La democracia atómica española.

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Puesto porJCP on Mar 1, 2015 in Autores

El dictador general Francisco Franco y la Junta de Energía Nuclear (JEN), creada en 1951 y controlada por generales golpistas, había previsto construir 38 reactores nucleares en todo el territorio nacional. El objetivo era convertir España en una de las grandes potencias nucleares del planeta, disponer de grandes cantidades de plutonio militar y entrar en el club atómico (con permiso del Pentágono).

Para los norteamericanos aquel negocio resultaba redondo: se vendía la tecnología PWR (Pressurized Water Reactor) de la Westinghouse y BWR (Boiling Water Reactor) de la General Electric; se concedían los créditos en dólares del Chase Manhattan Bank, Citicorp y Eximbank y se ofrecía asesoramiento científico y tecnológico. La Chevron se encargaría también de explotar los yacimientos de uranio localizados en diferentes regiones españolas (objetivo empresarial que no logró gracias a la oposición popular y de los ayuntamientos afectados). En cierta medida esta ambición del franquismo comportó una cesión de soberanía mediante acuerdos bilaterales, el Tratado de Amistad y Cooperación y la instalación de bases norteamericanas en territorio nacional.

El “lobby” nuclear, heredero del franquismo
A pesar de la fuerte represión a los antinucleares y de aplicar la censura en los medio de comunicación el faraónico plan nuclear- más propio de un megalómano como era Franco impresionado por el impacto de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki- no pudo llevarse a cabo en su totalidad. En el País Vasco (Euskadi) la movilización de asociaciones como la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear y la acción del grupo armado ETA impidió que la eléctrica Iberduero construyese las centrales de Lemóniz, Ea y Deva. En Cataluña las cofradías de pescadores y agricultores lograron frenar la instalación de dos reactores en la Ametlla de Mar, una de las poblaciones pesqueras más florecientes del litoral de Tarragona, pero no pudieron evitar la construcción de la central de Vandellòs en el golfo de Sant Jordi, a pocos kilómetros, y la de Ascó, a orillas del caudaloso río Ebro. Hubo también oposición antinuclear en Extremadura, Aragón, Andalucía, Navarra, Galicia y Cantabria contra otros proyectos nucleares. La lucha antinuclear se cobró una víctima, la ecopacifista vasca Gladys del Estal que murió por disparos de un guardia civil el 3 de junio de 1979 durante una jornada contra la nuclearización de Euskadi que se organizó en Tudela (Navarra).

La Junta de Energía Nuclear y el Gobierno de Carrero Blanco, dominado durante la década de los 60 por tecnócratas del Opus Dei, se contentaron con imponer siete centrales nucleares y un total de diez reactores: José Cabrera, en Zorita (Guadalajara),un PWR con una potencia de 150 MW (el primer que fue inaugurado por Franco el 12 de diciembre de 1968, y clausurado en el 2006); Santa María de Garoña, en Burgos, un BWR de 466 MW, clausurado en 2013 pero que podría reabrirse en el 2015; Almaraz, en Cáceres, dos reactores PWR de 980 y 984 MW; Ascó, en Tarragona, dos reactores PWR de 1.032 y 1.027 MW respectivamente; Cofrentes, en Valencia, un BWR de1.092 MW; Vandellós, en Tarragona, con un reactor de grafito-gas de 480 MW, el único de tecnología francesa (clausurado en 1989 después de un grave incendio) y otro PWR de 1.087 MW y Trillo, en Guadalajara, un PWR de 1.066 MW.

El brutal coste financiero del plan energético inicial y la necesidad de una gran demanda de uranio frenó los delirios atómicos del almirante Carrero Blanco. Sin embargo el teniente general Juan Vigón, director de la Escuela Superior del Ejército y Ministro del Aire del tercer y cuarto gobierno de Franco, así como el general de división Eduardo Hernández Vidal y el contralmirante José María Otero Navascués (que presidió la JEN de 1958 hasta 1974) consideraron que el parque nuclear civil ya era suficiente para lograr disponer de uranio enriquecido y plutonio en los laboratorios especiales previstos en un gran complejo que se construiría en Cubo de la Solana (Soria). La “tapadera” para desarrollar el arma nuclear fue la creación de la Junta de Investigaciones Atómicas y la sociedad secreta Estudios y Patentes de Aleaciones Especiales (Epale). Entre los científicos que asesoraron a los militares franquistas para obtener plutonio hay que destacar al profesor Paul Scherrer, del Instituto de Física de la Universidad de Zürich (que sería impulsor del CERN); Werner Heisenberg y Karl Wirtz del Instituto Max Planck de Götingen. Otros contactos a lo largo de los primeros años fueron Samuel K. Allison, de la Universidad de Chicago, y Bertrand Goldschmidt, en quien De Gaulle había confiado para aislar los primeros miligramos de plutonio (1).

