Desconozco si la insistencia del gobierno en la economía se debe a una visión política razonada o simplemente a un desprecio absoluto por el país y los ciudadanos. El propio gobierno me empuja por la segunda opción ya que ni las reformas económicas son explicadas. Ahí está por ejemplo cómo ignora el gobierno el aumento del gasto durante la burbuja (reconozco que la oposición —echada al monte— también ignora esto). Gasto burbujil que tratan de mantener a toda costa. Cosa que sorprende pues este gobierno no tiene frenos políticos para emprender si quisiera los recortes de gasto no prioritario o las reformas políticas para las que ya existe un amplísimo consenso (hola, diputaciones provinciales; hola, +8.000 ayuntamientos). ¿Están dejando las reformas de mayor consenso para la época electoral? Bueno, que hagan lo que quieran, el resto haremos lo que debemos hacer.
Época muy oscura la de esta descomposición, putrefacción o crisis. Quienes al margen de la cotidiana provocación retórica defendemos ciertos derechos constitucionales —sin nada en común no habría política, sólo tortas y para impedir las tortas está la Constitución y ciertos valores compartidos por católicos y occidentales (no nos podemos abstraer del contexto)— no podemos sino denunciar con alarma justificada el atropello cotidiano a las libertades civiles. No es este un atropello evidente, aunque los ataques a sedes de partidos políticos, la violencia de los radicales de extrema izquierda y el exultante triunfo del terrorismo vayan incrementándose. Este atropello es algo más sibilino y se planifica por quien ostenta el poder.
Bajo la excusa de protegernos de nosotros mismos, o parapetados en banderas partidistas haciéndolas pasar por banderas no partidistas, tanto el gobierno de España como sus aliados del norte y del este están jugando al peligroso juego de aplastar nuestras libertades en nombre de un bien superior vago e indefinible. Me refiero a esa caricaturización de la democracia: para unos, la democracia es el Estado y el Estado tiene que protegerse de las díscolas opiniones de los ciudadanos. Para otros, la democracia es que cada uno vote lo que le de la gana (siempre y cuando esas ganas coincidan con las de quien tiene el poder).
Señalemos ejemplos concretos: la Ley de Seguridad Ciudadana y la deriva fascista del gobierno autonómico catalán. De los torturadores etarras que organizan homenajes a psicópatas homicidas y celebran la amnistía que les otorga la negociación con PP y PSOE ya ni hablo. Estos mismos partidos que de la mano de los comunistas y de los nacionalistas institucionalizados les faltó el tiempo para nombrar a sus políticos para dirigir el Poder Judicial o para pactar no hurgar mucho en los asuntos de la corrupción con la excusa de no judicializar la política. Caray, si vosotros mismos la judicializáis cuando os ponéis a robar, a comprar a los sindicatos y a no pagar a Hacienda.
Lo primero, la Ley de Seguridad. Se trata de una ley hecha ad hoc para evitar en el futuro nuevos movimientos del tipo 15-M. La ley además está adornada de modificaciones en infracciones comunes en manifestaciones a las que se envía a la policía. Pero esto no es ni siquiera lo más importante (hay infracciones que reducen su pena). Lo importante es que la administración, sin pasar por ningún juez, puede poner las multas que le de la gana de forma arbitraria por delitos de opinión. Fiesta. Creo que no hay mucho más que decir. Yo tengo tanta idea de Derecho como el ministro del Interior (muy poca), pero vamos, diría que una ley tiene que ser eficiente, eficaz y efectiva. El caso es que si condenamos palabras, basta con alterar el significado de otras palabras para que la ley que condena las palabras originales deje de ser eficiente, eficaz y efectiva. Por ejemplo, si digo que el ministro del Interior es un ser maravilloso, sólo un telépata puede saber qué quiero decir. Claro que si la voluntad del gobernante es perseguir a quien no le gusta, desde luego que la ley, en su arbitrariedad, será útil. Útil para el que gobierna, un retroceso de 200 años para el gobernado.
