Retos y datos para un modelo económico bajo en carbono

Retomamos el compromiso de publicar regularmente, tras unas semanas de bastante actividad e implicación en proyectos que mucho tienen que ver con lo que habitualmente contamos por aquí y de los que poco a poco iremos dando algunas pinceladas. Pero se trata de ponerse al día y echando la vista atrás, algo tan sonado y sobre lo que hemos hablado en estas semanas, como ha sido el escándalo Volkswagen, ha pasado inadvertido por Te Hago Eco. Aunque ya está casi todo dicho y no salimos del asombro ante las soluciones que vemos que se proponen, si que es cierto que nos ha servido para recuperar un tema recurrente en nuestros contenidos, la Huella de Carbono.

Y es que parte del escándalo destapado en torno a la industria del automóvil venía de la mano de la medición de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, donde el CO2 es uno de los principales y la Huella de Carbono un indicador de referencia. Ahora bien parece que la controversia ha acabado por señalar que también en la forma de medición hay cierta controversia, máxime a la hora de establecer los objetivos de reducción de emisiones de GEI por parte de los estados y la forma que tiene la ONU de establecer si se han logrado las reducciones de emisiones de GEI comprometidas.

Y es que cumplir con los compromisos en materia de reducción de emisiones de GEI está siendo no solo un reto, sino un compromiso que cada día se antoja mas difícil de cumplir, máxime cuando no se trata de un objetivo en sí mismo, sino un indicador de la capacidad de mantener la actividad económica de una forma sostenible, es el espejo que refleja si estamos ante un modelo de economía baja en carbono, la voluntad clara de apostar por otro modelo económico y reducir la dependencia energética del consumo de combustibles fósiles.  Ahora bien, puede que haya que tener en cuenta varias cuestiones previas:

Si se trata de reducir emisiones de GEI …

Parece que la clave está en reducir las emisiones de GEI de un territorio, sin mas. Sin embargo en esos “trucos contables” que parece que aplica la ONU se muestra como tal reducción puede ser ficticia o medirse de muy diferentes formas.

Es el caso de los compromisos asociados al Pacto de Alcaldes que hace unos años suscribieron numerosos municipios en toda Europa, donde uno de los principales compromisos era lograr una reducción del 20% de las emisiones de GEI respecto a un año de referencia para 2020. En Andalucía los datos de emisiones de GEI tomados como referencia fueron los de 2007, en plena actividad económica pre-crisis y al inicio de las iniciativas de fomento del uso de energías renovables. A lo largo de diferentes artículos desgranamos la situación de la provincia de Almería.

En ese escenario, ahora que los municipios están revisando su estado de cumplimiento, ocurre que algunos constatan que ya han logrado la reducción comprometida, el 20% de sus emisiones de GEI, sin embargo al consultarles por las medidas que han puesto en marcha de las previstas para lograrlo, la respuesta es ninguna. ¿Cómo lo han logrado entonces? La suma de factores como la reducción de emisiones asociadas a la producción de electricidad, un menor consumo de electricidad debido a la peor situación económica y la reducción del parque móvil en los municipios, con menos vehículos registrados ha logrado estas reducciones.

Ahora bien, ¿son efectivos estos resultados? A todas luces no, ni ha habido cambios sustanciales en el modelo productivo o de consumo de estos territorios, ni mejora real en la eficiencia energética, tan sólo ha ocurrido que las cuentas salen, pero por casualidad.

Algo parecido puede ocurrir con la futura Ley Andaluz de Cambio Climático, de la que ya adelantamos algunos detalles hace unos meses y que no parece que acabe de ser aprobada. En su caso establece (al menos en sus borradores) un umbral de 4’3 toneladas de emisiones de CO2 equivalente por habitante y año como la referencia óptima para Andalucía. Se trata del dato relativo al año 2005 (de nuevo en pleno auge económico). Sin embargo, analizados diferentes municipios, resulta que ya en 2012 algunos tienen un nivel de emisiones por debajo de este óptimo mientras que otros están muy por encima. En ese sentido, la actividad económica del municipio puede ser un factor clave, y contar con una empresa asentada en el mismo que cuente con una importante flota de vehículos o bien un consumo de electricidad elevado por el tipo de actividad que desarrolla contribuye significativamente al aumento de las emisiones sin que poco o nada pueda hacer un ayuntamiento o la población por contribuir a lograr reducciones importantes. Y además un factor determinante es la población del territorio objeto de análisis y su evolución. Pero de partida puede haber municipios que sin haber hecho nada ni tenerlo previsto puedan obtener el marchamo de contar con un modelo de economía baja en carbono cuando en realidad lo que tienen una mínima población y actividad económica. Frente a otros que pese a contar con una actividad económica verdaderamente digna de señalarse como modélica pero donde se ubican ciertas instalaciones, incluso públicas (un hospital comarcal en un municipio de tamaño medio sin duda va a tener un impacto relevante), no pueda correlacionar su nivel de emisiones final con su verdadero compromiso y comportamiento.

Se trata de dos formas diferentes de trasladar el cómputo de GEI a un territorio, ambas con aspectos interesantes y algunas lagunas, pero que sería conveniente unificar y optimizar.

Umbrales de medición de GEI

Quizás la primera de las cuestiones a plantear es si en todo caso el ámbito territorial de municipio es el idóneo para abordar la transición hacia modelos de economía baja en carbono o estos sólo son representativos cuando cuentan con una umbral de población, extensión o actividad económica determinado y por debajo de estos sería conveniente abordar estas referencias, como las emisiones de GEI, de forma agrupada en forma de comarcas u otra forma de agregación de municipios.

Puede que el ámbito local/municipal es práctico a la hora de plantear la toma de decisiones, mucho mas sencillo aprobar en pleno un documento de compromisos de Pacto de Alcaldes que hacerlo entre tres o cuatro municipios, y además los municipios tienen cierta capacidad de plantear y ejecutar acciones, ahora bien ¿pueden ser realmente útiles a la hora de cambiar de manera sustancial un modelo económico? Sin lugar a dudas NO, y es precisamente lo que, en último lugar, persiguen estas iniciativas, ponernos ante los ojos lo cerca o lejos que estamos de tener un modelo de economía baja en emisiones de carbono para que se puedan tomar decisiones de calado que nos acerquen al mismo, y hoy por hoy es difícil que los municipios, pese a su capacidad de toma de decisiones, sean capaces de tomar decisiones en ámbitos que vayan a tener una influencia e impacto reales.

Puede que por esto, y cobran aquí sentido algunas de las entidades surgidas al amparo de la gestión de programas impulsados por la Comisión Europea, las comarcas, institucionalizadas en forma de Mancomunidades o Grupos de Desarrollo Rural, sea un ámbito mucho mas práctico y capaz de impulsar iniciativas que sí tengan un impacto real. Ejemplos por suerte no faltan, ya sea la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria como los proyectos llevados a cabo por GDR’s en el Levante Almeriense y la Serranía Sevillana, muestran que no sólo es posible, sino que ya se están abordando proyectos en torno a modelos productivos bajos en carbono.

Lo que si parece claro es que hay que afinar estas unidades de medición y plantear un sistema que sea representativo a la vez que equitativo para los territorios, pero sobre todo que permita evaluar si avanzamos hacia modelos económicos menos dependientes del uso de combustibles de origen fósil y por tanto abanderados de la economía sostenible. Seguiremos profundizando.

@tehagoeco

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