El puto amigo americano
La estrategia energética del franquismo para superar el aislamiento internacional de la Dictadura fue abrirse al mercado nuclear norteamericano y crear empresas eléctricas y bancos (Central, Banesto, Urquijo, Hispano Americano…) cuyos consejos de administración estaban regidos por militares y financieros que habían apoyado golpe fascista contra la República (como el magnate Juan March que dominó la compañía eléctrica Fecsa-Fuerzas Eléctricas de Cataluña- o José María Oriol y Urquijo que fue presidente de Hidroeléctrica Española y UNESA). El apoyo del FMI, del Banco Mundial y del grupo Rockefeller al ingreso de España en las NN.UU. el 14 de diciembre de 1955 fue a cambio de una colonización sin precedentes (acuerdos hispano-norteamericanos o Pacto de Madrid en 1953 y en 1955; instalación de las bases USA en Rota, Morón y Torrejón de Ardoz; créditos para la construcción de centrales nucleares y compra de armamento; sucursales bancarias y multinacionales norteamericanas dominando el sector energético y agrícola).

Sin embargo cuando llegó la hora de la verdad el Pentágono se negó rotundamente a que España ingresara en el “club atómico” a pesar de haber invertido millones de dólares en prepararse para obtener plutonio (el almirante Luis Carrero Blanco, que estaba destinado a suceder a Franco, aspiraba a construir submarinos atómicos) y en consecuencia se negaba a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN). Así se lo transmitió a Henry Kissinger, durante su visita que el Secretario de Estado hizo a Madrid el 19 de diciembre de 1973, el día antes que el almirante falleciera en un atentado perpetrado por ETA (sobre el que algunos analistas vieron la mano negra de la CIA). Tampoco quiso firmar el TNPN el presidente Adolfo Suárez que antes de 1981 deseaba disponer de una bomba atómica táctica transportada por la fuerza aérea española (2).

Las presiones del Pentágono sobre el Gobierno socialista de Felipe González (que optó por el ingreso en la OTAN) hicieron que, finalmente, el 10 de abril de 1987 España subscribiese el TNPN y desistiera de su sueño atómico.

El modelo energético español estaba ya sólidamente dependiente de la energía nuclear (especialmente en Cataluña, autonomía que genera el 19% del PIB español, y consume el 50% de su energía eléctrica producida en las centrales de Ascó y Vandellós).

El fraude de la “Transición democrática”
Los Pactos de la Moncloa firmados en Madrid el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los principales partidos políticos- entre ellos el Partido Comunista (que no se opuso al contrato de suministro de uranio enriquecido entre la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) y la multinacional soviética Techsnabexport) (3) dejaron intactas las estructuras energéticas heredadas del franquismo y comportaron la consolidación de la energía nuclear. Las exigencias de las organizaciones antinucleares y ecologistas, que pedían una auditoría del sector y una moratoria, no fueron oídas. Por otra parte la banca norteamericana quería terminar de cobrar los créditos concedidos para la construcción de las centrales nucleares y deseaba seguir dominando desde el exterior un sector tan estratégico como el energético (los EE.UU. también suministraban a España uranio enriquecido)

Con los años la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), fundada en 1972, i Tecnatom, creada en 1957, se habían fortalecido actuando en el negocio nuclear internacional, tanto en la gestión y compra de uranio enriquecido hasta la fabricación de combustible y prestación de servicios a diversos países, especialmente latinoamericanos, exportando el 65% de la producción de elementos combustibles de su planta de Juzbado (Salamanca).

El sector energético español es consecuencia de estos antecedentes y de una oligarquía eléctrica que hoy, gracias a la connivencia con el Gobierno Rajoy, ha logrado frenar el desarrollo de las energías del sol (especialmente centrales solares y parques eólicos) temerosa de perder sus privilegios y el negocio derivado de la electricidad nuclear (Endesa e Iberdrola lideran el sector) y del gas natural (monopolizado por Gas Natura-Fenosa).

