Los lobbies en España

El ciudadano común no tiene conciencia de la labor de los "lobbies" o grupos de presión a la hora de influir en la redacción de las leyes. En e l Congreso y en el Senado, diputados y senadores son visitados con frecuencia diaria por diversos grupos de intereses para expresar sus opiniones en torno a la legislación en marcha o la legislación futura. Así, a modo de ejemplo,joyeros, podólogos y médicos de cabecera han pasado por el Congreso para hacer llegar sus impresiones a diputados de los distintos grupos parlamentarios.

La parte peor de la fama de los "lobbies" es lo que ha llevado a un diputado a confesar que no están regulados por una mezcla de "corrupción e hipocresía". Y es que es normal que los "lobbies" hagan llegar regalos en especie a los diputados, con frecuencia regalos caros, de entre 600-800 euros,especialmente en Navidad pero no sólo en esas fechas. Con frecuencia ocurre que un diputado recibe regalos de "lobbies" con intereses contrapuestos.

Por "lobby" cabe entender cualquier grupo que representa sus propios intereses o intereses de terceros. Las grandes empresas, con suficiente capacidad económica propia, procuran hacer presión o "lobby" con sus propios departamentos de asesoría jurídica y comunicación. Con frecuencia, empresas de un mismo sector constituyen un "lobby" unitario en defensa de sus intereses. Otras empresas encargan servicios de "lobby" a firmas que se presentan como"lobbies" o a firmas de abogados y expertos en relaciones institucionales. Finalmente, otras plataformas -quizá hazteoir.org sea la más significativa-llegan a tener un calado entre la ciudadanía que les posibilita forzar una interlocución con diputados y senadores.

La falta de instrumentos institucionales que faciliten la participación ciudadana directa en la toma de decisiones, la dificultad de introducir en las organizaciones públicas cambios estructurales, la falta de expertos en las Administraciones Públicas para tratar deteminados temas que requieren mayor especialización profesional, la expansión de nuevas políticas públicas y más sectorializadas que introduce el Estado de Bienestar o la excesiva opacidad de nuestras instituciones son factores que han contribuido a la proliferación de los lobbies en España -aunque más sostenida que en otros países-. Además, lo lobbies cuentan con una gran ventaja a su favor y es que manejan información privilegiada que puede ayudar a los responsables públicos en sus decisiones.  Por tanto, dado que la realidad muestra la importancia de los lobbies en toda democracia representativa, es necesario regular a estos actores políticos, si bien teniendo en cuenta la normativa establecida por la Unión Europea, aproximándonos más al modelo norteamericano por ser éste -a priori-, de mayor calado, garantía y seguridad. No debe bastar con crear un Código de Conducta que verse sobre lo general o con la implantación de un Registro de Grupos de Interés operantes en España. Tampoco considero que sea suficiente lo que, organizaciones tales como la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) están reivindicando, al exigir a nuestros parlamentarios que introduzcan la figura de  los lobbies dentro del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Es preciso ir más allá. La normativa debe hacer especial hincapié en controlar su financiación, en evitar prácticas corruptas, en asegurar la neutralidad y objetividad del servicio público, en establecer un verdadero régimen sancionador para aquellos lobbies que no cumplan con sus deberes y obligaciones en sus relaciones con los poderes públicos, en inspeccionar los principios de proporcionalidad e igualdad de los mismos dentro del sistema político, en asegurar su autonomía, en definitiva, en asegurar que éstos ayuden a la participación ciudadana y a la transparencia y toma de decisiones de los gobiernos. Una correcta regulación podrá favorecer la labor de todos los actores políticos colectivos que no estén constitucionalmente reconocidos y sacará de la sombra a aquellos actores que, hasta el momento y en exclusividad, han condicionado sin legitimidad el juego político.Todo ello sin olvidar que el ciudadano -considerado como actor político individual y en quien reside el poder soberano-, es la pieza clave del sistema político y que, nada que no favorezca su implicación en la vida pública, tiene sentido. En España se ha producido una profesionalización creciente. Si por el año 2000 la búsqueda en internet de las palabras ‘lobby’ y ‘España’ ofrecían sólo dos resultados (José Luis Sanchís y Hazteoir, que se definía como un lobby ciudadano), hoy en día son muchas las empresas que cuentan con un departamento de lobby, muchas las que ofrecen este tipo de servicios, tanto de manera exclusiva (Political Intelligence, Vinces…), como dentro de una oferta de servicios más amplia, especialmente despachos de abogados y empresas de comunicación. Esta profesionalización se ha reflejado en la creación de una asociación profesional (APRI, presidida por María Rosa Rotondo) centrada en impulsar la profesionalización del sector y la defensa de sus intereses, así como una oferta formativa amplia para los que quieren dedicarse a esta profesión (IE, ICADE, así como formación específica sobre la materia en muchos otros Masters: Universidad de Navarra, Fundación Ortega y Gasset, o Unidad Editorial).

Dicho esto y antes de caer en error de enumerar las distintas acciones presuntamente corruptas o de mala praxis por parte de determinados grupos empresariales a la hora de ejercer presión sobre determinadas tomas de decisiones por parte del legislativo, habrá que hacerse una pregunta que puede llegar a contestar el por qué en España se ve el lobby y la corrupción política como una misma cosa. Y la pregunta no es otra que ¿por qué todavía no existe en España una legislación que regule esta práctica? 

También hay que decir que el lobbing en un concepto importado del mundo anglosajón y, ya se sabe lo dado que son a tener siempre una doble moral que choca muchísimo con la forma de pensar que se tiene en el mundo mediterraneo. Pero teniendo en cuenta tal y como esta constituida nuestra sociedad actual basada en la economía de mercado, tiene sentido la existencia de unas relaciones entre las instituciones públicas y empresas. Volviendo a la pregunta, hay que decir que el anuncio de regular el ejercicio del lobby, realizado por el presidente Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de 2013, respondería a esta realidad. Aunque la noticia ha pillado a muchos por sorpresa, recoge un asunto abierto en la regulación española desde los debates constituyentes, en los que Manuel Fraga propuso nada menos que su constitucionalización en los artículos 77,3 y 77.4, que serían finalmente rechazados. Desde entonces la necesidad de legislación ha sobrevolado cíclicamente el Congreso, convirtiendo a los lobbies en sospechosos habituales de cualquier escándalo de corrupción que afectara a la política española.

En mi humilde opinión, el porqué de la todavía no regulación del lobby en España se debe lisa y llanamente a que no ha sido necesaria a causa de que los lobbies siempre han actuado dentro del poder ejecutivo en este país. Se podría coger cualquier gobierno que ha habido en nuestra presunta democracia, escojamos el que hay ahora y veamos de donde vienen o que hacían antes nuestros ahora ministros: De Guindos dirige ahora la economía española. Y defiende exactamente las mismas recetas que durante los meses previos a la caída de Lehman Brothers repetía con profusión en sus múltiples conferencias como alto ejecutivo del banco de inversión. Los problemas de su entidad iban a arrastrar a todos, pero los problemas, según el hoy ministro, estaban fuera: sobre todo, en el mercado laboral, en las pensiones públicas y en los salarios de los trabajadores.(En 16 de los 27 países de la Unión Europea, exdirectivos del sector bancario ocupan puestos clave de la política económica).

El rival económico de De Guindos en el Gabinete es Cristóbal Montoro, al que Rajoy ha situado al frente de Hacienda, Ministerio que ya dirigió con José María Aznar. A él corresponde cuadrar las cuentas y, por tanto, tratar de aumentar los ingresos del Estado: justo el objetivo contrario al que persigue la consultoría que el ministro fundó tras su anterior paso por el Gobierno, hoy llamada Equipo Económico, que ofrece asesoramiento fiscal a las empresas para reducir legalmente los pagos a Hacienda.Equipo Económico, que hasta 2008 se llamaba Montoro y Asociados, incluye en su equipo a Ricardo Montoro, hermano del ministro y exdirector del CIS; Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria; y Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos. Este tipo de despachos son muy reservados a la hora de divulgar sus servicios, pero la investigación del caso Gürtel ha aportado pistas sobre una operación concreta, facturada justo después de que Montoro dejara la firma. El encargo procedía de Everland, firma investigada en el sumario, propiedad de la esposa de Jesús Merino, ex portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Varios expertos tributarios consultados estiman que la factura de este tipo de servicios oscila entre el 5% y el 15% de la ganancia fiscal que obtiene el cliente. Por tanto, el fisco debió de dejar de ingresar un mínimo de 700.000 euros gracias al asesoramiento. Por aquellas fechas, Pedro Morenés, hombre muy próximo a la Zarzuela que Rajoy nombró ministro de Defensa, era consejero de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo. Y justo en julio de 2008, el Gobierno de Zapatero aprobó una moratoria en la producción de estas armas tan dañinas. Hay que decir también que el que iba a ser ministro de defensa era Gallardón, pero justo después de la reunión que tubo Rajoy con el rey para informarle de la lista de ministros, hubo el cambio y Morenés fue nombrado ministro . Supongo que en este caso concreto nuestro jefe de estado hizo lobbing.

