No a la Ley Anti Protesta; sí a los Derechos Humanos.

  Imagen de la protesta que Greenpeace colgó en un edificio de la Plaza España de Madrid, en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana.Centenares de personas marcharon el último de noviembre por las calles de Madrid en protesta por el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El acto de protesta fue convocado por la Coordinadora 25-S en las sedes del PP de diferentes ciudades españolas, en protesta por la aprobación de la conocida "Ley Anti 15-M". Un fuerte dispositivo policial desplegado en los alrededores impidió que los manifestantes pudieran acercarse al edificio de Génova 13. Varios furgones de la Policía Nacional, así como un helicóptero que sobrevolaba la zona, custodiaron la sede popular, mientras los agentes apostados junto a las vallas impedían que nadie llegara a acercarse a su objetivo. El grueso de los congregados fue dirigido hacia la plaza de Santa Bárbara, en una marcha por las calles Santa Engracia y Bravo Murillo hasta llegar a Plaza de Castilla. Durante algo más de una hora de marcha, los manifestantes corearon consignas: "Sí se puede", "Violencia es no llegar a fin de mes" o "No pasarán", portando pancartas con lemas a favor de la libertad de expresión: "Libertad de protesta", "Censura es tiranía" o "Franco ha Wert-o". Apoyaron a 19 detenidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, así como a once arrestados en una acción de solidaridad en las proximidades de la comisaría de Moratalaz. "Han detenido a jóvenes de manera arbitraria", lamentó la Coordinadora 25S, denunciando que se está tratando de amedrentar a los movimientos populares y reclamando el cese de los "montajes contra el movimiento antifascista". Los agentes formaron un cordón policial frente a los juzgados para evitar incidentes e invasión de la calzada. Al menos una veintena de "lecheras" fueron desplegadas en distintos puntos de la plaza y en la zona de Bravo Murillo.
   Varios agentes detienen a un manifestante el 25-S. Foto Reuters. La Coordinadora 25S hizo un nuevo llamamiento para que el próximo sábado, 14 de diciembre, se vuelva a rodear la Cámara Baja, en esta ocasión, para rechazar la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno y que ha suscitado numerosas críticas entre los movimientos sociales. “El Gobierno –señala el 25S, en su llamada– pone ahora en marcha un conjunto de medidas legislativo-represivas, cuya única finalidad es amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política”. La futura ley ya ha sido calificada como “Ley Anti 15-M”, “Ley Mordaza' o “Ley del miedo”. Según denuncia el 25S, esta nueva norma, sumada al conjunto de “recortes y privatizaciones” puestos en marcha por el Gobierno, es una “auténtica declaración de guerra al pueblo”, y por ello, debe darse “una respuesta contundente”. Los convocantes advierten en su escrito: “La nueva Ley de Seguridad Ciudadana instaura un Régimen de Dictadura Parlamentaria que, de llevarse adelante, impedirá que podamos ejercer las más elementales libertades”. Y detallan algunos de los contenidos de la norma, avanzados por el Ministerio del Interior: la futura ley podría tipificar como infracción “muy grave” las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja, cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas, con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas, estableciendo una sanción de hasta 600.000 euros para quienes participen en ellas o las convoquen, dirijan o presidan. “Ante este ataque, la Coordinadora 25S considera que hay que impulsar una movilización lo más amplia y unitaria posible, que consiga de verdad frenar esta escalada de autoritarismo protofascista”. Y piden  a todas las fuerzas políticas “que se planten sin concesiones” ante la norma, si no quieren ser “cómplices y culpables del Golpe de Estado a la población”.
 Nada más anunciar el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, las presiones dentro del Gobierno fueron tantas, que el ministro Jorge Fernández Díaz tuvo que plegar algunas velas, aunque conseguía “colar” en el Consejo de Ministros un anteproyecto que condenaba administrativamente –sin tutela judicial– con 30.000 euros a quien portase pancartas ofensivas contra España, sus símbolos o los de sus autonomías. Con la nueva ley, cualquier español podrá ser criminalizado en cuanto levante un poco la cabeza del redil. Una iniciativa legislativa “oportuna, conveniente y necesaria”, según el Ejecutivo, “porque va en consonancia con la actual reforma del Código Penal, por la existencia de abundante jurisprudencia que ha configurado un sistema más garantista y por la constatación de los cambios en nuestra sociedad en estos últimos 22 años”.  El Gobierno de Rajoy sostiene que el espíritu del borrador de su anteproyecto de Ley está basado en el principio de proporcionalidad en su triple dimensión: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. “Resulta un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades, arguye el Gobierno. En su articulado, se distingue entre infracciones muy graves, graves y leves, de acuerdo con la sistemática propia del Derecho administrativo sancionador. Pero, en ningún caso, se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor y con más garantías”.Rubalcaba asegura que nadie ofende más a España que Rajoy con su contrarreforma de la Constitución “por la puerta de atrás”.  