Tras la llegada al poder del PSOE en 1982 se suspendieron los ambiciosos programas nucleares por la presión ecologista (movilizada tras el accidente de la central de Three Mile Island el 28 de marzo de 1979) y por los colosales costes financieros que comportaban. El Gobierno de Felipe González aprobó una moratoria en 1984 y en 1991 se paralizaron las obras de siete centrales: Lemóniz I y II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz), Trillo II (Guadalajara), Regodola I (Lugo) y Sáyago I (Zamora). Las pérdidas alcanzaron 729.000 millones de pesetas de la época. Para compensar al “lobby” nuclear el Estado aprobó en 1997 una disposición que permitía a las eléctricas cobrar hasta el 2020 un porcentaje para recuperar las inversiones a través de la factura que pagan los consumidores. Debido a la disminución de los tipos de interés y al fuerte aumento de la demanda eléctrica, en 2006 se modificaron los criterios de la moratoria, al amortizarse más rápidamente de lo previsto la deuda contraída. Así se disminuyó el porcentaje pagado en la factura eléctrica, pasando de un 1,72% a un 0,33% disminuyendo a su vez el plazo de amortización hasta el año 2015.

Con la moratoria el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sirvió los intereses estratégicos del “lobby” nuclear agobiado por los elevados costes de los reactores debido a las nuevas medidas de seguridad impuestas por la AIEA y rescató financieramente a unas compañías eléctricas que se hallaban al borde del colapso.

El cierre de la central de Garoña
El síndrome del accidente de Fukushima, que comportó una reacción crítica contra las centrales nucleares en algunos países de la Unión Europea, como Alemania (que ha optado por el cierre progresivo de sus 17 centrales nucleares a partir del 2020), o como Italia que optó por realizar un referéndum nuclear, no afectaron a la política energética española. El ex presidente Felipe González, contratado por Gas Natural–Fenosa, ya dijo en el 2006 que la moratoria nuclear que decretó su Gobierno se debió a las dificultades de resolver el problema de los residuos radiactivos, cosa que ahora, según el líder socialista, ha mejorado tecnológicamente (?) “Hay que replantear la moratoria”, vaticinó (4). Sin embargo la liberalización del sector energético no impide que las compañías eléctricas puedan construir nuevas centrales nucleares en España, aunque con la opinión pública contraria y sin poder recibir las ayudas fiscales que tuvieron en el pasado les ha hecho desistir.

La patronal eléctrica española, que no parece querer aplicar a fondo las propuestas de seguridad exigidas por la UE (los llamados “test stress”) para prevenir accidentes con fusión del núcleo como los ocurridos en la central de Fukushima, ha propuesto al Gobierno Rajoy alargar la vida de las centrales que funcionan hasta 60 años, siguiendo las instrucciones del “lobby” nuclear norteamericano y de las multinacionales Westinghouse y General Electric. Un ejemplo lo tenemos en Nucleonor (participada por Endesa-Enel e Iberdrola), titular de la central de Garoña, que ha presentado al Ministerio de Industria la solicitud para renovar el permiso de funcionamiento de la planta inaugurada hacer 43 años y que dejó de producir electricidad a finales de diciembre de 2012. La eléctrica pretende ampliar la vida útil de la instalación hasta el 2 de marzo de 2031, es decir, 17 años más, cambiando todo su sistema de refrigeración.

El Consejo de Seguridad Nuclear, controlado por los nucleócratas, está dispuesto a darle luz verde. Greenpeace y las organizaciones de agricultores temen los efectos de un accidente grave que destruiría toda la cuenca del río Ebro y arruinaría sus cosechas. ¡140.000 hectáreas de regadíos resultarían afectadas! Nucleonor responde que hay 23 centrales BWR en Estados Unidos parecidas a la de Garoña que han logrado el permiso para seguir produciendo hasta un período de vida de 60 años. De lograr este alargamiento los beneficios de las eléctricas españolas serían superiores a los 40.000 millones de euros mientras que el Estado ingresaría por la tasa nuclear unos 1.200 millones de euros.

