Trump deja de separar a los niños de sus padres, pero sigue sin garantizar los derechos humanos de los migrantes

El Gobierno de Trump no deja de crear polémica. Desde que comenzó su campaña electoral, antes de ser elegido, nunca escondió su intención de acabar con la inmigración ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, las medidas que ha aplicado en los últimos meses, separando a los niños migrantes de sus padres, y dejándoles desprotegidos y sin una atención adecuada, supone una violación de los derechos del niño.

Fue en el mes de abril cuando el Gobierno de Trump, observando un incremento de la entrada de inmigrantes ilegales en el país, y en base a su conocida política de Tolerancia Cero ante la inmigración ilegal, decidió dividir a las familias detenidas en la frontera, separando a los adultos de los menores.

Aunque antes sólo constituía una infracción administrativa, desde el mes de abril el Departamento de Justicia de EEUU consideró que los inmigrantes que tratan de entrar en el país están cometiendo un delito, y al tener que ser juzgados, pierden la custodia de los hijos. Los menores, al quedar como no acompañados, quedan bajo la custodia del Gobierno americano.

Estas nuevas medidas han provocado verdaderas tragedias familiares, y momentos terroríficos para niños de muy corta edad, que no entendían dónde estaban, dónde llevaban a sus padres, o si los iban a volver a ver. Según el relator especial para los derechos de los migrantes, Felipe González Morales, alrededor de 3000 niños han sido separados de sus padres desde mediados de abril hasta mediados de junio.

Según reclaman diferentes organizaciones internacionales, mientras los adultos son recluidos en centros de detención, los menores son separados y encerrados en centros provisionales en unas pésimas condiciones y sin una atención adecuada, para a continuación llevarles a centros tutelados o a familias de acogida provisionales.

Estas medidas que aspiran a disuadir la entrada de inmigrantes, ha sido condenada por la oficina de derechos humanos de la ONU, ya que “La detención de inmigrantes y la separación de la familia como elemento de disuasión va contra las normas y principios de derechos humanos”, además de incurrir en la violación de los derechos de los niños, según Ravina Shamdasani, portavoz de la ACNUDH.

Esta criminalización del inmigrante entra en conflicto con el derecho internacional a solicitar asilo que las leyes internacionales reconocen a quienes sufren violencia y persecución. Es el caso de un grueso de los inmigrantes que entran en EE.UU. desde Guatemala, El Salvador y Honduras. Según afirma ACNUR, un 58% de los niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos están huyendo por miedo a ser reclutados en grupos armados o a ser víctimas de extorsión, violencia y amenazas de muerte contra ellos y sus familias. El principio de no devolución, por el que no se puede enviar a una persona a su país si esto pone su visa en peligro, aparece en la Convención contra la Tortura que Estados Unidos firmó hace décadas”.

Debido entre otras cosas a la saturación de las instalaciones y a la polémica generada, y a las diversas presiones por parte de organismos internacionales, gobiernos, líderes mundiales, e incluso miembros de su propio Gobierno, recientemente Trump anunció que abandonaría esta práctica que separa a los menores de sus familias, aunque afirma que, a pesar de todo, sus políticas contra la inmigración ilegal seguirán siendo igual de duras. A partir de ahora, las familias enteras serán llevadas al completo a centros de detención, donde hasta ahora no podían entrar menores de edad y por ello los separaban.

Justo después de este anuncio Trump decidió sacar a EE.UU. del Comité de Derechos Humanos de la ONU, un gesto que sigue separando a este país de garantizar a todas las personas, adultos o niños de sus derechos más básicos e inalienables.

Foto: Mitch Lensink