña política. Los discursos y los símbolos fueron muy poco claros al respecto”.
Crisis. No es una novedad el hecho de que las élites cruceñas se encuentren en una pugna intestina (“ajuste de cuentas”, la llama Argirakis) que los ha dejado vulnerables a los embates del MAS. Molina y Antelo creen que esta fragmentación no es una causa que haya activado la posible suspensión de Costas.
La huida de Branko Marinkovic fue el inicio de la disgregación. Antelo también discrepó con el gobernador cruceño, aunque demostró su respaldo el día de la mencionada concentración. “Mis diferencias con Costas son sobre el poco avance del proceso autonómico, sin embargo, éstas no me impiden apoyar los principios de la institucionalidad democrática en los que creo”.
El gran ausente en el acto fue el alcalde Percy Fernández, quien, según Argirakis, tiene la habilidad de siempre caer de pie. De acuerdo a Paz, su inasistencia se debe a que quiere sobrevivir políticamente. Sin embargo, Antelo y Molina relatan que en las calles de la ciudad de Santa Cruz la gente habla de una alianza de Fernández y el MAS, unión que es del todo negada por la ministra Peña.
Se quiere hablar de este tema con Alcides Pareja, sin embargo, éste se excusa. Menos cortés es el senador del MAS Isaac Ávalos, quien, a diferencia de Pareja, deja la llamada descolgada después de haber contestado y de que se le solicite una entrevista sobre este tema.
‘Ésa es la última bajeza del centralismo’: Rubén Costas es gobernador de Santa Cruz
Quieren que la Asamblea (Departamental) traicione a su pueblo y entregue la autonomía (al Gobierno). Quieren que sea la Asamblea la que diga que la autonomía se consiguió con medios ilícitos, ésa es la última bajeza del centralismo: tratar de que sea nuestra institucionalidad la que se manche las manos (fragmento de su discurso en la concentración del 20 de julio).
‘Se trata solamente de un tema judicial’: Claudia Peña es ministra de Autonomías
Hay un proceso judicial en el que se llegó a la instancia de la acusación formal a Costas y, como establece la Ley Marco de Autonomías, éste debe ser suspendido de su cargo. Sin embargo, nadie puede decir que sean sus últimos días como Gobernador porque no es una destitución, sino solamente una suspensión por el tiempo que dure el proceso.
‘Lo que se quiere es imponer una sola visión’: Germán Antelo es senador por Santa Cruz
La suspensión es la acción del Gobierno para imponer su régimen hegemónico de una sola visión, además se trata de un hecho simbólico, aún cuando no tomen el puesto del Gobernador y se queden los Verdes. La acusación sobre los fondos para el referéndum es un pretexto, porque se sabe que se hizo todo en base a la anterior Constitución, además luego se validó el proceso con el nuevo texto.
‘Costas busca cómo poder salvarse’: Helena Argirakis es politóloga
Lo que se vio en el acto del Gobernador (viernes 20 de julio) fue una búsqueda desesperada por salvarse. Al ver el fracaso de las consignas autonómicas, busca algún salvataje que contrarreste los hechos; es decir, los cambios que se han vivido en el país. Encima, mezclan la supuesta defensa de la democracia con el lanzamiento de la fórmula Doria Medina-Rubén Costas para el 2014.
‘Es una factura que pasa el Gobierno’: Carlos Hugo Molina es politólogo
Se trata de la factura que pasa el Gobierno por el desemboque del proceso de autonomías que, según el oficialismo, no siguió procedimientos muy constitucionales. Posteriormente, se logró que el referéndum regional adquiera un carácter constitucional con la nueva Constitución promulgada el 2009, por lo cual la acusación contra Costas es un contrasentido.
‘El apoyo a Costas no es el mismo de antes’: Marcelo Silva es politólogo
Rubén Costas tiene un apoyo muy importante en Santa Cruz, como se pudo ver en la concentración en su defensa el viernes pasado (20 de julio); sin embargo, es evidente que está muy lejos de ese respaldo multitudinario y masivo de antes, por ejemplo, cuando se dieron los cabildos autonómicos, sobre todo ese apoyo de los días del Cabildo del Millón el 2008.
Autoridades suspendidas: lo legítimo vs. lo legal
El tópico que enfrenta lo legítimo con lo legal es ya casi un cliché del debate político nacional; si es que no se puede llegar a considerarlo un lugar común, al menos se puede decir que ya alcanzó el estatus de algo así como un leitmotiv del periodismo de debate. La probable suspensión de Rubén Costas de la Gobernación cruceña conduce fatalmente (una vez más) a esta misma discusión.
Las autoridades de la ya disminuida “media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) fueron electas mediante el voto directo de los ciudadanos (el sufragio posee las categorías mencionadas: dan legitimidad y legalidad a un tiempo); sin embargo, fueron suspendidas mediante procedimientos completamente legales. El analista Marcelo Silva afirma que ninguna de las suspensiones puede ser aislada como un hecho meramente jurídico, sino que estuvieron plagadas de elementos políticos.
“Una prueba de ello es que el Movimiento Al Socialismo copó todos los ejecutivos de los departamentos en los que fueron suspendidos sus gobernadores electos. Se utilizan argumentos jurídicos que funcionan muy bien contra los opositores y no así contra los oficialistas”.
Para este analista, las premisas legales que se levantaron en contra del exgobernador de Tarija, Mario Cossío, y del exgobernador de Beni, Ernesto Suárez, fueron “contundentes y consistentes”; sin embargo, las que se arguyen contra Rubén Costas “carecen de sustancia”. Lo delicado de estas suspensiones políticas, según Carlos Hugo Molina, es que la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece que ninguna ley de ningún Estado puede estar por encima de la legitimidad del voto popular.