Los pioneros antinucleares han reaccionado lanzando un manifiesto para cerrar definitivamente Garoña y desnuclearizar España y Europa. Mario Gaviria (Navarra), José Allende (Euskadi), Pedro Costa Morata (Murcia), José Manuel Naredo (Madrid), Juan Serna (Extremadura), Josep Puig, Xavier Garcia y Santiago Vilanova (Cataluña), entre otros, recuerdan, entre sus argumentos, que el Consorcio de Seguro Español, uno de los más antiguos del mundo, cubre ciertos riegos de catástrofes nucleares, pero no cubre el riesgo de una catástrofe nuclear. También proponen para la UE “el modelo alemán-danés.nórdico basado en las energías renovables como alternativa al fracaso del modelo francés nuclearizado”.

En España socialistas y populares siguen atados al “lobby” nuclear. Su parque nuclear es el que registra más incidentes y paradas técnicas de la UE, especialmente las centrales de Ascó y Vandellós en Cataluña (registran el 43% de todos los incidentes del parque español). El 19 de octubre se cumplirán 25 años del grave incendio en la central de Vandellós I, explotada por la sociedad hispano-francesa Hifrensa, y cuyos residuos eran enviados en tren al centro militar de Marcoule (Francia) para obtener uranio altamente enriquecido y plutonio. El incendio pudo haber provocado una catástrofe del mismo nivel de la ocurrida en Chernóbil. Pero el núcleo no quedó afectado y únicamente se produjo una polución química debida a la quema de quince toneladas de aceites con PCB de los transformadores. La Junta de Energía Nuclear franquista había optado por la tecnología francesa de grafito-gas con la clara intención de derivar los residuos hacia la vertiente militar. El industrial catalán que pactó la instalación con el general De Gaulle, Pere Duran Farell, logró para su empresa,Hidroeléctrica de Cataluña (Hidruña), que tenía una participación de un 23% en Hifrensa, enormes beneficios fiscales y créditos a muy bajo interés. Ahora el desmantelamiento del reactor se financia con las facturas eléctricas de los consumidores y a falta de un Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta radiactividad (proyectado en Villar de Cañas, Cuenca, y aún no adjudicado por el Consejo de Seguridad Nuclear) los residuos de Vandellós siguen almacenados en Francia y cuestan a ENRESA, la empresa estatal de residuos radiactivos, 60.000 euros al día. Un despilfarro increíble de dinero público.

Nucleócratas españoles
Los problemas ambientales y de seguridad del parque nuclear español están sometidos, como en la época franquista, al silencio de los grandes medios informativos. Las eléctricas tienen presencia en los consejos de administración de los periódicos más leídos, como La Vanguardia y El País, e invierten grandes sumas de dinero en publicidad. Lo mismo ocurre en las televisiones públicas y privadas donde el debate nuclear es inexistente. Las principales voces de los líderes antinucleares y ecologistas están censuradas y cuando se llega a publicar algún libro o ensayo crítico contra la energía nuclear no recibe ninguna divulgación significativa. El Fórum Atómico Español, asociación financiada por la patronal eléctrica, extiende sus tentáculos por toda el espacio mediático. A las organizaciones antinucleares no les queda otra alternativa que acudir a Internet. Gracias a ello se ha podido denunciar en la red la connivencia entre los grandes partidos políticos y la oligarquía eléctrica (el ex presidente Aznar ha sido contratado por Endesa y el ex presidente González trabaja al servicio de Gas Natural-Fenosa). En Cataluña la coordinadora de entidades agrupadas en la Plataforma Ciudadana para un Nuevo Modelo Energético, con el apoyo de 40.000 firmas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la connivencia entre los partidos políticos y las principales empresas energéticas del país. Algo parecido a lo que está ocurriendo en Japón después del accidente de Fukushima para lograr cambiar la opinión popular contra la puesta en marcha de las 48 centrales nucleares paralizadas. La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) nipona, como el Consejo de Seguridad Nuclear español, está bajo el control de las compañías eléctricas.