El pasado domingo, en Barcelona, en el acto de clausura de la Semana Federal, organizada por los socialistas catalanes, Alfredo Pérez Rubalcaba ironizó con que “el Gobierno está preocupado por las ofensas y quiere hacer un registro. Pues ya tenemos el primer nombre que ofende a los españoles y a España: Mariano Rajoy”.Ante 3.000 simpatizantes, declaró que nadie ofende más a España que Rajoy con su “contrarreforma” de la Constitución. Rubalcabaagradeció a Pere Navarro su trabajo en un momento difícil para Cataluña y reivindicó que un PSOE unido es “la garantía de la convivencia”. Acusó al PP de querer implantar “una ley contra la huelga, una ley de orden público que pretende dificultar la libertad de expresión. Un partido que ha delinquido pretende convertir en delincuentes a los ciudadanos que quieren hacer uso de sus libertades, esa es la gran paradoja”. Rubalcaba, lo mismo que el líder de los socialistas catalanes, defendió la Carta Magna.Señaló la necesidad de reformarla para “seguir avanzando”, en vez de “retroceder”. Dijo que, “entre un Artur Mas, que no sabe donde va, y un Rajoy, que no quiere ir a ningún sitio, hay un problema de convivencia que únicamente encontrará salida si reformamos la Constitución hacia un modelo federalista”. Acusó al Gobierno de Rajoy de “apropiarse” de la Constitución y de estar llevando a cabo “una contrerreforma” de la Carta Magna “por la puerta de atrás”. En ese sentido, Rubalcaba mencionó leyes como la de Seguridad Ciudadana, la nueva ley educativa impulsada por Wert o la reforma laboral. Y añadió que quien más ofende a España es Rajoy con su nueva medida de cobrar las medicinas a los que más las necesitan, por suprimir la sanidad a los inmigrantes o quitar las becas. Advirtió que su partido dirá no a la vuelta de tuerca planeada por el Gobierno, con la que busca flexibilizar el mercado laboral para despedir más y bajar los salarios.
Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa “En ocasiones –dijo Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa–, la comunidad internacional ha puesto condiciones muy duras que atan las manos de los gobiernos”. Fue en la presentación, en Bruselas, de un informe del Consejo sobre el impacto de la crisis en la protección de los derechos humanos. El documento ponía de manifiesto que las medidas de austeridad recomendadas por las instituciones internacionales y emprendidas por los Estados habían afectado a la protección de los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales y económicos de los más vulnerables (niños, jóvenes, discapacitados y mujeres, entre otros), al acceso a la justicia y al tratamiento igualitario. Por ello, Muiznieks abogó por que se estudie el impacto de estas políticas y se consulte con organizaciones civiles o de derechos humanos para que sean corregidas, si se encuentran efectos desproporcionados sobre la población. El comisario apeló no sólo a la responsabilidad internacional, sino a la de cada gobierno. “La troika –Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea (CE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)– no dice 'recorten en servicios', sino 'arreglen su agujero fiscal' (...) y, muchas veces, los gobiernos recortan gastos antes de pensar en otras formas de hacerlo. Los gobiernos y la UEtienen obligaciones para con los derechos humanos y hay formas de bregar con la crisis y la austeridad que plantean menos problemas”, añadió. Muiznieks señaló que la crisis ha tenido especial impacto sobre los jóvenes, golpeados sobre todo por el desempleo, que para este colectivo alcanzó el 23,7 % en la UE y el 57,4 % en España, según los últimos datos de Eurostat. Asimismo, el informe señaló que los niños se han visto especialmente afectados por la reducción de los recursos familiares, que afecta al acceso a la salud y la educación, e incluso están obligados a dejar los estudios para trabajar y colaborar a la economía familiar. En este sentido, la organización internacional pidió a los Estados medidas de protección social que garanticen unos recursos mínimos y acceso a la asistencia sanitaria durante la crisis.
