Es harto probable que si Richard Nixon viviera en la Mallorca actual su espionaje a los contrincantes políticos hubiera quedado inmune y que acabaría sus días de retiro plácidamente, instalado en una casa noble, quizá en la playa de Alcúdia, contemplando el azul del Mediterráneo y haciendo unos hoyos en su exclusivo club de golf. Es posible que Bob Woodward y Carl Bernstein, los sabuesos reporteros del ‘Washington Post’ que desmadejaron la lana del Watergate, nunca hubieran bebido de la fuente de Garganta Profunda y que sus ordenadores y teléfonos móviles ahora estarían a buen recaudo por orden de un juez.
En Mallorca, llaman de madrugada a tu puerta y no es el lechero precisamente, frente a lo que vaticinaba Churchill que debía pasar en una democracia. Lo ocurrido estos días con dos periodistas de sendos medios de comunicación baleares –Europa Press y ‘Diario de Mallorca’– es tan grave como peligroso para la libertad de expresión en nuestro país. Al artículo 20 de la Constitución, ya de por sí suficientemente válido para dar carta de naturaleza a las garantías que asisten al periodista a la hora de guardar el secreto profesional, se une el artículo 10 del código deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) en el que se señala que “es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas”.
La agencia de noticias, el periódico y los dos periodistas implicados, José Francisco Mestre y Blanca Pou, han presentado una fundamentada querella ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca por una actuación “disparatada e insólita”. El proceder judicial, respaldado por la Fiscalía General del Estado, parece buscar una vez más aquello de matar al mensajero con el objetivo de intentar identificar a la fuente que pudo realizar esas filtraciones en el caso de corrupción conocido como Cursach.En el Watergate, la fuente confidencial que quizá haya sido la más importante en la historia del periodismo, y a la que Woodward y Bernstein llamaron Garganta Profunda, les condujo a corroborar que el grupo de espías detenido por asaltar la sede de los demócratas había actuado bajo la dirección de dos asesores presidenciales y que sus acciones eran apoyadas por el propio Nixon. Valiéndose de ello, los dos reporteros fueron dando pasos para comprobar datos que desembocaron en el impeachment o petición de proceso contra un alto cargo público y la posterior dimisión de un presidente mentiroso, en agosto de 1974.
Pero la identidad de Garganta Profunda no se hizo pública hasta 2005, más de tres décadas después de todo aquello. Se trataba de un antiguo director adjunto del FBI, William Mark Felt, quien entonces ya contaba con 91 años de edad. Woodward deja caer en uno de sus libros que Felt pudo actuar por despecho, ya que ambicionaba dirigir la agencia federal de investigación.
No sé si aquí tardarán tanto en encontrar e identificar a la fuente de los periodistas mallorquines en el caso Cursach. Lo que desde luego resulta tan inaudito e impresentable como anacrónico es intervenir ordenadores y teléfonos móviles personales de profesionales de la información para localizarla. Si acabamos con las fuentes, mataremos el periodismo. Es como eliminar las moscas a cañonazos. Y lo que es peor: es un aviso a navegantes de lo que se nos puede venir encima a cuantos nos dedicamos todavía a este sufrido oficio.
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