Los (verdaderos) agentes ejecutivos del poder punitivo según Zaffaroni

Insistimos en que no suele haber conspiraciones en los desajustes peligrosos del sistema penal. No se trata de máquinas armadas por algún genio maligno que las maneja con computadora desde un centro del Mal, sino de tendencias que se van dando y que nadie detiene en la medida en que resultan funcionales a los diferentes intereses sectoriales.

Es algo así como “mirá lo que está sucediendo; parece que nos conviene; dejémoslo andar”. En este sentido es muy funcional que los pobres se maten entre ellos, pues mientras se entretienen en matarse no pueden coaligarse, dialogar ni tomar conciencia de su situación. Se neutraliza así toda posibilidad de participación política coherente.

Se trata de la forma más sutil y al mismo tiempo brutal de control social de la exclusión. Por cierto, la criminología mediática no registra esos cadáveres, salvo cuando los hechos son singularmente brutales.

Conviene leer de “pe” a “pa” el capítulo 22 de La cuestión criminal. La síntesis aquí transcripta es apenas una ayuda-memoria para retener los tres ejes fundamentales de este fascículo: 1) la desarticulación del discurso jurídico (“los legisladores manejan el poder punitivo; los jueces aplican la ley penal; los policías hacen lo que los jueces les ordenan”); 2) la advertencia sobre la inexistencia de un modelo policial propio en Latinoamérica (y sobre un actual modelo “suicida”); y 3) la exclusión social como estrategia de control.

 A diferencia de lo que nos han hecho creer gracias a cierta colonización mental, el sistema penal no es un instrumento de la Justicia. En cambio, contiene jurídicamente la sustancia del poder punitivo.

 Las agencias del sistema penal son específicas o inespecíficas, según se ocupen sólo o predominantemente del ejercicio del poder punitivo, o bien incidan de una manera más amplia. Las agencias específicas son las policiales, las judiciales penales, las penitenciarias, las de reproducción ideológica (universidades, institutos de investigación especializados), las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema, las internacionales (especializadas en los niveles mundial o regional) y las transnacionales (que influyen específicamente sobre los gobiernos desde otros gobiernos).

 Las agencias inespecíficas son los poderes legislativos y ejecutivos, los partidos políticos y, sobre todo, los medios masivos de comunicación social (o aparato de publicidad del sistema penal).

 En contra de lo que suele pensarse, el poder punitivo de criminalización secundaria no tiene mucha importancia, porque recae sobre una cantidad muy reducida de personas (en la media mundial poco más de uno por mil) y compuesta por algunos psicópatas y muchos ladrones bobos. Lo políticamente importante del poder punitivo es la vigilancia que las agencias ejecutivas ejercen sobre todos los que andamos sueltos.

 Latinoamérica carece de un modelo propio de policía, democrático y adecuado a nuestras necesidades. Sobreviven prácticas del siglo XIX junto a segmentos tecnificados y algunas iniciativas ordenadoras, pero sin dejar el esquema  jerarquizado militarizado. Todo complicado con los innumerables tráficos globalizados y manifestaciones de criminalidad económica.

 El descuido de las policías indica un bajo nivel de inteligencia política de la dirigencia, que se conformó con emparchar su organización a medida que aparecieron inconvenientes insoslayables. Por lo general, los políticos no tienen una idea clara de la cuestión policial. Esto es grave, porque el descuido de esta institución imprescindible en la vida social moderna señala una falla de imprevisibles consecuencias políticas generales.

 El modelo vigente permite una violencia que por momentos alcanza límites de masacre: las ejecuciones sin proceso disfrazadas de enfrentamientos son una realidad policial, las detenciones sin otro objetivo que hacer estadística sólo reafirman la imagen negativa, el afán por mostrar eficacia lleva a la tortura y a la fabricación de hechos (desde la imputación a un inocente vulnerable hasta celadas montadas para ejecutar a varias personas). Todo depende del grado de deterioro institucional alcanzado.

 Este modelo no sólo lleva a una clarísima violación de derechos humanos de los más vulnerables de la sociedad. También lesiona los derechos humanos del propio personal policial, que sufre pésimas condiciones de trabajo.

 Para colmo de males, se ha profundizado la llamada “privatización de la seguridad”, con empresas que superan la capacidad de la policía estatal. Cuando los controles no son rígidos, estos servicios pueden derivar en actividades cercanas al pago de protección.

 El control de la exclusión social es otra funcionalidad preocupante en este modelo policial suicida. Producto potenciado por el irresponsable festival de mercado de fines del siglo XX, el excluido urbano se diferencia del explotado porque no forma parte del sistema. Es un ser humano descartable que se agolpa en las periferias urbanas y que es necesario controlar.

 Cuando observamos atentamente la composición del personal policial, vemos que el de menor nivel en particular es seleccionado de las capas sociales más humildes y entrenado en un proceso de miedos en parte bastante análogo al deterioro por criminalización. Nada tiene que ver que la persona sea correcta o no, pues el estereotipo la ensucia.

 Hay un Ellos de los policías como lo hay de los jóvenes y adolescentes de barrios marginales: cometa o no actos de corrupción, en todo caso pertenece a un Ellos sustancializado que provoca una prohibición de coalición.

 Criminalizados, victimizados y policizados son seleccionados de los mismos sectores sociales. Los escuadrones de la muerte, los justicieros barriales, las muertes por tóxicos o para eliminar competidores en su distribución, la ejecución policial sin proceso, la victimización de habitantes del propio barrio y de policías son funcionales a una táctica de control.

 Esta serie de muertes configura una masacre por goteo que, a diferencia de las que vimos y que ocupan a los internacionalistas, no producen todas las muertes juntas, pero sí día a día. No es necesario explicar más para darnos cuenta de la urgencia en definir nuevos modelos policiales, si es que realmente se quiere prevenir masacres de ambos tipos.

 Debe quedar claro que, al contrario de lo que afirma el discurso jurídico, son las agencias ejecutivas las que detentan el poder punitivo real y políticamente significativo. La Justicia Penal (aparato conformado por jueces de todas las instancias penales, fiscales y abogados defensores, personal administrativo) tienen un importante papel de control y contención sobre el ejercicio del poder punitivo negativo. No así sobre el de configuración.

 Prueba histórica de la importancia de esta función contenedora es que el control judicial se cancela totalmente ante cada masacre masiva. Es obvio que la agencia judicial no tenía ningún poder de contención en el Estado nazista, stalinista, turco, ruandés, etcétera. Más aún, en Camboya, lo primero que hizo Pol-Pot fue matar a todos los jueces.

 En cuanto a la prevención de masacres, distan de ser auspiciosas la criminología mediática asentada en el neopunitivismo antijudicialista norteamericano y la actitud de algunos políticos latinoamericanos que ceden a las presiones mediáticas.

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