Previniendo la acción política: la policía social

 El actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana parece querer reeditar ahora el control de la acción política de los ciudadanos previniendo y reprimiendo el derecho de manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, tal vez porque teme que se obstruyan o desvíen las directrices generales del gobierno. Y su temor es fundado porque muchos, muchos ciudadanos quieren lo contrario de lo que quiere el gobierno. Quizá recupere también la Ley de Vagos y Maleantes y convierta en vagos o maleantes a los seis millones de parados o a los desahuciados que no pudieron pagar su hipoteca o su alquiler.

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 La Brigada de Investigación Social, conocida como Brigada Político-Social, fue la policía política de Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de oposición a la dictadura. Invento del entonces Ministro de Gobernación, Blas Pérez González, para el control de las materias en la acción política y la prevención y represión de cualesquiera actividades que obstruyan o desvíen las directrices generales del gobierno, muchos de sus primeros integrantes procedían del servicio secreto franquista durante la guerra civil. En 1940, el líder nazi Heinrich Himmler envió a Paul Winzer, oficial de las SS y la Gestapo, para que instruyera a los nuevos agentes de la Brigada Político-Social. Ésta fue creada formalmente en 1941 con la Ley sobre Funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad.

 Su función represora se ejercía en el ámbito de la oposición al franquismo basándose en toda la normativa represora del régimen, especialmente la Ley Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la Ley de Responsabilidades Políticas, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1) y la Ley de Vagos y Maleantes (2), conocida como “la gandula”. Sus acciones consistían en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia particular, todo ello sin control judicial alguno, además de detenciones indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo.

 La aplicación del Fuero de los Españoles que, en teoría, garantizaba algunos derechos fundamentales quedó, en la práctica, sin efecto, dado que las funciones de “prevención del delito” que la legislación asignaba a la Brigada, permitía a sus miembros argumentar detenciones aunque ni siquiera existieran sospechas fundadas sobre su comisión. Una de las prácticas comunes de la Brigada y, a la vez, de las más temidas por los afectados, eran los registros policiales de viviendas. Muchas de sus actividades eran examinadas por dos tribunales creados específicamente para la represión política: el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y, posteriormente, los Tribunales de Orden Público, con lo que los tribunales y jueces ordinarios apenas podían conocer de los asuntos de la Brigada.

 El comisario Roberto Conesa, jefe de la Brigada hasta la época de la Transición, se hizo conocido por sus brutales interrogatorios y torturas, y otro de los policías que destacó por sus métodos durante los interrogatorios en la sede de la Dirección General de Seguridad fue Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, ahora imputado por torturas y reclamado por la juez de Buenos Aires, María Servini.

 La asociación de jueces, fiscales y abogados Justicia Democrática ha denunciado “las torturas policiales en régimen de expresa impunidad” hasta la muerte de Franco, señalando que la Brigada presentaba sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara era remota y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos a la acción de la Brigada. Incluso, algunos cerraban sistemáticamente los ojos a todo signo de tortura y suscribían la necesidad de la misma como método de investigación para no dejar inerme al Estado. Todavía en 1975 cuando ya se empezaba a vislumbrar el final del franquismo, continuaban realizándose con frecuencia torturas, malos tatos y vejaciones a los detenidos en las dependencias de la Brigada Político-Social.

 En 1978 fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI), pero su desaparición no se formalizó completamente hasta 1986 durante el primer gobierno socialista de Felipe González. El proceso de la Transición no tuvo en cuenta ninguna depuración contra miembros de la Brigada Político-Social. Así, después de la desaparición de la Brigada, buena parte de sus integrantes continuaron con sus carreras en la policía española, como fue el caso del propio Comisario Conesa al frente de la recién creada BCI.

 NOTAS.-

(1) La Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se “rehabilitaran”.

(2) Por ser una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad. Quedando así establecida, podía ser utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.