Contra todo pronóstico ocurrió lo que tenía que ocurrir, el Presidente madrileño Ignacio González, ha paralizado la privatización de seis hospitales tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de desestimar el recurso presentado por la Comunidad. Y como no hay causa sin efecto como si de un dominó se tratara, esto ha propiciado la dimisión del hasta ahora Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, que en rueda de prensa ha declarado “yo propuse el proyecto y asumo la responsabilidad de no haberlo conseguido”.
Lo natural, y siguiendo con el dominó, es que la siguiente en dimitir fuera su mano derecha, la Viceconsejera de Sanidad Patricia Flores, que siguiendo los pasos de su mentor Lasquetty firmó un vergonzoso convenio de colaboración con Cruz Roja en el que se cedía el servicio público de donación de sangre en las calles de Madrid a esta institución de índole no gubernamental, por el módico precio de 9,6 millones de euros al año. Una nueva privatización enmascarada bajo la forma de convenio para evitar el concurso de otras organizaciones y, sobre todo, que saltaran las alarmas entre la población. Por cierto, que dicho acuerdo, recordemos, fue suscrito con otro que ha sido cesado temporalmente de su cargo, el presidente de la Cruz Roja en Madrid Jesús Mora, por sospechas de corrupción. Tampoco hay que olvidar que la Viceconsejera está imputada por delitos contra la hacienda pública. Y todo este esfuerzo en aras de mejorar la sanidad a costa de privatizar y recortar el derecho de los madrileños a tener una sanidad pública, gratuita y de calidad.
Por eso hay que agradecer no sólo a los Tribunales que hayan mostrado su imparcialidad en este delicado asunto, sino a todos los que con su esfuerzo han contribuido a este triunfo de la sanidad pública. Son muchos y muchas los que cada domingo han salido a las calles de Madrid desafiando al frío, la lluvia y el calor para protestar por las decisiones unilaterales de unos pocos que, esgrimiendo motivos de solidaridad o de ahorro, han querido eliminar de un plumazo lo que tantos años ha costado. Gracias a la Marea Blanca, a los sindicatos, a las asociaciones de trabajadores/as, a los partidos de la oposición y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que con su ánimo y su apoyo se han mantenido firmes día tras día en la lucha por defender una sanidad pública sin restricciones.
Pero desgraciadamente todavía quedan abiertos varios frentes, entre ellos el nuestro, el del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid que ve como poco a poco se acerca la fecha en que la solidaridad del donante pasará a ser comercializada. A partir del 1 de marzo, de un bocadillo y un refresco se pasará a pagar 67 euros por bolsa de sangre a la Cruz Roja. Y los profesionales de la sanidad pública madrileña, conductores, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, administrativos y auxiliares de obras y servicios, se verán en muchos casos abocados al paro a pesar de la gran profesionalidad de todos ellos, como se ha demostrado durante estos 25 años de existencia del Centro de Transfusión de Madrid. Todo ello por un proyecto en el que el hasta ahora Consejero de Sanidad creía firmemente, como si de una empresa familiar se tratase y no de un país y una sociedad adulta, autosuficiente y responsable que sabe lo que quiere y cómo lo quiere: sanidad pública y de calidad. Por eso, desde la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (ADECETMA), os animamos a seguir luchando como hasta ahora para defender lo que es público y evitar que unos pocos desmantelen lo que tanto ha costado conseguir. Y es que les guste o no a los políticos, LA SANGRE AL IGUAL QUE LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE