Basta de femicidios

Según informó ayer la Izquierda Diario, la iniciativa empezó el lunes, “inmediatamente” después de que la productora y movilera radial Marcela Ojeda escribiera el tweet “¿No vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO“. Éste y otros medios –Diario Popular por ejemplo– dieron cuenta de una reacción en cadena que desembocó en la convocatoria a una concentración frente al Congreso de la Nación. La cita es el miércoles 3 de junio a las 17. Las consignas fundamentales son “Ni una menos” y “Basta de femicidios”; la primera es hashtag en Twitter y Facebook.

Ingrid Beck, Florencia Etcheves, María Julia Oliván, Hinde Pomeraniec, Soledad Vallejos son algunas de las periodistas que impulsaron la viralización de la convocatoria en las redes sociales. En el transcurso de esta semana, referentes de la prensa, el espectáculo, la literatura, la política adhirieron y contribuyeron a difundir este llamado a reclamar la implementación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (n° 26.485), sancionada hace más de seis años. A la concentración frente al Congreso, le seguirá una marcha hasta la puerta del Consejo Nacional de las Mujeres.

Según estadísticas elaboradas por La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2014 se cometieron 1.808 femicidios en Argentina. Además de la cantidad de mujeres asesinadas, la ONG contabiliza en este mismo período las hijas e hijos que quedaron huérfanos de madre por estos crímenes: 2.196 en total; 1.403 menores de edad.

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“La violencia de género es un problema de derechos humanos” se titula el comunicado que el CELS publicó en su sitio web meses atrás, la víspera del Día de la Mujer. El Centro de Estudios Legales y Sociales sostuvo en esa oportunidad que la Ley 26.485 “no tiene una implementación efectiva orientada a la no repetición de la violencia de género”.

Según la misma institución que preside Horacio Verbitsky, nuestros Estados nacional y provinciales deben producir por indicación de esa ley “información accesible y detallada sobre violencia contra las mujeres”. Sin embargo, no existen datos estadísticos oficiales, es decir, falta una “herramienta indispensable” para llevar adelante políticas disuasorias.