Lo segundo, el CAC. En Cataluña, por alguna razón que desconozco, existe una oficina pública que pagamos todos los españoles, que da cuenta milimétrica de aquellas declaraciones públicas que no gustan a los partidos políticos que están en el poder. Han confeccionado una burocrática y minuciosa lista de personas y medios con referencias a declaraciones que ellos interpretan como ofensivas. No se trata de declaraciones ofensivas contra personas concretas, sino de supuestas ofensas contra ideas esencialistas muy cogidas por los pelos y dentro de lo que cualquiera interpreta cabalmente como opiniones de política general. Así, criticar la obligación de rotular un comercio en catalán o criticar la falta de libertad de elección en la educación, son ofensas contra seres mitológicos que pueden ser penadas con cuantiosas multas. Curiosamente, decir que se debe educar a todos los niños en ruso no conlleva multa, decir que se deben educar en castellano, sí. Buf, cómo apesta esto a asfixiante régimen. Abrid las ventanas que huele a cuco.
La ley pepera y la deriva fascista de la Generalitat son dos caras de la misma moneda antiliberal. Unos por arbitrarios y otros por excesivamente concretos. Los dos tratan de hacer pasar por el aro a los ciudadanos. Modificar imaginarios colectivos no ya por la conocida vía de cargarte la independencia de los medios (ahí están los editoriales conjuntos, la publicidad institucional y los medios públicos para dejar constancia de que la única prensa independiente se encuentra en Internet), sino por la directa vía de la sanción económica por no opinar lo que al poder le da la gana.
Urge cambiar de dirección política.
Adenda
Una cosa a añadir. Me han preguntado cómo es posible que compare a los secesionistas catalanes con los nazis. Creo que se debe a un error de interpretación. Es evidente que ETA o Resistencia Galega son nazis, pero CiU o ERC no lo son. CiU o ERC son partidos políticos democráticos que usan su poder para variar la percepción de la gente del mundo que les rodea, insistiendo en subterfugios para saltarse la Constitución, acentuar enfrentamiento y conflicto en la sociedad, romper la soberanía nacional que nos separa de la oclocracia, utilizar el sistema educativo y los medios para establecer hegemonía política y usar todos los atajos posibles para ganar adeptos. Todo esto no es nazi. ¿Entonces por qué mencionar la "deriva fascista"? Porque aún sin ser fascistas, esta forma de hacer política recuerda en cierto modo los prolegómenos del fascismo. Se trata por mi parte de una legítima provocación retórica basada en las ocho fases del genocidio de Gregory Stanton. A saber:
- Clasificación: "nosotros" y "ellos". Prevención: instituciones transversales que no tengan en cuenta las divisiones.
- Simbolización: se aplican palabras y símbolos a los grupos previamente diferenciados (usar una bandera y no otra, inventar calificativos y dotarlos de contenido político...). Prevención: prohibir los símbolos de odio.
- Deshumanización: un grupo niega la condición de humanos a otro grupo. Muerte civil. Prevención: no tanto ilegalizar el discurso discriminatorio como hacerlo inútil o inoperante en sociedad.
- Organización: creación de instituciones basadas en la discriminación y el odio. Prevención: ilegalizar estas instituciones.
- Polarización: cuando las leyes separan a los grupos y los moderados son expulsados. Prevención: evitar a los extremistas.
- Preparación: creación de listas, identificación de las víctimas, segregación. Prevención: presencia militar internacional.
- Exterminación: eliminación física de las víctimas. Prevención: aplastante y rápida intervención armada internacional.
- Negación: los culpables niegan los hechos y su responsabilidad en ellos. Prevención: tribunales internacionales de justicia.
—Pero la gente es libre de...
—No.
Y ahí está la clave.
Más:
- Contando Estrelas - Ley de Seguridad Ciudadana: una amenaza para nuestra libertad y nuestra seguridad
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