 Según Nils Muiznieks la nueva norma española es “desproporcionada”. “Quiero –afirmó – que alguien me convenza, de que una multa de 600.000 euros por manifestarse ante las instituciones gubernamentales sin autorización es equilibrada”. El comisario se suma a las críticas de la oposición y agentes sociales. El Consejo de  Europa publicó el pasado mes de octubre un informe sobre el estado de los derechos humanos en España, en el que alerta sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad a la hora de controlar las protestas contra la austeridad. Muiznieks llamó la atención sobre la impunidad con lo que la Policía cometía “malos tratos” y pidió el fin de esta “larga práctica”. El documento presentado recoge varias recomendaciones para los 47 Estados miembros del Consejo cuyo objetivo general es garantizar que las medidas de austeridad que adopten sean temporales, necesarias, proporcionales y, sobre todo, no discriminatorias. En este sentido, el comisario insiste en la necesidad de potenciar la figura del defensor del pueblo e impulsar la labor de las instituciones estatales y organizaciones sociales de derechos humanos. Lanza una dura advertencia del Consejo de Europa al Gobierno español por las continuas sanciones administrativas a manifestantes en Madrid y por los indultos policiales en casos de malos tratos y torturas. Muiznieks recuerda que las autoridades deben defender la libertad de expresión y de reunión pacífica, aunque no se notifiquen el lugar y fecha de las concentraciones. Según la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea) es innecesario exigir la notificación por adelantado de una reunión pública, cuando estas son espontáneas.En su informe, declara que “toma nota con preocupación de que la incapacidad de las autoridades para identificar a los autores de los malos tratos sea el principal motivo por el que se desestiman las denuncias presentadas contra agentes de las fuerzas del orden y se archivan las investigaciones de denuncias por el uso excesivo de la fuerza”. El responsable de los DD.HH. europeo recoge las quejas de Amnistía Internacional, que le informó de que, entre 2007 y 2009, de 11 denunciadas presentadas por posibles torturas y malos tratos policiales, sólo se produjeron dos fallos condenatorios.
El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acusó el jueves pasado al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, de haber cuestionado la ley de Seguridad Ciudadana ─conocida como ley mordaza─, aprobada por el Gobierno español sin habérsela leído.  Según Fernández Díaz, la norma va a pasar “todos los filtros” para garantizar que respeta plenamente los derechos fundamentales como el de reunión y manifestación cuando llegue al Congreso. Dijo que Muiznieks“no se ha leído el anteproyecto de ley porque las afirmaciones que ha hecho no se comparecen con lo que dice el anteproyecto de ley. Y yo, con todo respeto, creo que ese señor comisario, antes de criticar una iniciativa legislativa que está en un estado embrionario, lo menos que podría hacer es habérsela leídoporque ha hecho afirmaciones que no están contenidas en la ley”. Fernández Díaz cargó contra el comisario por criticar la 'ley mordaza'. “Me duele como español y me puede preocupar que haya personas que estén interesadas en difundir una imagen de España que es todo lo contrario a la realidad”, dijo. Y se quedó tan tranquilo. En España, llevamos semanas protestando ante la ley Anti 15M, la ley antiProtestas, pero nuestro gobierno se empeña en decir que no es una ley anti 15M, sino para la seguridad de las personas. En el extranjero, tienen muy claro que esta ley es un ataque a la democracia y un intento del Gobierno de acabar con las protestas. El 25 de noviembre del 2013, The Guardian publicaba el artículo “From Quebec to Spain, anti-protest laws are threatening true democracy” (“Desde Quebec a España las leyes anti-protesta amenazan a la auténtica democracia”). En él, se hacen eco de la futura implantación de la ley de seguridad ciudadana del Gobierno, de cómo esta ley es un ataque a la democracia y por ello no debemos permitir que se apruebe. Mientras tanto, la “Marca España” es puesta en tela de juicio.
