Quién está ejerciendo violencia en España

El clima social en España sigue calentándose. La retirada más o menos ordenada de las plazas céntricas ocupadas en las principales ciudades españolas ha sido seguida de la ocupación de plazas en los barrios periféricos y sobre todo, de una serie de acciones de acoso a los políticos del sistema. El movimiento de contestación se radicaliza como consecuencia de la radicalización de las acciones policiales en contra suya. Era una evolución previsible.
En Barcelona los "indignados" locales han puesto sitio al Parlament de Catalunya el mismo día en que debían votarse los violentos Presupuestos de la Generalitat de Catalunya (para violencia de la buena, esos tijeretazos salvajes a la Sanidad y la Educación públicas). Un par de días antes un numeroso grupo de energúmenos acosaron a insultos por la calle al alcalde madrileño cuando este paseaba a su perro. El cabreo parece que se originó al prohibir el Ayuntamiento de Madrid unos "conciertos" en la calle en el barrio de Chueca; hubo insultos sí, pero no agresiones físicas como se llegó a intentar "vender" en un primer momento, más que nada porque de haberlas habido probablemente Ruiz-Gallardón estaría ahora en un hospital, dada la densidad de gente que le rodeaba y lo caldeados que estaban los ánimos.
Unos días antes en fin, un portavoz de la Policía Nacional exhibía en el Telediario de la televisión pública española, orgulloso y riendo como un bobo, una máscara de esas que ha popularizado el movimiento Anonymous, al tiempo que la voz en off daba cuenta de que la policía había "desarticulado la cúpula dirigente de Anonymous" como si ello fuera posible (no existe tal cúpula de Anonymous, un movimiento horizontal sin liderazgos, como sabe cualquier crío que tenga Internet), y sobre todo como si Anonymous fuera un peligroso movimiento terrorista; la respuesta inmediata de los "desarticulados" apenas 24 horas después, fue tumbar la página web de la Policía Nacional. Todavía unos días antes, los Mossos d'Esquadra habían fracasado en su intento de desalojar a hostia limpia la Plaza de Catalunya de ciudadanos que protestaban pacíficamente; el tiro le salió por la culata al fascista de Felip Puig, conseller de Interior catalán, ya que los "desalojados" de la plaza fueron sus antidisturbios, que tuvieron que huir de alli con el rabo entre las piernas al ser rodeados por decenas de miles de personas que acudieron a la plaza para impedir el desalojo.
En resumen, violencia física sí ha habido, pero hasta ahora solo de parte de quienes se supone que velan por la seguridad de todos, también por la de quienes protestan contra esta mierda de situación que estamos viviendo a escala mundial. Sólo que en España la tentación de recurrir a las porras cuando no a las pistolas para mantener el "orden público" (es decir, el status quo que beneficia a una minoría en perjuicio de la inmensa mayoría), es una tentación antigua y recurrente. En la perrera mediática ya hay quien habla incluso de "rumor de golpes militares en los países del sur de Europa", confundiendo una vez más sus deseos con la realidad.
El caso es que la violencia policial es una incitación descarada a la violencia dirigida a quienes hasta ahora se han pronunciado pacíficamente. En realidad quienes azuzan las respuestas violentas contra estos están buscando eso precisamente: que el movimiento de contestación se torne violento en respuesta a las agresiones que progresivamente va recibiendo. Se les criminaliza como paso previo a su represión, de modo que cuando llegue esta -y llegará, con detenciones a domicilio incluidas-, el común de la ciudadanía tenga claro que los contestatarios son delincuentes a los que hay que atizar y "neutralizar".
El Sistema es así de cabrón, ya saben. Mientras tanto, en Islandia políticos y banqueros comienzan a ingresar en prisión. Pero Spain is different, of course: la consigna aquí es leña a tutiplén a los "perroflautas" (ocupantes de plazas), y a la cárcel los "terroristas de Internet" (Anonymous y otros)".
En la imagen, un miembro de Anonymous participa en una concentración contra los deshaucios de quienes no pueden seguir pagando la hipoteca por su vivienda.