Revista Jurídico

Pymes y propuestas de directivas en contratación pública

Por Carmenlorenzo
Los proyectos de nuevas Directivas en contratación Pública recogen las diferentes propuestas del Consejo de la U.E y en el Parlamento de entre las que destacamos las relativas al acceso de las PYMES a la Contratación Pública. Las Instituciones comunitarias reconocen el potencial para la creación de empleo que tiene el promover el acceso de las PYMES a la contratación Pública.
En anteriores directivas las principales medidas tractoras para permitir el acceso de las PYMES a la contratación se centraron en la posibilidad de contar con medios externos para cumplir los requisitos de solvencia  y la posibilidad del órgano de contratación, de imponer vía pliegos de cláusulas administrativas particulares, la obligación del adjudicatario de subcontratar un porcentaje de las prestaciones objeto del contrato.Las condiciones para imponer esa obligación son:
Que las partes objeto de subcontratación no superen el 50% del importe del presupuesto; que gocen de una sustantividad propia que haga a esas partes susceptibles de una ejecución propia; que tengan que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o que tengan que atribuirse a empresas con una clasificación adecuada para ejecutarlas.
Las propuestas de los proyectos de directivas apuestan ahora por introducir un límite a la acreditación de un volumen de negocios de los tres ejercicios económicos anteriores al contrato, como solvencia económica. Sólo en circunstancias debidamente justificadas relacionadas con riesgos especiales pueden aplicarse, aunque deben ser siempre proporcionales. Otra de las medidas destinadas a apoyar plenamente a las PYMES en los mercados de contratación pública consiste en fomentar la división de los objetos contractuales en lotes estableciendo la habilitación normativa para que el órgano de contratación pueda limitar a los licitadores el número de lotes en los que pueden ser adjudicatarios.
Estas medidas deben valorarse positivamente y deben acompañarse con una sensible reducción de la morosidad pública.

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