Por su parte, ‘The Wall Street Journal’ alerta: “El legado de Franco resuena en España”. El diario estadounidense avisa del auge de la extrema derecha y de las “contradicciones del PP”, que “absorbió” a muchos simpatizantes de la dictadura. Hasta las páginas del The Wall Street Journal llega el auge de la extrema derecha en España. El diario, de cuyo consejo asesor forma parte José María Aznar, hace una radiografía de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España, protagonizados por ultras, y que podrían ser el caldo de cultivo junto a la crisis para un resurgir de la extrema derecha. El reportaje empieza hablando de varios miembros del PP y de Nuevas Generaciones que durante el verano nos han regaladosus fotos “con banderas fascistas o haciendo el saludo nazi en las redes sociales”. Es el resultado de “las contradicciones que acosan a España y al PP”, sobre todo por el hecho de que, tras la muerte de Franco “muchos españoles que simpatizaban con Franco fueron absorbidos por el PP” lo que ha producido “el efecto de drenaje de la reserva potencial de miembros de los partidos de extrema derecha”. The Wall Street Journal también hace mención a la manifestación de “300 ultras que se congregaron de nuevo en Barcelona, capital catalana, gritando ‘Separatistas, terroristas’ y “Esta es nuestra tierra y tenemos que defenderla’. El diario señala que “existe la preocupación de que los extremistas de derecha puedan incitar a una reacción violenta de la izquierda” y hacen mención al “artefacto explosivo” que estalló en octubre en la fachada del ayuntamiento de Beade, donde poco antes se había descubierto la filiación franquista del alcalde, quien presumió de tener “un retrato de Franco y demás parafernalia de extrema derecha en su despacho”. En el texto de The Wall Street Journal, se recuerda que “monumentos a Franco y a sus seguidores todavía salpican el paisaje español, pesa a una ley de 2007 que impulsó a la Administración que iniciase su eliminación”.

“El Partido Popular –escribe Shangay Lily en el artículo ‘Ley Mordaza o violencia Marca España”, publicado en Público el pasado martes– hace tiempo que encontró una fórmula mágica para hacer desaparecer los problemas: invisibilizarlos. Ya sean con los medidores de contaminación que movió a las afueras de Madridpara hacer desaparecer el problema de contaminación capitalina que había llevado a la UE a amenazar con multarles (siguen haciéndolo), ya sea impidiendo a los oprimidos protestar, la mejor manera de hacer desaparecer un problema es ocultarlo. Cual dictadura clásica, esa es la estrategia del PP para esconder al mundo los problemas de su ‘Marca España’ que es más bien una ‘España Marcada’ por los golpes de su agresor a la que se niega posibilidad alguna de denunciar sus malos tratos en comisaría. El PP trata a España como a las mujeres: sumisa y callada estás más bonita, sierva de mi patriarcado. Es absolutamente inconcebible que una ley como la Ley de Seguridad Ciudadana pueda ser aprobada. La monstruosidad anticonstitucional de esa penalización de los derechos más fundamentalmente democráticos sólo se puede entender si se acepta que el PP, la Iglesia, la Banca y los fascistas en general, han perdido la vergüenza ante un pueblo sumiso y aburguesado, preocupado únicamente por la economía (un éxito del capitalismo). No se puede explicar de ningún otro modo que la gente no se tire a la calle a exigir la dimisión de esos golpistas en diferido que nos han llevado a este estado de #HolaDictadura. Al lado de esta, la que en Italia se conoció como Ley Mordaza de Berlusconies de risa. Y pocos son los que protestan. Creo que algunas personas sencillamente no han tenido tiempo de entender o informarse sobre lo que esta ley supondrá. No encuentro otra explicación. Por suerte, mi admirado bloguero y amigo Dani Ruiz se ha tomado la molestia de desgranar en su entrada, ‘Ofendiendo a España: los 9 puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana’,algunas de las barbaridades que se nos vienen encima. Veamos esas medidas de violencia económica que el PP prevé aplicar a cualquier ciudadano que denuncie sus excesos inconstitucionales:

 1. MANIFESTARSE: participar en manifestaciones comunicadas a la Delegación del Gobierno no será sancionable, pero, en caso de no ser así, podremos ser sancionados con multas de entre 100 € y 1.000 €. Aquellos que convoquen movilizaciones vía redes sociales podrá ser multado por la misma cuantía –aunque, al final, ni asistamos a la misma–. En caso de disturbios en la movilización, el convocante podrá ser multado con 30.000 € e Interior valorará que sólo se exima de dicha sanción si condena y muestra rechazo público a los altercados. Igualmente para aquellos que participen en los altercados, Interior podrá sancionarlos con multas de entre 1.000 € y 30.000 €, si ‘causa desórdenes graves o incendios’. Y como joya de la corona, todas aquellas manifestaciones a las que Interior les otorgue el calificativo de ‘coactivas’, repartirán entre sus participantes sanciones que oscilarán entre los 30.000 € y 600.000 €
2. OCULTAR EL ROSTRO: la sanción dependerá del parecer policial, es decir, si la Policía considera que no eres participe de altercado alguno, no podrás ser sancionado, pero, en caso contrario, podrán sancionar con multas que oscilen entre los 1.000 € y los 30.000 €.

3. ACAMPADAS Y ACTOS POS-MANIFESTACIONES: toda aquella movilización o concentración que se alejen de la previa autorización, o que sean el resultado de alguna –por ejemplo, acampar en Sol–, serán sancionada con 1.000 €. Del mismo modo, en caso de que no obedezcamos las órdenes policiales, podrán sancionarnos con multas que oscilan entre los 1.000 € y los 30.000 €.
4. IDENTIFICARNOS ANTE LA POLICÍA: la negativa a identificarnos ante los cuerpos policiales nos llevará a incurrir en multas que oscilarán entre los 1.000 € y los 30.000 €. Del mismo modo, si mostramos pero no entregamos nuestro DNI al policía que así lo requiera, incurriremos en sanciones de hasta 1.000 €. En caso de que el policía considere que, durante la discusión que se haya podido mantener hasta la entrega del DNI, éste se ha sentido insultado, podrá multarnos con una sanción que oscile entre los 100 y los 1.000 €.
5. GRABAR, FOTOGRAFIAR Y PUBLICAR ABUSOS POLICIALES: en vez de premiar la colaboración ciudadana frente a los abusos policiales, la ley en discordia ahora sancionará, siempre que Interior considere que atenta al derecho al honor policial, a toda persona que grabe o fotografíe algún miembro del cuerpo policial con multas de entre 100 y 1.000 €.
 6. PARALIZAR DESAHUCIOS: gracias a la nueva Ley para la Seguridad Ciudadana, la policía podrá imponer multas que oscilen entre los 1.000 € y los 30.000 €por simplemente proponer paralizar un desahucio inmobiliario.
7. INTERRUMPIR MITINES POLÍTICOS, VOTACIONES Y ACTOS: por acciones como la que Rubalcaba vivió en la Universidad de Granada, donde estudiantes disconformes con las políticas de PP y PSOE se aquejaron de las mismas, evitando finalmente la celebración del acto, podrán ser multados con sanciones que vayan entre los 1.000 € y los 30.000 €.
8. CRITICAR LA MARCA ESPAÑA: insultar a policías u ofender la imagen de España, así como sus símbolos, instituciones o el propio himno, conllevará una sanción que podrá alcanzar los 30.000 €. Estas se harán extensivas a las críticas realizadas a través de cualquier red social o medio comunicativo en Internet.
9. COLGAR Y DESCOLGAR CARTELES: en caso de movilizaciones autorizadas por la correspondiente Delegación, las sanciones no se llevarán a cabo; pero, en caso contrario o en caso de descolgar un cartel en cualquier edificio gubernamental, podrán alcanzar los 30.000 €, salvo que las autoridades consideren que han supuesto perjuicio para las personas, por lo que oscilará entre los 30.000 € y los 600.000 €.

