Revista Política
El PP acaba de organizar otro de sus escándalos prefabricados porque la Audiencia Nacional ha puesto en libertad al etarra Antonio Troitiño, al estimar que este ya había cumplido la pena impuesta. Sucede que el tal Troitiño fue condenado en su día a dos mil años de cárcel (una curiosa posibilidad de la Justicia española) por 22 asesinatos probados. No es que el señor o lo que sea Troitiño vaya ya por su tercer milenio de vida, ni mucho menos; la ley española no permite que nadie pase más de 30 años entre rejas, de los que hay que descontar el período de prisión preventiva y los beneficios penitenciarios. En la práctica, nadie en España se pasa encarcelado tres décadas continuadas. Por tanto, Troitiño ha sido puesto en libertad por la Audiencia Nacional ateniéndose estrictamente a la ley vigente.
Ocurre que por increíble que parezca los propios jueces no están de acuerdo en si en los casos de terrorismo computa como tiempo de estancia en la cárcel la prisión preventiva, y si estos años se han de descontar del total de la pena impuesta o de los años efectivos de prisión. Puesto en libertad Troitiño y en mitad de la discusión entre sus señorías de la Audiencia, el entorno mediático del PP ha aprovechado para lanzar otra de sus campañas de terrorismo mediático, mediante la cual se está enviando a la sociedad española el mensaje de que ha sido el Gobierno español quien ha puesto en libertad a Troitiño en razón de sus supuestos pactos secretos con ETA.
El colmo del cinismo y la sandez, lo que ya resulta de todo punto insufrible, es ver al portavoz de "Justicia" del PP, el infame señor Federico Trillo -quien solo por el caso Yak 42 debería haber estado a la sombra haciendo compañía a Troitiño estos últimos años y unos cuantos más- culpando al Gobierno actual de la lógica huída de Troitiño, porque según Trillo no se le controló policialmente desde el momento en que fue puesto en libertad. Rubalcaba, el ministro del Interior, le ha contestado inmediatamente que en una sociedad democrática la policía no puede vigilar a ciudadanos libres, y Troitiño lo era desde el momento en que la Audiencia ordenó su puesta en libertad. Que después los jueces, presionados obviamente por la "alarma social" orquestada por la derecha española, hayan revocado su decisión y ordenen la captura de Troitiño (¿bajo qué cargos, si ya cumplió la pena impuesta?), no añade nada de interés a la cuestión fundamental: que el PP sigue añorando el Estado policial franquista, en el que los ciudadanos eran vigilados por la policía precisamente por ser inocentes del delito de fascismo.
La cosa se vuelve grotesca y alcanza un punto más en la escala de la ignominia cuando recordamos que, como cuenta hoy El País, en noviembre de 2002, siendo vicepresidente del Gobierno don Mariano Rajoy y presidente Aznar, un juez del Tribunal Supremo puso en libertad al jefe etarra Josu Ternera, quien naturalmente se fugó de inmediato a Francia antes de que otro juez interesara que fuera detenido de nuevo. Cuando se le pidieron explicaciones del asunto, Rajoy lo despachó entonces con esta frase, que está en las hemerotecas: "El Ejecutivo ha actuado con absoluta diligencia(...) pero el Gobierno no puede vigilar a persona alguna sino es con autorización judicial, so pena de cometer una actividad delictiva", y acababa: "no sabemos donde está Josu Ternera".
¿Se puede ser más felón?. Se puede: todavía no ha rebuznado Aznar sobre el asunto. Esperen a que lo haga, y verán.
En la fotografía, Josu Ternera, el dirigente etarra liberado y fugado durante el Gobierno del PP.