Según denunció con pruebas Human Rights Watch, algunas de las bombas producidas por Instalaza con Morenés en su consejo fueron utilizadas por Muamar Gadafi en la reciente guerra que la OTAN con la participación de unidades españolas contribuyó a decantar a favor de los rebeldes. Pero el problema que afronta Morenés con su llegada a Defensa no es sólo de orden moral, sino muy práctico e inmediato: Instalaza, en cuyo consejo se sentó el ministro hasta septiembre de 2011, según el Registro Mercantil, reclama desde mayo de ese mismo año al Gobierno por la vía judicial 40 millones de euros de indemnización por los supuestos daños causados con la moratoria.

"No tiene precedentes que un representante destacado del complejo militar-industrial asuma directamente el Ministerio de Defensa y Morenés, sin duda, lo es", opina Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs, entidad pacifista especializada en el comercio de armas.
Su vinculación a la industria que depende de los contratos de Defensa uno de los Ministerios más amenazados por los recortes va mucho más allá de Instalaza: Morenés, secretario de Estado de Defensa y de Seguridad con Aznar, volvió al Ministerio desde la presidencia de Segur Ibérica, empresa a la que Defensa encarga tareas de seguridad privada a los atuneros que faenan en el Índico. Y hasta ahora se sentaba en los consejos, entre otros, de MBDA, el gran fabricante mundial de misiles que según el Centre Delàs también tuvo a Gadafi entre sus clientes; Kuitver, consultoría de i+D especializada en seguridad y defensa; Aritex Cading, que incluye servicios de diseño militar industrial; Gamo Outdoor, gran fabricante estadounidense de rifles y pistolas, e I-Sec Iberia, consultoría para asuntos de seguridad.

Si los pacifistas estubieron en alerta máxima, los ecologistas también, tras el nombramiento de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ya durante su etapa de ministro de Agricultura con Aznar, Arias Cañete fue objeto de polémica porque su esposa, Micaela Domecq, y su familia gestionaban empresas perceptoras de fondos procedentes de la Política Agraria Común. Hoy siguen al frente de firmas de explotación agraria.

Pero Arias Cañete, quien dirigió Medio Ambiente, pese a destacar al frente de cuatro de los lobbies más enfrentados a los ecologistas: el protrasvases en 2000, el ministro prometió a los regantes que el trasvase del Ebro se haría "por cojones", el petrolero suma 326.000 euros en participaciones del sector, el del automóvil posee seis coches y una moto, y preside la Fundación del RACE, cuyo fin es fomentar el uso del automóvil y el del ladrillo: coincidía con Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el consejo de Bami Newco, la empresa que refundó Joaquín Rivero, uno de los reyes caídos del sector, tras su defenestración de Metrovacesa y Gecina.

Los lobbies tienen otras terminales en el nuevo Gobierno: el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suma ya décadas de vinculación al Grupo Prisa, propietaria de la principal editora de libros de texto, y fue asesor de la presidencia del BBVA; el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, es muy próximo al Opus Dei, y la CEOE no sólo rema en la misma dirección que Luis de Guindos sino que el jefe de la Oficina Económica del presidente, Álvaro Nadal, es hermano de un vicesecretario de la patronal, con quien comparte credo liberal.
En 2008, Luis de Guindos quizá no tenía elementos para saber que su propio banco estaba a un paso de la quiebra. Pero nadie podrá acusar a Rajoy de no haber dado pistas sobre la política de su Gobierno desde el primer día.

Resumiendo, después de estos ejemplos resulta lógico que en este país se piense que lobby y corrupción es lo mismo y, en el estado de recesión en el que se encuentra nuestra economía es cuando ha empezado a salir toda esta mierda que la casta política ha ido tejiendo durante estos años de "democracia" auspiciada por la "dejadez" de sus representados. Es por ello que en última instancia se hace necesaria una "ley de transparencia" y de "regulación" para poder lavarse la cara ante la opinión pública tanto dentro de España como de cara al exterior