“En un somero repaso de lo que esta ley contra-democrática propone –recuerda Dani Ruiz–, mi protesta frente a Rajoy, denunciando la homofobia de sus declaraciones y la de su partido, me habría costado 30.000 € a tenor del punto 9. Escupir al medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca, otros 30.000 €, a tenor del surrealista punto 8, ya que el medallón de Franco se debe considerar Marca España, a juzgar por la protección que el PP le da en toda España a los símbolos del dictador y a su filosofía. Si a esto le sumamos otros 30.000 € por romper la foto de Esperanza Aguirre en Telemadrid ó 30.000 € más por atreverme a dirigirme a las minirobots cristofascistas o peregrinas de las JMJ a las que di la bienvenida y que la caverna mediática ocultó y convirtió en ‘agresión’ por una foto que quisieron hacer pasar por testimonio de insultos que jamás se produjeron (aunque habría estado en todo mi derecho tras la agresión de las minirobots guiadas por los curitas cristofascistas a interrumpir una marcha autorizada), sin mencionar las repetidas multas por fotografiar o denunciar las agresiones a manifestantes feministas, antifascistas o simplemente solidarios con los oprimidos, a estas alturas tendría una factura a deber de unos 100.000 €. Vamos, que debería tener varias cuentas abiertas en Suiza, un coche a lo Carromero y no parar de recibir sobres en diferido para mantener este ritmo de disidencia. Y es que hemos protestado por encima de nuestras posibilidades. De ahí ha salido la crisis: nos creímos lo de la democracia en piloto automático. La criminalización de las protestas va a seguir, pero eso no nos va a detener. Lo que sí estaría bien es que consiguiesen despertar a los millones de aburguesados ‘progresistas’ (un saludo PSOE-sólo-me acuerdo-cuando-no-gobierno) o a las minorías que se han lanzado en brazos del capitalismo conservador, ignorando que el precio son sus derechos y avances. Vuestros privilegios, que son sobornos, se están acabando. ¿Cuándo vais a despertar? ¿Cuando ya tengáis la mordaza puesta y nadie os pueda escuchar?”.
 El pajarito.es, una publicación para la región de Murcia que vuela independiente y ofrece a sus lectores otra manera de hacer periodismo, publica el artículo “La OSCE incluye a España en la ‘lista negra’ de países sin libertad”. Dice así: “España es el único país del mundo que no admite la inspección internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) sobre su curioso régimen de monarquía de partidos o partitocracia, lo que le ha llevado a incluirla en la ‘lista negra’ de países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo. Mientras condena a España, la OSCEvalora los avances democráticos producidos en Turkmenistán, Afganistán, Moldavia, Kazajstan, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania y Montenegro en política penitenciaria, fronteriza, judicial, industrial, libertad de prensa, propiedad intelectual, violencia de género y medio ambiente, según la relación de los comunicados de condena similares a los que han tenido al régimen español como protagonista. Por el contrario, Grecia, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Croacia, Hungría, Italia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania sí han permitido a la OSCE inspecciones de diplomáticos independientes en calidad de observadores para vigilar si se dan las condiciones democráticas en torno al derecho de reunión y manifestación de sus compatriotas. Diplomáticos de todo el mundo han contemplado estupefactos cómo España reprime el derecho de manifestación y de reunión de sus ciudadanos y comienzan a explicarse así como un país con seis millones de parados, dos millones de exiliados y un millón de niños malnutridos no se lanza con más asiduidad a la calle contra sus autoridades. De hecho, las notas de la OSCE son de lectura obligatoria en el mundo diplomático y se reciben en las embajadas de todos los países adscritos a la misma. Este organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática tuvo que emitir el pasado viernes un comunicado oficial desde Viena (Austria) en el que condena a España por la expulsión de seis diplomáticos que venían a inspeccionar la manifestación que, bajo el lema ‘Jaque al Rey’, pretendía protestar contra la corrupción de la Corona española y la ausencia de un referéndum que la legitime por el pueblo”.