“La energía nuclear es la energía del futuro cuyo tiempo ya pasó”, oí decir irónicamente a Amory Lovins. Pero ni Three Mile Island, ni Chernóbil, ni Fukushima han servido para cambiar el rumbo y la inercia del “lobby” atómico mundial, estrechamente vinculado a los usos militares de la energía nuclear. La opinión pública es claramente contraria a que se siga produciendo electricidad mediante la fisión por los riegos que comporta- a pesar de los informes manipulados de la OMS del impacto sanitario de Chernóbil y Fukushima- y por su gestión centralizada, policial y autoritaria. Pero la paradoja es que las estructuras políticas de los Estados nucleares están corrompidas y son difíciles de derrumbar. Tal vez la creación de nuevos Estados, con Constituciones ecológicas basadas en una democracia participativa, puedan gestionar su política energética de forma más razonable y a favor de un modelo basado en las energías del sol. Los ecologistas españoles suelen reivindicar la fórmula de acudir a consultas populares como lo hacen Suiza y Suecia para cuestiones tan trascendentales como el modelo energético. Es lo que proponen también organizaciones ecologistas independentistas en Escocia y Cataluña, naciones donde se ha iniciado un proceso secesionista de base popular y democrática.

Las subvenciones a las energías fósiles a nivel mundial superan anualmente los 400.000 millones de euros mientras que las renovables sólo reciben 70.000 millones de euros. España es un país con fuerte radiación solar y sin embargo Alemania la supera en metros cuadrados de instalaciones solares térmicas en las viviendas. ¡En el 2010 las plantas eólicas y solares españolas redujeron la importación de combustibles fósiles en 45.000 millones de euros! El negocio energético español, de 120 a 130 mil millones de euros al año, empezaba a tambalearse. Y el Gobierno Rajoy sirvió en bandeja a las eléctricas un decreto que ha recortado las subvenciones a las energías del sol y creado fuertes impuestos para detener el autoconsumo. Miles de inversores han perdido sus ahorros y las energías eólica y solar han sufrido un grave retroceso. El gas natural ha sido el gran beneficiado. Tanto es así que la sobrecapacidad del sistema eléctrico y de gas facilita el negocio de la exportación a Japón, Corea del Sur y Argentina.

El debate nuclear en España se halla aparcado debido a los graves problemas económicos, sociales y de corrupción política al más alto nivel; por un alarmante incremento del paro, la pobreza energética y la solidaridad entre autonomías. De no producirse un accidente grave en alguna de las centrales nucleares en funcionamiento – que nadie desea- habrá que esperar la evolución que tenga un modelo energético europeo unificado que opte por las renovables y el cierre progresivo de las nucleares (aunque el nombramiento de Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura del Gobierno Rajoy, como Comisario de Energía y Cambio Climático no augura nada bueno ya que parece estar dispuesto a defender la energía nuclear con la falsa excusa de frenar el cambio climático).

España que, prescindiendo de coyunturas políticas partidistas, podía haber liderado la revolución solar sigue siendo un feudo del “lobby” nuclear. Como hemos visto el dictador Franco lo dejó atado y bien atado. Pero los antinucleares no perdemos la esperanza y seguiremos nuestro pacífico combate en defensa de una Europa desnuclearizada.

Santiago Vilanova
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(1) Santiago Vilanova, La bomba atómica de Franco. Los objetivos militares de la energía nuclear en España, Llibres de l´Índex, Barcelona, 2011; Fukushima, el declive nuclear (Icaria,Barcelona, 2012).

(2) Espagne: Le gouvernement souhaiterait disposer de la bombe atomique, Le Monde, 24-VIII-1979.

(3) El acuerdo entre la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) y Techsnabexport se gestó en 1974 entre el presidente de Enusa, Juan Basabe, y el presidente de la multinacional soviética, Yeugeni Zahkov, siendo corroborado por el presidente de la Junta de Energía Nuclear española, el teniente general Jesús Olivares Baqué. El contrato sería ratificado en 1979 por el Gobierno de Adolfo Suárez y superaba los 400 millones de dólares. En él se acordó que por cada 450 toneladas de uranio natural que ENUSA enviara a la URSS la sociedad Techsnabexport devolvería al Gobierno español 75 toneladas de uranio enriquecido. El contrato se desveló gracias a un artículo del director del departamento de países occidentales del Ministerio de Comercio Exterior de la URSS, Vladimir Simakov, recogido por la delegación de la agencia Efe en Moscú durante el verano de 1977.

(4) “Yo tomé la decisión de la moratoria nuclear hace veintitantos años por dos razones: la seguridad y el agobio y sobre responsabilidad que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos. Pero esas circunstancias han cambiado gracias a la seguridad, con la mejora tecnológica de las instalaciones, y los avances sustanciales en la gestión de los residuos por lo que debemos replantearla”. (El País, 21-X-2006. Declaración del ex presidente Felipe González en la Asamblea General del Club de Madrid del 20 de octubre de 2006).