El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de abril un Plan de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social. Entre las medidas se encuentran combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos sobre políticas de empleo, corregir el fraude de ley en materia de prestaciones, especialmente en los casos en que se constituyan empresas ficticias creadas con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social, identificar los casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que prestan sus servicios para las empresas, limitar los incentivos al despido de los trabajadores de más edad y contribuir a la prolongación de la vida activa de los trabajadores, que garantice la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. En este sentido, se prevé suprimir las jubilaciones obligatorias pactadas en convenio colectivo. Se pretende que, en el actual contexto de crisis económica, no se pueda imponer la jubilación a los trabajadores si desean continuar en su puesto de trabajo. Estas medidas normativas se articularán mediante un Anteproyecto de Ley Ordinaria y un Anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal.
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