Armas incautadas por la policía en la última redada  de la operación “Ciudadano Feliz” para la protección de la seguridad ciudadana. Dibujo de J. R. Mora. La OSCE es la organización mundial políticamente más influyente del planeta y a ella está adherida España, lo que deja perplejos a los diplomáticos demócratas. En un gesto poco habitual y cargado de significado, el comunicado oficial de OSCE contra España está firmado por el diplomático esloveno Janez Lenarcic, máximo representante y director de la Oficina encargada de fiscalizar las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos. El embajador Lenarcic recuerda que España se comprometió, ante la comunidad internacional, a garantizar la libertad de reunión. Pero, con la llegada de un nuevo Gobierno del PP y la alianza estable con el PSOE, en cuanto al régimen monárquico se refiere, lo único que la OSCEha podido verificar es que este cambio es sorprendente. Antes, las autoridades diplomáticas podían comprobar el estado de las libertades en España “con buena cooperación”; ahora, no pueden, ya que sus representantes son expulsados. En el mes de mayo, el presidente Mariano Rajoy y el ministro García Margallo se comprometieron “a cooperar plenamente” con la OSCE. Tras las imágenes de la brutal represión de la manifestación “Rodea el Congreso”, convocada por la ‘Coordinadora 25-S’ (la misma asociación ciudadana que organizó ‘Jaque al Rey’) –imágenes que inundaron las televisiones y periódicos de medio mundo–, los diplomáticos internacionales se temieron lo peor. Y, en efecto, así ocurrió: 1.400 policías se enfrentaron a una cifra de manifestantes que osciló entre 2.000 y 9.000, según el Gobierno o los organizadores. Se llevaron a cabo detenciones previas, identificaciones masivas, se cerró una estación de metro (Opera) para impedir el acceso de manifestantes, se bloquearon autobuses con participantes, etcétera. Durante el pasado 25-S, todo esto fue acompañado, además, de prolongadas retenciones en comisaría, multas, agresiones policiales y hasta ‘confiscación’ de material ‘subversivo’. La Delegacióndel Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes alegó que los palos de las banderas y las pancartas eran en realidad instrumentos preparados para ‘agredir’ a la policía. No obstante, Janez Lenarcic ya no parece creerse la versión de las autoridades. “La oposición repentina por parte de las autoridades españolas nos plantea preocupación sobre sus intenciones”, dice la OSCE en su nota pública, al tiempo que pide a los políticos españoles en el poder que “garanticen el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica, de acuerdo con compromisos adquiridos, y otras normas internacionales de derechos humanos”. Para la OSCE, cada país tiene sus problemas y las protestas ciudadanas así lo reflejan, por lo que es la represión de los Gobiernos lo que los dejan en evidencia. En España, es “la institución de la Monarquía”; en Serbia, la igualdad homosexual; en Rusia, Azerbayán, Uzbekistán y Kazajistán, la libertad de prensa, etcétera”.

“Jorge Fernández cae en la madre de todas las tautologías –escribe Ignacio Escobar– Ofensa es lo que es ofensivo, asegura muy serio el ministro del Interior al explicar su reforma de la ley de seguridad ciudadana. ¿Qué es una ofensa a España? Lo que ofenda al Gobierno o a la policía. Serán los antidisturbios, y no los jueces, quienes decidirán arbitrariamente qué pancartas, cánticos o actitudes son punibles durante una manifestación. Para justificar esta reforma, el Gobierno pone como ejemplo comportamientos que ya son delito, sin necesidad de que las leyes cambien. La violencia en una manifestación ya está penada. Pero lo que incomoda al Ejecutivo de Rajoy no son las protestas violentas, sino las pacíficas: que los jueces estén aplicando la Constitución en vez del código ético del PP; que, en esos escraches que Cospedal califica como ‘nazismo puro’, la justicia solo vea el ejercicio de un derecho democrático. Incluso la conservadora asociación de jueces Francisco de Vitoria, poco sospechosa de antisistema, ha comparado la reforma con la Leyde Vagos y Maleantes del franquismo. Los ciudadanos que intenten parar un desahucio –esa misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha sido premiada por Europa– serán multados con hasta 30.000 euros. Es la misma pena que recibirá quien insulte a la policía y bastará la palabra del agente para exigir el pago de la multa. Los objetivos de la reforma son tan claros que el Gobierno no se molesta en ocultarlos. ‘Se ha ejercido ampliamente el derecho de manifestación en los dos primeros años de esta legislatura’, argumenta la nota de prensa que envió la Moncloa. Al parecer, el momento de protestar ya pasó, y ahora solo cabe celebrar el advenimiento de esa recuperación económica que Cristóbal Montoro presenta como la envidia de Europa. La reforma pretende solucionar un problema que hoy no existe. A pesar de las durísimas circunstancias, las protestas en España han sido mayoritariamente pacíficas. Es algo que no se explican fuera; pregunten a un francés, un inglés o un alemán qué pasaría en sus países si el paro pasase del 25% y el juvenil superase el 50%. El Gobierno aprieta las tuercas porque está en su ADN autoritario y porque sabe que todavía quedan curvas: que los recortes sociales no han terminado, que nuevos casos de corrupción aflorarán pronto, que el desgaste en las encuestas del Gobierno más impopular de la democracia aún no ha tocado fondo. Su mayoría absoluta no tiene oposición parlamentaria y ahora quieren reprimir la oposición de la calle”.
 Fernando Argenta, el gran divulgador de la música, falleció el martes pasado, a los 68 años, a consecuencia de un cáncer. Fue una de las principales figuras de la divulgación musical de los últimos años, especialmente a través de los espacios creados por él mismo, como 'Clásicos populares' (RNE). Comenzó a dirigir y a presentar orquestas, en un principio para escolares y, a partir de noviembre 1981, para el público adulto. En 1971, entró a formar parte de la plantilla de Radio Nacional de España, donde realizó múltiples programas como: “Circuito nocturno”, “Nocturno español”, “Madrugada” y “Para los jóvenes”. Pero fue con “Clásicos populares”, con el que consiguió gran relevancia por su lenguaje cercano y ameno en la divulgación de la música clásica. Compatibilizó esta tarea con la dirección de conciertos para niños, y, en 1994, con la de asesor musical de la serie de dibujos animados para TVE “La Banda de Mozart” y la dirección y presentación “Zarzuelas en las calles de Madrid”. Desde el 4 de marzo de 2000, presentaba y dirigía en La 2 de TVE el espacio “El conciertazo”, dirigido a los niños y en el que explicaba el significado de la música clásica con la interpretación de piezas y la puesta en escena de elementos de la danza. Víctima de un plan de amputación de talentos en el ente, en diciembre de 2008, cuando tenía sólo 63 años, dejó el grupo de comunicación estatal, aunque entonces reconoció que le hubiera gustado continuar al frente de estos espacios. En 2010, presentó su libro “Los clásicos también pecan”, en el que acercó la vida privada de 13 grandes genios de la música clásica, y en 2011 “Pequeña historia de la música”, con ilustraciones de Jvlivs. El 22 de agosto de 2013, en una entrevista con Efe, reconoció su “frustración” porque el nombre de su padre se iba olvidando, y por la ignorancia que había sobre su fulgurante carrera de director de orquesta que pudo haber tenido si la muerte no la hubiera truncado.
El mundo lloró a Mandela.
Dos días más tarde, moría Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica. Quien fuera primer presidente negro de Sudáfrica tras casi siete décadas de lucha contra el sistema segregacionista, desaparecía el jueves en su casa de Johannesurgo. Madiba, nombre de su clan con el que se le conocía popularmente, tenía 95 años y llevaba varios meses enfermo por una infección pulmonar. La pérdida de este Premio Nobel de la Pazconmocionó a su país y entristeció al mundo. En la imagen de arriba, Mandela, en 2005, con el número sobreimpresionado de preso, que se convirtió en un símbolo de libertad, incluso para personajes como Mariano Rajoy, quien escribe en su Twitter: “Nelson Mandela: figura clave de la Historia reciente; ejemplo de lucha por la igualdad. En el corazón de todos. Hasta siempre, Madiba”. Sin embargo, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pocos dudan de que el Gobierno de Rajoy le habría impuesto varias multas de hasta 600.000 euros y una amplia recopilación de 30.000, si hubiera vivido en España como extranjero.
 Así lo explican las fotocomposiciones de esta semana. De hecho, el Gobierno de Rajoy y su ministro del Interior están perfectamente preparados para imponer su ley a bastonazos. El PP está estudiando cambiar los leones del Congreso por aves carroñeras. El ministro de Justicia no deja de perseguir con rapidez y mano dura a quienes no dejan de robar descaradamente, olvidándose de casos más importantes, como el caso del Prestige. Y, el presidente Rajoy asegura que  


 Así nos queda esta "Marca de España" que Malagón convierte en Estafa.



 
Comprobamos cómo el  habitual humor de esta semana es lo único que de verdad no ha bajado. Se sigue manteniendo a flote el de Erlich:




J. R. Mora, Peridis, Forges, Ferrán, Vergara, Pat y Malagón:









 Pep Roig nos muestra: La Agencia Tributariaprivada, No hagan olas, La molesta dignidad, Tiempo de represión, Fracaso gubernamental.





Terminamos con cinco vídeos. El primero, sobre Mandela

En el segundo, la Potato Omelette Band no se corta en las pruebas de idoneidad para músicos callejeros de Madrid. La dedican especialmente a nuestra nefanda Alcaldesa No Electa.

El siguiente fue emitido a finales del pasado noviembre por Canal+ Francia sobre el declive de la monarquía española. ¿Cuándo se atreverá a emitirlo alguna cadena de televisión española?