Redistribución de escaños: ¿es de interés regional más que político?

Pugna por escaños, de interés regional más que político

La redistribución de escaños exacerbó los conflictos regionales que ya existían. Ni las regiones afectadas; ni las beneficiadas están conformes.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:07 / 06 de octubre de 2013
Más allá de que la redistribución de escaños propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea buena o no, tenga o no una intencionalidad, tal como fue presentada (es decir con la reducción de un curul a Beni, Chuquisaca y Potosí, a diferencia de tres a favor de Santa Cruz), ¿favorece o perjudica a algún partido político en general o sólo activó conflictos regionales? Los análisis dicen que el conflicto no se trata de una pugna política sino regional, por lo que las posibilidades de proyección o no de alguna tienda política en la ampliación o reducción de su poder pueden ser relativas.
El TSE divulgó el 25 de septiembre el proyecto de ley de redistribución para su consideración final en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La propuesta ha sido recibida con descontento por parte de las organizaciones cívicas tanto de los departamentos a los que se les resta un sillón en la Cámara de Diputados (Beni, Potosí y Chuquisaca)  como en el que suma, Santa Cruz. La fórmula combina varios criterios: la densidad poblacional, el menor desarrollo de las regiones y la proporcionalidad demográfica.
El fondo de la pugna que desató la iniciativa es regional, afirma la politóloga María Teresa Zegada. “Como se está intentando hacer una redistribución de escaños de manera técnica, no hay un direccionamiento político”.
Existen dos cuestionamientos a esta propuesta de redistribución, uno tiene que ver con lo regional y el otro con un supuesto esperado rédito electoral partidario. El primer juicio tiene que ver con “los temas críticos que han surgido en Bolivia desde hace tres años” relacionados con las autonomías. “Pese a que éstas ya han sido aprobadas, se han agudizado las contradicciones y las demandas regionales, los problemas de límites y los relacionados con la apropiación de los recursos naturales en zonas fronterizas de departamento (por ejemplo Sucre y Tarija con el gas)”, explica Zegada. Esto ha creado una “elevada sensibilidad”. En ese sentido, la conflictividad “más delicada” que se debe enfrentar tiene que ver con lo regional.
Por el otro lado, está la arista política de las críticas. “Algunos partidos de oposición han comenzado a lanzar” que la reasignación tiene que ver con la posibilidad de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “sea favorecido” con un mayor espacio electoral. Pero eso es “muy relativo”, porque Santa Cruz “no es precisamente un bastión del MAS o por lo menos no lo ha sido hasta ahora”. Ese departamento es el único que se ha beneficiado con la reasignación, dice
“Ligo el conflicto más a las disputas regionales que las políticas”; entonces, considerar que la propuesta tiene carácter político es un debate “falso”, afirma Zegada.  Con tres escaños extra para Santa Cruz, una ganancia para el MAS es “muy relativa”, insiste.
Sin embargo, recuerda que “en las últimas encuestas de opinión —suponiendo que sean fiables— se percibe que la popularidad del MAS ha crecido en Santa Cruz. En 2009 fue la segunda fuerza, no obstante no logró revertir su situación en 2010 en las elecciones municipales y departamentales”.
De hecho, las reacciones en contra de la reasignación de curules y la redistribución de recursos económicos —basadas en los resultados del último censo— han mostrado, con algunos matices, una opinión en bloque de parte de los asambleístas del partido de Gobierno a favor de las medidas y movilizaciones regionales en los departamentos en protesta. Así, Potosí y Beni cumplieron un paro cívico el miércoles. Los cívicos de Cochabamba harán mañana. Mientras, sectores de Santa Cruz (entre ellos el gobernador Rubén Costas), único departamento beneficiado con escaños, tampoco se pronunciaban a favor y pedían un legislador adicional a los tres que recibirían; no descartaban movilizaciones.
En la misma línea que Zegada, en referencia a la relatividad de una ganancia o perjuicio electoral para determinado partido, el analista Reymi Ferreira afirma que “una redistribución como la que se ha propuesto estos días no tiene el mismo peso que tuvo hace 15 o 20 años”.
En su criterio, “se incrementará la fuerza política de Santa Cruz como departamento”. Entonces, expone a colación otra vez lo regional vinculado a lo político (que no se entiende en este caso como lo partidario). “Tenemos así dos polos electorales de mayor importancia: La Paz y Santa Cruz, y pierden relativa importancia los departamentos del sur (Potosí y Chuquisaca)”, analiza.
Sin embargo, Ferreira también relativiza el concepto de “región”, en contradicción con Zegada. En su análisis, esta noción ha perdido fuerza en favor de la “clase o sector social”. Como ejemplo, menciona el tema de la capitalía en Chuquisaca, que sólo fue asumido por las clases medias de la capital luego derrotadas, “pues la Asamblea Constituyente terminó exitosamente y las elecciones a la Gobernación en 2010 las ganó el MAS”. “Actualmente, una filiación social y política pesa más que una regional”. Sin embargo, esto no significa en absoluto que lo regional haya sido superado.
Para sustentar su argumento, Ferreira rememora la redistribución de 2005 (que se superó con cierta conflictividad). “Ese momento lo regional no tenía tanto peso como la cuestión de cambiar o mantener el sistema político de ese momento”. Hoy, lo regional tiene “más importancia” porque ya no existe esa polarización que había en 2005, “sin embargo, no tiene el peso de hace dos décadas”.
Algo claro es que las organizaciones cívicas de las regiones afectadas están en desacuerdo. Sobre las recientes acciones de protesta en Potosí, Beni y Chuquisaca, el expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni dice que si bien “expresan un auténtico y legítimo sentimiento departamental” en defensa de un diputado menos (“lo cual no necesariamente tiene impacto en el desarrollo del departamento”), da la impresión de que, por un lado, son protestas activadas “por grupos con intereses políticos y particulares que operan desde los comités cívicos” y, por otro, son movilizaciones —”principalmente urbanas”— impulsadas por “las fuerzas políticas de la oposición”, sin aparecer ésta directamente, pues están tratando de conformar sus frentes electorales para 2014.
El 1 de noviembre de 2005, ante la urgencia de readecuar la distribución de escaños, y en medio de conflictos parecidos a los actuales, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé firmó el Decreto Supremo 28429, que fue la base para las elecciones del 18 de diciembre de ese año. Ahora, el exmandatario relativiza la importancia de un curul más o uno menos. “El escenario político hoy contempla nuevas instituciones democráticas, con dinámicas de participación política y ciudadana distintas —con un censo más complejo que el de 2001— que merecen contrastarse con la relevancia del debate sobre un solo curul en el Órgano Legislativo”, dice.
Para el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, al igual que para Zegada, el impacto es “fundamentalmente regional, por la sensibilidad que tiene en los departamentos cualquier alteración de su representación política”. Este problema se ha agravado —argumenta el otrora senador— por la “falta de credibilidad de los resultados del Censo 2012”, dadas las “contradicciones” entre los resultados preliminares anunciados por el presidente Evo Morales y los resultados oficiales, presentados algunos meses después, además de la “evidente desorganización” del operativo censal. Esto genera “fundamentados motivos para pensar que ha habido una omisión censal mucho más grande” que la reconocida por las autoridades.
“Consecuentemente, llegamos a un punto en el que todos tienen razones para reclamar”, los que pierden, porque se les quita diputados con base en un “censo cuestionado”, y los que ganan, porque se les asigna una representación basada en una población menor a la que se había proyectado, critica.
No obstante, la redistribución de escaños, tal cual la ha planteado el TSE, “no tendrá impacto significativo en la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa —dice Ortiz— porque representa “un número muy reducido para incidir en esta relación”.
En el otro lado de la cancha, el senador del MAS por Chuquisaca David Sánchez se anima a hacer un posible mapa de ganancias o pérdidas electorales en función de la propuesta del TSE. Así, señala que Potosí y Chuquisaca mantienen la preferencia electoral de 2009, es decir, que son favorables al MAS. “Ésos son espacios consolidados electoralmente”, dice.
Sobre una modificación de la llegada electoral del MAS con la nueva asignación de escaños, Exeni señala que los datos de las elecciones generales pasadas son solamente un referente que puede modificarse en 2014. “Es evidente que el MAS tiene mayor presencia en Santa Cruz que hace cinco años”, por lo que “puede disputar en mejores condiciones” la representación departamental (“incluyendo los tres nuevos escaños”).
“Habrá que ver cómo se mueven las fichas tanto del MAS como de los frentes opositores en los departamentos que podrían reducir el número de sus diputados (en Potosí en 2009 el MAS ganó 13 de los 14 diputados, en Chuquisaca obtuvo 7 de 11 y en Beni ganó solamente 3 de 8).
En cuanto a las salidas que se han barajado, aumentar el número de asambleístas —como decían algunas voces opositoras— es inviable, considera el exvocal de la CNE. Adicionalmente, cuestiona al gobernador Rubén Costas. “Decir—como Costas— que Santa Cruz debe ganar hasta cuatro escaños, pero ningún otro departamento debe perder, es tener serios problemas de aritmética o de cinismo (o, más bien, estar en campaña electoral)”, afirma Exeni.
Esta propuesta es “inconsistente”, primero porque no se trata de “abrir” la Carta Magna para satisfacer demandas “político-regionales” cuando el asunto bien “puede resolverse de modo razonable”, cumpliendo la Constitución, “con una propuesta técnica como la del TSE”.
Descarta esa posibilidad por una segunda razón: el número de legisladores en Bolivia (260 diputados entre titulares y suplentes, y 72 senadores entre titulares y suplentes, es decir, un total de 332) “es ya demasiado grande como para pensar en seguir aumentando nuevos diputados”. Bolivia tiene “el número de asambleístas por población más elevado con relación a los países vecinos”, compara. “Eso traería aún mayor conflictividad”, advierte Ferreira.
La madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, previo acuerdo orgánico del MAS de homologar la propuesta del TSE y ante conflictos todavía vigentes en algunas regiones. Para el sábado estaba prevista la sanción, sin problemas, en la Cámara de Senadores. El nuevo mapa de escaños deberá regir en las inminentes elecciones generales de octubre de 2014.
‘Se debe contrastar la importancia de un curul’: Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente del país
El escenario político, actualmente, contempla nuevas instituciones democráticas, con dinámicas de participación política y ciudadana distintas. El censo del año pasado fue más complejo que el de 2001. Así, las dinámicas de esas nuevas instituciones merecen contrastarse con la relevancia del debate sobre un solo curul en el Órgano Legislativo plurinacional.
‘Cambiar la propuesta traerá más conflicto’: Reymi Ferreira Justiniano es abogado
El esfuerzo que se ha hecho es el más racional que ha habido, aunque nadie esté contento y todo el mundo reclame. No hay otra fórmula, todo el mundo la cuestiona y no hay alternativa. Al momento de plantear no se sabe qué decir. Al final, con todos los errores que pueda tener la propuesta del Tribunal Electoral, es la mejor que se puede tener con relación a la equidad.
‘Ha habido manipulación política’: Óscar Ortiz, expresidente de la Cámara de Senadores
Sospecho que aquí  ha habido es  manipulación de los datos del censo para justificar unos resultados que le permitieran al Gobierno minimizar el impacto, tanto en la asignación de recursos como en la de diputados, y poder pasar este proceso con el menor movimiento posible en ambos campos y así también disminuir el costo político en etapa preelectoral.
‘El asunto empezó con el pie izquierdo’: María Teresa Zegada es politóloga
Lo más importante es buscar un acuerdo político en la Asamblea sobre el proceso en que se hizo la distribución con las regiones para evitar las susceptibilidades, pues la discusión empezó con el pie izquierdo por las suspicacias que han levantado los resultados del censo. Pero pienso que otra manera de saldar sería una solución técnica.
‘Influirá más redefinición de circunscripciones’: José Luis Exeni, exvocal de la Corte Nacional Electoral
Quizás el mayor impacto electoral se producirá por la vía de la reducción de las circunscripciones uninominales (en ocho departamentos, excepto Santa Cruz que aumenta una) y el modo en que el TSE redefina estas circunscripciones. Debe recordarse que el MAS ganó 49 de las 70 circunscripciones uninominales y 33 de las 53 diputaciones plurinominales.

Son 25 curules por el criterio de equidad

 

Veinticinco escaños fueron repartidos bajo el criterio de equidad. De éstos, 24 se distribuyeron entre seis departamentos (todos, menos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) en razón a menor población y uno por menor de-sarrollo económico.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:06 / 06 de octubre de 2013
La propuesta de redistribución de escaños elaborada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reasigna 25 escaños por el criterio de menor población y uno por el de menor de-  sarrollo económico. Los restantes 105 asientos (la Constitución señala que la Cámara de Diputados debe tener 130 miembros) fueron repartidos bajo el principio de la proporcionalidad poblacional. Se trata, entonces, del 20% del total de las diputaciones las que fueron asignadas por menor población y menor desarrollo.
