Ayer miércoles, el diario Clarín se hizo eco (aquí) de los últimos cambios aplicados al algoritmo de Google, que la comunidad techie y profesionales del marketing online discuten hace año y medio. El artículo de Leo González Pérez se concentra en una nueva variable de clasificación que sancionará a los sitios acusados de violar el copyright, con el desplazamiento de las páginas presuntamente transgresoras al final de la lista de resultados.
El periodista cita parte del post que el vicepresidente de Ingeniería Amit Singhal publicó el viernes pasado en uno de los blogs de la empresa: a los “200 criterios” aplicados al motor de búsqueda se les sumó éste que “evalúa el número de pedidos de remoción de enlaces por violación de derechos de autor”. La novedad fue pensada para “ayudar a los usuarios a encontrar más fácilmente fuentes de contenido legítimas y de calidad”.
El alto ejecutivo sitúa el origen de esta acción casi tres años atrás, cuando empezó a aumentar la cantidad de denuncias de infracción a la propiedad intelectual. “De hecho, actualmente recibimos y procesamos más reclamos que en todo 2009: arriba de 4.3 millones de URLs en los últimos treinta días”, especifica Singhal antes de anunciar que “a partir de ahora integraremos estos datos a la composición de los rankings de resultados”.
A través de este vocero, Google sostiene que “sólo los dueños de los derechos de autor saben si la reproducción está autorizada, y sólo los tribunales de Justicia pueden determinar la violación del copyright”. Dadas estas limitaciones, la empresa se compromete a no eliminar ningún contenido (a menos que los damnificados interpongan una solicitud válida) y a seguir enviando una notificación a los presuntos infractores para que puedan presentar su descargo y eventualmente consigan revertir la sanción corporativa.
Dichas especificaciones -que no reproduce el artículo de Clarín- distan de ser originales. De hecho, se parecen mucho a las que WordPress incluye en el punto 8 de sus Condiciones del Servicio y amplía en este manual de procedimientos ante casos de presunta violación de copyright.
La implementación del nuevo parámetro algorítmico en defensa de los derechos de propiedad intelectual representa un paso más en relación con el anuncio hecho tres meses atrás en otro blog institucional de Google. En aquella ocasión, el ingeniero Matt Cutts distinguió entre las prácticas legítimas y tramposas que buscan optimizar la visibilidad de espacios online, y señaló la importancia de privilegiar el trabajo de los “webmasters honrados”.
En principio el discurso satisface a quienes protestamos contra conductas deshonestas como la producción del llamado “webspam” y la reproducción de textos ajenos sin mencionar las fuentes correspondiente. El problema son las implicancias y el alcance del accionar ciber-justiciero.
Frases como “no podemos revelar ninguna señal específica, ya que no queremos que los spammers puedan manipular(las)” ilustran la relación asimétrica que Google establece con los administradores de un sitio web o un blog. En otras palabras, la empresa conoce muy bien las fórmulas instrumentadas para ordenar (regular) el flujo de información en Internet, a diferencia de los meros productores y consumidores de contenido que debemos conformarnos con una lista de directrices básicas.
En 2008, la francesa Barbara Cassin escribió un libro entero sobre el andamiaje discursivo de la empresa fundada por Larry Page y Sergey Brin, y sobre una conducta corporativa no siempre consecuente con la proclama de transparencia técnica e intelectual. Cuatro años después, somos más los internautas que dudamos de la pretendida neutralidad del buscador. El recuerdo del algoritmo fidelizador y el reciente anuncio de la modificación a favor del copyright confirman la sensación de intervención poco objetiva.
Pasaron ocho meses desde entonces. Hoy, sugestionados por el anuncio de Singhal que replicó Clarín, algunos internautas tememos que el célebre buscador esté cambiando de vereda con plato hondo y cuchara en mano.
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