Cuando Viviane Reding, comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, supo que la UE estaba cofinanciando una campaña húngara que promueve la natalidad, reaccionó con gran escándalo y pidió la devolución de los fondos, porque “va en contra de los valores europeos”. Insistió en el Parlamento Europeo en que “ningún dinero público debe ser desviado de su objetivo y puesto al servicio de una política de regresión social y democrática”. ¿Cuál era ese mensaje agresivo y violador de los valores democráticos de Europa? Los anuncios húngaros exhibidos el pasado mes de mayo muestran a un feto que le pide a su madre: “Comprendo que no estés aún preparada para recibirme, pero dame al servicio de adopción. ¡Déjame vivir!”.
En una Europa que se desangra demográficamente, donde la caída de la natalidad se ha convertido en el problema número uno para su supervivencia social y económica, el grito “¡Déjame vivir!” es considerado peligroso y subversivo.
Pero una rebelión está cobrando cuerpo en el seno de la Unión Europea. Hungría acaba de aprobar una Constitución que establece la protección de la vida humana desde la concepción, Polonia está a punto de eliminar las excepciones que permitían abortos provocados, mientras que Irlanda y Malta, los únicos miembros de la Unión Europea donde el aborto es completamente ilegal, han resistido bastante bien las amenazas de las instituciones internacionales.
Irlanda dejó de ser la única nota discordante cuando en 2004 Malta se adhirió a la Unión Europea, junto con otros nueve países. Su minúsculo tamaño (413.000 habitantes) le ahorró bastantes molestias de los organismos internacionales, a pesar de ser el único Estado confesional católico, donde el aborto y el divorcio están legalmente excluidos. 
Pero entre los nuevos incorporados a la UE había un conjunto de países que pugnaba por sacudirse la herencia comunista, en la que se incluía el aborto.
El pasado 18 de abril, uno de ellos, Hungría, desafió al concierto de organismos internacionales aprobando una nueva Constitución que reemplazaba la vetusta del comunismo. Entre sus muchos puntos polémicos, esta reafirmó la protección de la vida desde la concepción, el matrimonio heterosexual y el valor de la familia.
El escándalo provocado por esta Constitución “políticamente incorrecta” llegó al Parlamento Europeo, que el 5 de julio logró aprobar una resolución contra ella por 331 votos a favor contra 274. “La nueva Constitución –denuncia el texto–, debido a los valores que consagra y a la definición imprecisa de nociones básicas como familia y el derecho a la vida desde el momento de la concepción, podría dar lugar a discriminaciones contra determinados grupos de la sociedad, en especial las minorías étnicas, religiosas y sexuales, las familias monoparentales, las personas que viven en unión civil y las mujeres”.
En Polonia se acaba de abrir un segundo frente de rebelión contra la imposición del aborto como un derecho. Por primera vez, una iniciativa parlamentaria para acabar con la despenalización del aborto parece encaminada al éxito. La iniciativa fue lanzada por la Fundación PRO de Varsovia, con celeridad y sin publicidad, para evitar que los organismos internacionales pudieran organizarse y presionar a los diputados. En dos semanas, en lugar de los tres meses requeridos, recabó 600.000 firmas (500.000 más de las necesarias para introducir una iniciativa legislativa popular). El Sejm (Cámara baja) aprobó su trámite el 1 de julio por 254 votos contra 151, lo que supone su reenvío a una comisión parlamentaria que deberá preparar el texto legal que se someterá a una segunda votación antes de pasar al Senado.
Polonia es uno de los países en el punto de mira de Naciones Unidas porque desde 1993 puso freno al aborto libre de la época comunista. Volvió a ilegalizarlo, despenalizándolo, hasta la duodécima semana, en tres supuestos: verdadero riesgo para la vida de la madre, graves taras en el niño y embarazo por violación. Al mismo tiempo, se aplicaron medidas educativas y de apoyo a la mujer y a la familia, que fueron reduciendo drásticamente las tasas de aborto, desde los 82.000 que se registraron en 1989 a los cerca de 500 en 2008.
La rebelión contra la imposición de un derecho al aborto ha estallado en la Unión Europea. Aunque aún representa una porción minoritaria, la noticia es que la tendencia antinatalista puede ser invertida.
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