El planteamiento del TSE restó un diputado a Potosí, Beni y Chuquisaca, y añadió cada uno de estos al departamento de Santa Cruz. El vocal del TSE Ramiro Paredes explica cómo se aplicaron los lineamientos del artículo 146, parágrafo V  de la Constitución Política del Estado (CPE): “V. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral con base en el número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo con el último censo nacional, de acuerdo con la ley. Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico”.
El modelo tiene tres componentes. El primero es para determinar el número de escaños a ser repartido a los departamentos que estén por debajo de la media nacional poblacional, detalla Paredes. “Los departamentos que están por debajo del promedio nacional de población son todos, menos La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”. Los seis restantes departamentos (Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando) calificaron para recibir un número fijo mínimo de escaños que la fórmula determinó que serían 4,4 cada uno. Finalmente se redondeó a cuatro y, multiplicados por los seis departamentos, se destinaron de esta forma 24 escaños.
El segundo componente determina el número de diputados por menor desarrollo económico. El componente de la fórmula dio que se asignaría un diputado —dice Paredes— para el departamento con menor desarrollo, que resultó ser Potosí. “Este departamento fue el único que recibió por doble partida: por menor población y menor desarrollo económico”, señala.
Por último, del tercer elemento resulta la asignación de escaños por proporción poblacional. Es decir que se dividen los restantes 105 curules entre los nueve departamentos, esta vez considerando cuál de ellos tiene más población.
El expresidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni afirma que la propuesta realizada por el TSE “es técnicamente impecable, pues considera los tres criterios establecidos en la Constitución para la distribución de diputados entre los departamentos: equidad por menor población (que favorece a los seis departamentos menos poblados), equidad por menor desarrollo económico (que favorece adicionalmente a Potosí) y población según los datos del censo (que suele favorecer a los departamentos grandes, esto es, del eje central)”.
Lamenta las reacciones al respecto. “Algunos actores político-regionales y algunos analistas políticos (o políticos analistas de la oposición, mejor) no han entendido o no quieren entender” la fórmula técnica planteada por el TSE y la critican con base en intereses particulares y falacias. “Sin embargo, tampoco proponen nada, sólo dicen ‘no’”, cuestiona.
El único “problema de constitucionalidad” que tiene la propuesta del TSE —problematiza Exeni— es que “no establece una circunscripción especial para el departamento de Chuquisaca”, con lo que se deja sin representación a las tres naciones y pueblos indígena originario campesinos que constituyen minoría poblacional en ese departamento: Qhara Qhara, Yampara y Guaraní.
La propuesta —sugiere— debió incluir esa circunscripción especial en Chuquisaca, “con lo que el número de circunscripciones especiales aumentaría a ocho”. Cabe mencionar que tanto en la Ley del Régimen Electoral Transitorio (2009) como en la Ley del Régimen Electoral (2010) se definieron solamente siete circunscripciones especiales con el compromiso de reconsiderar este número luego de los resultados del censo, “lo cual forma parte de las demandas de las organizaciones indígenas y, lo más importante, marca la esencia plurinacional de la Asamblea Legislativa”. Este académico espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional asuma este mandato constitucional y “haga este ajuste a la propuesta del TSE”. En 2005 se realizó la reasignación con base en el censo de 2001, cuatro años después, cuando Eduardo Rodríguez Veltzé era presidente.
El exmandatario y actual Agente de Bolivia ante La Haya compara esa redistribución con la actual. “Respondió a un escenario político distinto al que se vive hoy en el país. Por entonces el Congreso arrastraba la obligación del ajuste producto del censo de 2001 y en lugar de hacerlo, promovió, vía Tribunal Constitucional, la nulidad de la convocatoria a las elecciones generales de ese año”.
Tampoco lo hizo y se abrió una profunda crisis política que puso en riesgo el proceso democrático. Fue por ello que mi gobierno decidió proceder vía decreto, con los fundamentos legales que aseguraban su juridicidad y con el respaldo político de los principales candidatos que participaban del proceso electoral”.
“Tanto las aspiraciones por incremento cuanto las protestas por disminución, combinadas con legítimas preocupaciones cívicas, pero también con nítidos ingredientes político-partidarios interesados en entorpecer el proceso electoral, generaron tensiones entre las regiones y el Gobierno, se sucedieron protestas y huelgas que en último análisis no alteraron el curso de acción adoptado ni su legitimidad”, señala.
http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/curules-criterio-equidad_0_1919208131.html